A raíz de la intervención del Gobierno que ha impulsado el cambio en los órganos de dirección de Bankia, y el anuncio de que el Gobierno planea inyectar dinero público en dicha entidad, desde AMAIUR hemos pedido la comparecencia urgente del Ministro Luis de Guindos y del Gobernador del Banco de España Miguel Fernández  Ordoñez ante la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados.

Con esta petición requerimos al Ministro que informe sobre la situación de cada entidad financiera implicada y/o afectada por la crisis, los ámbitos de responsabilidad –personales y/o corporativos- en cada una de las entidades, así como las necesidades de actuación que se contemplan por parte del Gobierno en estos momentos.

A través de algunos medios de comunicación se han anunciado ayudas económicas para hacer frente a la situación de Bankia, pero desde AMAIUR pensamos que, antes de decidir si se van a inyectar fondos públicos en dicha entidad, hay que tener una visión global de la situación de cada una de las cajas y entidades financieras afectadas por la crisis con el fin de saber cual es el montante total preciso para hacer frente al conjunto del sistema financiero del estado español. Es, precisamente, a partir de ese dato cuando hay que valorar si es más justo y rentable socialmente dedicar esas ingentes cantidades de dinero a la ayuda de quienes fomentando la especulación se sitúan en el origen de la crisis o, por el contrario, hay que dedicarlas a la regeneración de la economía productiva y el reforzamiento del estado de bienestar.

También hemos solicitado la comparecencia del Gobernador del Banco de España, como  supervisor del sistema bancario del estado español, ya que tiene como responsabilidad directa según su propio estatuto jurídico, promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero, supervisar la solvencia y el cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito, otras entidades y mercados financieros cuya supervisión se le ha atribuido, y asesorar al Gobierno.

En dicha solicitud de comparecencia le requerimos para que informe  sobre la situación de cada entidad financiera implicada y/ o  afectada por la crisis, los ámbitos de responsabilidad personales o corporativos, así como de las medidas que han sido adoptadas hasta la fecha por el Banco de España para evitar llegar a la actual situación o para remediar las consecuencias de las decisiones no tomadas en su momento.

Dado el trámite de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el presente año 2012, en que nos encontramos, es urgente contar con dicha información pues todo apunta a que no hay consignación presupuestaria suficiente para afrontar dichos gastos a no ser que se piense derivar fondos a este fin desde el “recorte sobrevenido” de partidas de gasto social.

Estos nuevos datos nos reafirman tanto en los argumentos que aportamos respaldando nuestra enmienda a la totalidad de los presupuestos, como en la necesidad de exigir responsabilidades políticas, administrativas y penales a los responsables  por acción u omisión de los desastres financieros ocurridos en Cajas de Ahorro y entidades financieras –como son el caso de Bankia o de la desaparición de la CAN en el caso de Nafarroa-, o de estar más convencidos que nunca que sólo ejerciendo el derecho a decidir nuestro propio futuro y contando con los instrumentos de soberanía propios de un estado podremos garantizar la existencia de entidades financieras de carácter y control social que estén al servicio de la ciudadanía de Euskal Herria, de la economía productiva, de la economía social, del bienestar social, de la defensa del medio ambiente; unas entidades que respondan,  en definitiva, a la necesidad de transformar el actual modelo socioeconómico.

Una vez más constatamos la necesidad de que Euskal Herria ejerza su plena soberanía, tenga en sus manos todos los instrumentos de autogobierno necesarios para dar respuesta eficaz  en clave social a los problemas y necesidades  de la ciudadanía vasca, y, también,  para impulsar un nuevo modelo socioeconómico que nos permita construir una sociedad justa, basada en la sostenibilidad de la vida a través de la igualdad de derechos sociales y, en general, de todos los derechos de mujeres y hombres, en el reparto del trabajo, del poder y la riqueza en armonía con la madre tierra, impulsando un desarrollo equilibrado.

Es un buen recurso, muy fundamentado jurídicamente, que esperamos que prospere y se restablezca el derecho constitucional a la participación política, no solo de los electos de AMAIUR, sino también del resto de los diputados de las otras formaciones políticas que a día de hoy forman parte del Grupo Mixto.

La nueva etapa política que se ha abierto se tiene que caracterizar por el respeto y la no exclusión, así como por la colaboración de todas las fuerzas políticas para alcanzar un nuevo consenso político que de respuesta al conflicto político que con unas formulaciones u otras está presente en nuestro País desde hace varios siglos.

A continuación recogemos el texto integro del recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional:

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

JAVIER CUEVAS RIVAS, Procurador de los Tribunales y de XABIER MIKEL ERREKONDO SALTSAMENDI, RAFAEL LARREINA VALDERRAMA, MAITE ARISTEGI LARRAÑAGA, IÑAKI ANTIGÜEDAD AUZMENDI, JON IÑARRITU GARCÍA e IKER URBINA FERNÁNDEZ, cuya representación acredito mediante copias de escritura de poder que acompaño para su unión a los Autos, ante ese Alto Tribunal comparezco y, como mejor proceda en derecho, DIGO:

Que en la representación que ostento, mediante el presente escrito y al amparo de lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 3 de octubre de 1979, formulo en tiempo y legal forma RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL contra los Acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados de 15 de diciembre de 2011, por el que se deniega la constitución del “Grupo Parlamentario AMAIUR” interesada por mis representados, y 19 de diciembre de 2011 que desestimó la solicitud de reconsideración del anterior, confirmándolo.

El presente Recurso se interpone por considerar que los Acuerdos que se impugnan infringen el artículo 23.2 C.E. vulnerando el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Expongo a continuación los hechos o antecedentes de este recurso, los fundamentos jurídicos en que se basa esta demanda y la pretensión que formula esta parte. Asimismo detallo el cumplimiento de los presupuestos procesales exigidos para la admisión del mismo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Elecciones Generales de 20 de noviembre de 2011 y resultados de la coalición electoral AMAIUR.

El 20 de noviembre de 2011 se celebraron las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas mediante Real Decreto 1329/2011, de 26 de septiembre (B.O.E. nº 232, de 27.9.2011).

A dichas elecciones concurrió la coalición electoral “AMAIUR” formada por los partidos políticos Aralar, Eusko Alkartasuna y Alternatiba Eraikitzen, presentando candidaturas al Congreso de los Diputados en las circunscripciones de Álava/Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, y obteniendo los siguientes resultados:

Circunscripción	Votos válidos emitidos	Voto candidatura AMAIUR	% sobre el voto válido emitido	Nº escaños obtenidos por AMAIUR
Álava/Araba	169.425	32.439	19,45	1
Bizkaia	639.880	122.796	19,19	2
Gipuzkoa	373.967	130.055	39,28	3
Navarra	331.085	49.208	14,86	1
Total	1.514.357	334.498	23,19	7

Obtuvieron Acta de Diputados electos los siguientes candidatos:

• En Álava/Araba: Iker Urbina Fernández.

• En Bizkaia: Iñaki Antigüedad Auzmendi y Jon Iñarritu García.

  En Gipuzkoa: Maite Aristegi Auzmendi, Rafael Larreina Valderrama y Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi.

• En Navarra: José Ramón Sabino Cuadra Lasarte.

Se adjunta como documento nº 1 copia del Acuerdo de 7 de diciembre de 2011, de la Junta Electoral Central, por el que se publica el resumen de los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, celebradas el 20 de noviembre de 2011, publicado en el Boletín Oficial del Estado, nº 297, de 10 de diciembre de 2011, del cual se han extraído los datos para la confección de la tabla reseñada.

SEGUNDO.- Solicitud de constitución de Grupo Parlamentario.

En la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados de 13 de diciembre de 2011, todos los Diputados electos de la coalición electoral AMAIUR, a excepción del Sr. Cuadra Lasarte, elegido por la circunscripción de Navarra, tomaron posesión de su cargo y perfeccionaron su condición.

Mediante escrito dirigido a la Mesa del Congreso y presentado en el Registro General el día 15 de diciembre de 2011 (nº de registro 1.142) los recurrentes, al amparo del artículo 23 del Reglamento de la Cámara, manifestaron su voluntad de constituir grupo parlamentario propio con la denominación de “Grupo Parlamentario AMAIUR”.

Se adjunta como documento nº 2 copia del escrito de constitución del “Grupo Parlamentario AMAIUR”.

TERCERO.- Acuerdo de 15 de diciembre de 2011 denegando la constitución del Grupo Parlamentario.

En relación a la solicitud de constitución del “Grupo Parlamentario AMAIUR”, con fecha 15 de diciembre de 2011 la Mesa del Congreso de los Diputados adoptó, con la abstención de cuatro de sus miembros, el siguiente Acuerdo: “DENEGAR la constitución del Grupo Parlamentario que se solicita”.

El Acuerdo contenía, entre otros, los siguientes considerandos:

“CONSIDERANDO que la formación política Amaiur ha presentado candidaturas en cuatro circunscripciones, no habiendo alcanzado el quince por ciento de los votos emitidos en la circunscripción de Navarra.

CONSIDERANDO que el número de votos necesarios para alcanzar el quince por ciento debe referirse a las formaciones políticas que han presentado candidaturas y no a los candidatos individualmente considerados y que, a su vez, el citado porcentaje ha de obtenerse en cada una de las circunscripciones en que la formación política haya presentado candidatos” (el subrayado es nuestro).

En el expediente de la mencionada sesión figura un documento denominado “COMPOSICIÓN DE GRUPOS PARLAMENTARIOS” en el que se relacionan los diversos escritos presentados por los parlamentarios como expresión de “Manifestación de su voluntad de constitución del Grupo Parlamentario…”, conteniendo referencias al “Autor”, una “Nota” analizando el contenido del escrito y su posible calificación jurídica y una “Propuesta” en la que se manifiesta –en todos los casos menos en uno- la expresión “Aceptar la declaración de voluntad y, de acuerdo con lo previsto en los artículos 23 y 24 del Reglamento, tener por constituido el Grupo de referencia, comunicándole el presente acuerdo”.

Sólo en el caso de la manifestación de voluntad de mis representados para constituir el “Grupo Parlamentario AMAIUR” no aparece –ni indicado- el apartado “Propuesta”. Sí se menciona el “Autor”, y en el apartado “Nota” se reproduce el contenido de un texto, carente de fecha y firma, titulado “AMAIUR”.

Según consta en el Acta de la reunión de 15 de diciembre de 2011, el Secretario General informó de que en relación al escrito de los recurrentes “se ha incluido una nota más amplia en el orden del día por las especiales circunstancias que concurren en este caso, cuya exposición procede seguidamente”

En la indicada Nota, y bajo la rúbrica “AMAIUR”, se hacían diversas consideraciones jurídicas, finalizando con el siguiente párrafo a modo de conclusión:

“En concreto, respecto de la verificación del requisito que ahora se plantea, a la luz del artículo 23 del Reglamento de la Cámara y de la Jurisprudencia constitucional, conforme a las razones anteriormente expuestas, el número de votos necesarios para alcanzar el 15% debe referirse a la formaciones políticas que han presentado candidatos y no a los candidatos individualmente considerados y, a su vez, puede entenderse referido a cada una de las circunscripciones en que han presentado candidaturas” (el subrayado es nuestro).

Tras las intervenciones de diferentes miembros del órgano de la Cámara, el Secretario General realiza unas manifestaciones en relación a la Nota presentada, tras lo cual señala lo siguiente:

“Sin perjuicio de que su extensión pueda considerarse insuficiente, recoge los principales problemas jurídicos que el escrito plantea. Asimismo, en la nota se diferencia lo que son datos objetivos, de la normativa aplicable y la jurisprudencia recaída en la materia, de ahí que los términos sean tajantes cuando pueden serlo y se planteen como posibilidades interpretativas cuando a juicio de la Secretaría General así procede, teniendo en cuenta que, como a su vez se señala, los precedentes no son homogéneos y la Mesa no ha seguido una interpretación uniforme, precisamente por el margen interpretativo que en este ámbito le corresponde” (el subrayado es nuestro).

El Acuerdo de la Mesa del Congreso fue notificado al parlamentario recurrente Iker Urbina el mismo día 15 de diciembre de 2011.

En acreditación de estos hechos, se adjuntan los siguientes documentos:

- documento nº 3 copia del Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 15 de diciembre de 2011, por el que se resolvió la denegación de la constitución del Grupo Parlamentario.

- documento nº 4 copia del escrito titulado “Composición de los Grupos Parlamentarios”.

- documento nº 5 copia del documento titulado “AMAIUR”.

- documento nº 6, copia del Acta de la reunión celebrada por la Mesa del Congreso de los Diputados el día 15 de diciembre de 2011.

CUARTO.- Solicitud de reconsideración.

Mediante escrito de fecha 16 de diciembre de 2011 (nº de registro 1.194), el recurrente Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, en su nombre y en el de los demás Diputados recurrentes, formuló ante la Mesa del Congreso de los Diputados, una solicitud de reconsideración del Acuerdo de 15 de diciembre de 2011, de denegación de constitución del “Grupo Parlamentario AMAIUR”, invocando como vulnerados los artículos 14 y 23.1 y 2 C.E.

En síntesis se planteaban por mis representados las siguientes alegaciones:

Se afirmaba el carácter reglado de la potestad de la Mesa del Congreso de los Diputados en orden a la formación de los grupos parlamentarios, imputando a la Mesa de la Cámara una interpretación discrecional del artículo 23.1 R.C.D., que comportaba una variación en el criterio utilizado en los precedentes parlamentarios, resaltando en lo que se refiere al requisito del 15% de los votos y a cómo debe llevarse a cabo su cómputo, que frente a la afirmación de la nota del Secretario General de que “puede entenderse referido a cada una de las circunscripciones en que han presentado candidaturas”, el Acuerdo de la Mesa afirma que “ha de obtenerse en cada una de las circunscripciones”.

Por ello se decía que lo que para el autor de la Nota jurídica era una posibilidad, para la mayoría de la Mesa se había convertido en una exigencia legal, lo que suponía además una interpretación restrictiva cuando la jurisprudencia constitucional ha establecido que la interpretación de los derechos fundamentales tiene que hacerse siempre en sentido favorable a su ejercicio. En el caso presente, ello debió conllevar la constitución del grupo parlamentario.

Asimismo, se alegaba que los titulares del derecho reconocido en el artículo 23.1 R.C.D. son los diputados, siendo ellos los que han de manifestar su voluntad de constituir un grupo parlamentario.

Igualmente que la coalición electoral Amaiur obtuvo más del 15% de los votos correspondientes a las circunscripciones en las que presentó candidatura, ya que obtuvo el 22% de los votos válidos en el conjunto de las provincias de Álava/Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.

Posteriormente, se citaban precedentes acaecidos al inicio de las Legislaturas IV, V, VI, VII y VIII, con especial referencia a esta última y al Acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso el 14 de abril de 2004 para desestimar una reconsideración solicitada por el Grupo Parlamentario Popular contra el Acuerdo del órgano de la Cámara, por el que se tenía por constituido el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Catalunya (E.R.C.), lo que posteriormente dio lugar al Auto del Tribunal Constitucional nº 262/2007, de 25 de mayo.

Finalmente, se hacía cita de la STC nº 64/2002, de 11 de marzo, en relación a los contenidos referidos a la existencia de precedentes parlamentarios, concluyendo que la privación a los Diputados electos de la coalición electoral Amaiur de su derecho a constituir grupo parlamentario propio se basaba en una interpretación totalmente arbitraria del artículo 23.1 R.C.D., que trataba de marginar a quien representaba el 22% del electorado de cuatro provincias y a un total de 334.498 ciudadanos y ciudadanas.

Se adjunta como documento nº 7 copia del escrito de reconsideración presentado.

QUINTO.- Acuerdo de 19 de diciembre de 2011 desestimando la solicitud de reconsideración.

La Mesa del Congreso de los Diputados en sesión celebrada el día 19 de diciembre de 2011 acordó, con la abstención de cuatro de sus miembros, “Desestimar la solicitud de reconsideración solicitada”, con base en la motivación que a continuación se transcribe:

“(…)Considerando que, en su reunión de 12 de abril de 2000, la Mesa del Congreso de los Diputados acordó denegar la constitución de un grupo parlamentario, teniendo en cuenta, entre otras circunstancias que, conforme a la expresión literal del artículo 23 del Reglamento, las formaciones políticas a las que pertenecen los Diputados que pretenden formar grupo parlamentario deben cumplir la condición de haber obtenido el quince por ciento de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura.

Considerando que dicha interpretación fue avalada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 64/2002, de 11 de marzo, que concluye que, ciertamente, el porcentaje del quince por ciento de los votos que establece el segundo inciso del artículo 23.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados debe entenderse referido a las candidaturas presentadas por las formaciones políticas en las circunscripciones en las que hubieran concurrido a la contienda electoral.

Considerando que, en este sentido, la misma Sentencia reconoce que, si bien corresponde a los Diputados la facultad de constituir Grupo Parlamentario, precisa también que dicha titularidad no es “en modo alguno óbice para que [los] requisitos [reglamentarios] puedan venir referidos en la norma reglamentaria, no al Diputado sino a la formación, coalición o agrupación electoral que presente la candidatura en la que aquél figura o a esta misma” (F.J. 5). De acuerdo con la citada Sentencia, la exigencia del porcentaje de votos o respaldo electoral que establece el segundo inciso del artículo 23.1 del Reglamento, en una interpretación del mencionado precepto reglamentario coherente con la configuración constitucional de nuestro sistema electoral, únicamente puede ser entendida como referida a las candidaturas presentadas por las formaciones políticas, y no a las personas concretas que integran dichas candidaturas.

Efectivamente, son los Diputados que pretenden constituir el grupo los que han de servir de referente para determinar las formaciones políticas que han de cumplir los requisitos que el artículo 23 del Reglamento establece, pero son las formaciones las que presentan las candidaturas.

(…)

Considerando pues que los requisitos son predicables de la formación y que el artículo 23 refiere el quince por ciento de los votos a todas las circunscripciones en que aquella hubieran presentado candidatura, no cabe excluir los resultados obtenidos por esa formación en una determinada circunscripción ya sea por ausencia de la firma del Diputado elegido en dicha circunscripción, ya sea porque dicho Diputado no ha perfeccionado aún su condición.

Considerando que en su labor interpretativa, inherente al ejercicio de su facultad de calificación, la Mesa no ha mantenido un criterio uniforme en las distintas Legislaturas y, a su vez, tampoco tales interpretaciones se han adoptado por unanimidad de los miembros de las respectivas Mesas, lo que no es sino prueba de que son diversas las interpretaciones posibles.

Considerando que, en todo caso, es la Mesa de la Cámara la que ha realizado siempre tal verificación y que solo cuando ha entendido que se cumplían los requisitos reglamentarios procedía su constitución y no así en caso contrario, de manera que, en este caso, sólo si la Mesa interpreta que concurren los requisitos del articulo 23 procederá la constitución del Grupo Parlamentario que se pretende.

Considerando que, tanto de la literalidad del articulo 23.1 del Reglamento, como de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, recogida en su Sentencia 64/2002, validando la interpretación que la Mesa había realizado de dicho precepto en el sentido indicado, se deduce que el número de votos necesarios para alcanzar el 15 por ciento debe referirse a las formaciones políticas que han presentado candidaturas y no a los candidatos individualmente considerados.

Considerando por tanto que, además de haber obtenido un mínimo de cinco por ciento, las formaciones políticas a las que pertenecen los Diputados que pretender formar Grupo Parlamentario deben cumplir la condición de haber obtenido el quince por ciento de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubiesen presentado candidatura.

Considerando que la formación política AMAIUR ha presentado candidaturas en cuatro circunscripciones, no habiendo alcanzado el quince por ciento de los votos emitidos en la circunscripción de Navarra.

Considerando que el mínimo de votos necesarios para alcanzar el quince por ciento debe referirse a las formaciones políticas que han presentado candidaturas y no a los candidatos individualmente considerados y que, a su vez, el citado porcentaje ha de obtenerse en cada una de las circunscripciones en que la formación política haya presentado candidatos.(…)” (el subrayado es nuestro).

El Acuerdo de la Mesa del Congreso fue notificado al diputado recurrente Iker Urbina Fernández el mismo día 19 de diciembre de 2011.

Se adjunta como documento nº 8 copia de la notificación del Acuerdo de la Mesa del Congreso por el que se resolvió desestimar la reconsideración del Acuerdo de 15 de diciembre de 2011, y como documento nº 9 copia del Acta de la sesión de la Mesa de 19 de diciembre de 2011.

Se adjunta como documento nº 42 dossier de prensa sobre los problemas generados por la incorporación de mis representados al Grupo Parlamentario Mixto del Congreso de los Diputados.

SEXTO.- Precedentes parlamentarios en las Legislaturas IV, V, VI, VII y VIII.

A los efectos de una correcta comprensión de los hechos y fundamentos jurídicos de este recurso, se hace preciso recoger los distintos Acuerdos adoptados por la Mesa del Congreso de los Diputados a partir de la IV Legislatura en relación a la constitución de los Grupos Parlamentarios de la Cámara y, concretamente, los pronunciamientos referidos al requisito del artículo 23.1 R.C.D. que exige obtener “el quince por ciento de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura”.

Como veremos, en todos ellos la Mesa del Congreso de los Diputados se ha pronunciado en el sentido de que dicho porcentaje debe calcularse sobre el total de los sufragios obtenidos en el conjunto de los distritos electorales en los que la respectiva fuerza política presentó candidaturas –o, incluso, simplemente haya alcanzado representación-, y no sobre cada uno de ellos. Estos precedentes han devenido así, en un uso o práctica parlamentaria dentro del ámbito de la organización y funcionamiento de la Cámara.

• IV LEGISLATURA: Elecciones Generales de 1989.

El Partido Nacionalista Vasco (P.N.V.) se había presentado en cuatro circunscripciones electorales (Álava/Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra) obteniendo en la circunscripción de Navarra el 0,92% y en el conjunto de las cuatro circunscripciones el 15,46%.

En la sesión de la Mesa de la Cámara celebrada el 28 de noviembre de 1989, en el epígrafe “Nota”, la Secretaría General afirma:

“El Partido Nacionalista Vasco obtuvo en el conjunto de las circunscripciones en las que presentó su candidatura (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) un porcentaje del 27,7% de los votos válidos y del 22,4% de los votos emitidos. En Navarra, esta formación política se presentó como Nacionalistas de Navarra (PNV), obteniendo un porcentaje del 0,9% de los votos y ningún escaño. No obstante y aun considerando también como votos imputables al PNV, éste habría obtenido en las cuatro circunscripciones (Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra) un porcentaje del 18,39% de los votos válidos y del 18,12 de los votos emitidos.

En ambos casos, la formación política de los cinco Diputados que solicitan la constitución de un Grupo Parlamentario ha obtenido más del 15% de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubiesen presentado candidatura, por lo que cumple con los requisitos que establece el artículo 23 del Reglamento del Congreso para la constitución de un Grupo Parlamentario”.

La Mesa de la Cámara aceptó la propuesta y acordó tener por constituido el Grupo Parlamentario Vasco (P.N.V.), pese a que en una de las circunscripciones (Navarra) no había alcanzado el respaldo electoral del 15% exigido por el artículo 23.1 R.C.D.

Se adjunta como documento nº 10 copia del “Orden del día de la reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados de 28 de noviembre de 1989” y como documentos nº 11, 12, 13 y 14 copia de consulta sobre los resultados electorales de las elecciones generales celebradas en junio de 1.989, en las circunscripciones de Álava/Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra. Dicha consulta se ha formulado en la dirección de Internet http://www.infoelectoral.mir.es/min/.

• V LEGISLATURA: Elecciones Generales de 1993.

En estas elecciones es preciso reseñar lo acaecido respecto de la constitución de dos Grupos Parlamentarios:

a) El Partido Nacionalista Vasco (P.N.V.), que nuevamente se había presentado en las mismas cuatro circunscripciones, había obtenido en la circunscripción de Navarra el 1,14% de los votos y en el conjunto de todas ellas 16,00%.

En sesión celebrada por la Mesa del Congreso de los Diputados el 6 de julio de 1.993 se acordó tener por constituido el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), sin que en el informe presentado por Secretaría General se haga referencia al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 23 del Reglamento por los Diputados del PNV. Se dio por reproducida y se mantuvo la interpretación realizada por la Mesa de la Cámara en su sesión de 28 de noviembre de 1.989.

b) En relación a la manifestación de voluntad expresada por los Diputados elegidos en las listas de la formación política Coalición Canaria y del Partido Aragonés Regionalista, para constituir el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, es interesante reseñar que en el Acta de la reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados de 6 de julio de 1993 (pág. 11), se recoge lo siguiente:

“(…) tras exponer el Sr. Secretario General que la suma de los votos de ambas formaciones políticas en el conjunto de las circunscripciones en las que se han presentado candidatura excede del 15% de los votos válidos emitidos en las mismas, y tal exceso se produce incluso si se considera por separado cada una de tales formaciones en el conjunto de las circunscripciones en las que se han presentado, la Mesa acuerda tener por constituido el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.

En esta sesión se hacía, por tanto, la misma interpretación: el 15% de los votos se computan en el conjunto de las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura, y no en cada una de ellas.

Se adjunta como documento nº 15 copia de la Relación Especial de escritos presentados ante el Registro preparada por la Secretaría General de la Cámara para la Mesa del Congreso de los Diputados de fecha 6 de julio de 1.993, y como documentos nº 16, 17, 18 y 19 copia de consulta sobre los resultados electorales de las elecciones generales celebradas en junio de 1.993, en las circunscripciones de Álava/Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra. Dicha consulta se ha formulado en la dirección de Internet http://www.infoelectoral.mir.es/min/.

• VI LEGISLATURA: Elecciones Generales de 1996.

Nuevamente, el Partido Nacionalista Vasco presentó candidaturas en Álava/Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, obteniendo en la circunscripción de Navarra el 0,97%, y en el conjunto de todas ellas el 17,52%.

En sesión celebrada por la Mesa del Congreso de los Diputados el 9 de abril de 1.996 se acordó tener por constituido el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), sin que en el informe presentado por Secretaría General se haga referencia al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 23 del Reglamento por los Diputados del PNV. Se dio por reproducida y se mantuvo la interpretación realizada por la Mesa en su sesión de 28 de noviembre de 1.989.

Se adjunta como documento nº 20 copia del Orden del Día de la reunión de Mesa del Congreso de los Diputados de fecha 9 de abril de 1.996 y como documentos nº 21, 22, 23 y 24 copia de consulta sobre los resultados electorales de las elecciones generales celebradas en marzo de 1.996, en las circunscripciones de Álava/Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra. Dicha consulta se ha formulado en la dirección de Internet http://www.infoelectoral.mir.es/min/.

• VII LEGISLATURA: Elecciones Generales de 2000.

Una vez más, el Partido Nacionalista Vasco presentó candidaturas en Álava/Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra obteniendo el 2,16% en esta última circunscripción y el 21,21% en el conjunto de todas ellas.

En reunión celebrada por la Mesa el 12 de abril de 2000 se acordó tener por constituido el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), indicándose en la “Nota” del informe presentado por Secretaría General que el escrito de solicitud “incorpora las firmas de 6 Diputados, todos ellos pertenecientes a la formación política PNV” (apartado 3) y que “son de aplicación los artículos 23 y 24 del Reglamento de la Cámara” (Apartado 4).

Se mantuvo, pues, la interpretación realizada por la Mesa en su sesión de 28 de noviembre de 1.989.

Se adjunta como documento nº 25 copia del Orden del Día de la reunión de Mesa del Congreso de los Diputados de fecha 12 de abril de 2.000, y como documentos nº 26, 27, 28 y 29 copia de consulta sobre los resultados electorales de las elecciones generales celebradas en marzo de 2.000, en las circunscripciones de Álava/Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra. Dicha consulta se ha formulado en la dirección de Internet http://www.infoelectoral.mir.es/min/.

A modo de resumen, se puede afirmar que en las Legislaturas IV, V, VI y VII los Diputados electos en las listas del Partido Nacionalista Vasco constituyeron Grupo Parlamentario propio, pese a que en una de las circunscripciones donde presentaron candidatura no alcanzaron el 15% de los votos –y ello no por unas décimas, sino por una gran diferencia-, ya que la interpretación de la Mesa de la Cámara fue siempre la de considerar que el cómputo del respaldo electoral exigido por el artículo 23.1 R.C.D. debe efectuarse respecto del conjunto de los votos obtenidos en las circunscripciones donde se presentaron candidaturas, y no en cada una de ellas por separado.

• VIII LEGISLATURA: Elecciones Generales de 2004.

En esta legislatura se plantea la constitución del “Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (E.R.C.)”.

En las Elecciones Generales de 14 de marzo de 2004 Esquerra Republicana de Catalunya (E.R.C.) había presentado candidaturas en la Comunidad Autónoma de Catalunya y en la Comunidad Autónoma Valenciana, habiendo obtenido cuatro diputados y un 14,09% en Barcelona, un diputado y 19,83% en Tarragona, dos diputados y 23,34% en Girona, un diputado y 21,48% en Lleida; por el contrario, no obtuvo escaño alguno en las provincias de Castelló, Valéncia y Alacant, en las que el respaldo electoral conseguido fue de 0,71% en Castelló, 0,57% en Valéncia y 0,31% en Alacant.

Al resolver sobre la solicitud de constitución de Grupo Parlamentario, la Mesa del Congreso de los Diputados llevó a cabo una interpretación de los requisitos del artículo 23.1 del Reglamento de la Cámara más favorable y flexible que la efectuada en las legislaturas anteriores.

En el informe emitido por la Secretaría General de la Cámara para la reunión celebrada de la Mesa del Congreso de los Diputados de 13 de abril de 2004, en la “Nota” correspondiente a la manifestación de voluntad para constituir el “Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (E.R.C.)”, tras reproducir el contenido del artículo 23 del Reglamento parlamentaria, se indicaba.

“En el conjunto de las cuatro circunscripciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, Esquerra Republicana de Catalunya ha obtenido el 15,89% del total de los votos emitidos en las mismas. Esquerra Republicana de Catalunya se ha presentado con la denominación de Ezquerra Republicana del Pais Valenciá (ERPV) en las circunscripciones de Alicante/Alacant, Castellón/Castelló y Valencia/Valéncia, habiendo obtenido en el conjunto de estas tres circunscripciones el 0,49% de los votos emitidos en las mismas.”

En el Acta de la reunión de la Mesa de la Cámara de 13 de abril de 2004 se recoge lo siguiente:

“(…) El Sr. Barrero señala que, efectivamente, se trata de una cuestión de calado en la que la Mesa va a definir su posición, no sólo jurídica sino también política, y respecto a la cual habrá de ejercer su función de procurar consensos que a la misma corresponde. Advierte el Sr. Barrero que la Mesa no constituye un tribunal, sino un órgano político, que no puede actuar con arbitrariedad pero sí realizar una interpretación flexible que se adapte al papel que el Parlamento deba desempeñar. Así, sigue el Sr. Barrero, no procede realizar una interpretación excesivamente literal cuando ello conlleva la privación de derechos, debiendo procurarse una interpretación restrictiva de las normas limitativas de los mismos. Todo partido político con representación parlamentaria, continúa el Sr. Barrero, tiene la vocación de convertirse en grupo y es ésa la aspiración que ha de ser tenida en cuenta. Por otro lado, prosigue el Sr. Barrero, la Mesa debe velar por garantizar el máximo pluralismo político posible, procediendo a tal fin realizar una interpretación amplia del Reglamento, tal cual permite la STC 63/2002 y se hizo en el pasado en el supuesto de la constitución del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria con Diputados de UPN. En el caso de Esquerra Republicana, señala el Sr. Barrero, se presenta con distintas siglas en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, entendiendo, por otra parte, que la no obtención del 15% de los votos en la circunscripción de Barcelona vendría solventada por el cómputo general de las cuatro provincias catalanas. Plantea el Sr. Barrero que podría interpretarse como discriminatorio denegar la constitución de grupo a Esquerra Republicana y si permitirla, sin embargo, al Partido Nacionalista Vasco, con un número inferior de Diputados.

(…)El Sr. Cisneros señala que no consta en el Registro de Partidos Políticos una inscripción de ERPV, como formación diferenciada, sino que, por el contrario, sí consta que ERC podrá adoptar la denominación de ERPV en la Comunidad Valenciana, habiendo ambas formaciones actuado con un único representante ante la Junta Electoral Central. Subraya el Sr. Cisneros que el Reglamento alude al conjunto de las circunscripciones en que se haya presentado candidatura (…)”

Subrayamos las alegaciones del entonces Diputado del Partido Popular, Sr. Cisneros, sobre la interpretación del artículo 23.1 R.C.D., en el sentido de que debe computarse el 15% en atención al “conjunto” de las circunscripciones, y no “en cada una de ellas”.

Se adjunta como documento nº 30 el Orden del día de la reunión de la Mesa del Congreso de 13 de abril de 2004 y como documento nº 31 extracto del Acta de la citada sesión.

Con fecha 14 de abril tuvo entrada en el Registro General del Congreso de los Diputados el escrito de solicitud de reconsideración presentado por el entonces portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Eduardo Zaplana Hernández-Soro. Su contenido pone de manifiesto que en el año 2004, el Grupo Parlamentario Popular mantenía una interpretación del artículo 23.1 R.C.D. conforme con los pronunciamientos habidos en anteriores legislaturas, recogiendo, entre otros, los siguientes particulares:

“(…) XI.-Limitando nuestra argumentación al caso concreto del pretendido Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, se advierte que esta formación política ha logrado en el conjunto de las circunscripciones de Cataluña ocho escaños y un 15,89% del total de los votos emitidos en dichas circunscripciones. Ciertamente, en la circunscripción de Barcelona, Esquerra Republicana queda levemente por debajo de la barrera reglamentaria del 15%, con un 14,61%. Ahora bien, la dicción del precepto reglamentario se refiere inequívocamente al resultado global en el conjunto de las circunscripciones afectadas; interpretación reforzada porque en otro caso excepcional –ámbito nacional-, nadie cuestiona que la barrera del 5% se refiere a toda España, y no a cada una de sus circunscripciones.

(…)XVI.-En consecuencia, la determinación del porcentaje obtenido por ERC no puede circunscribirse al cómputo de las cuatro circunscripciones catalanas, sino que debe de abarcar en el mismo los resultados obtenidos por dicha formación política, en Alicante, Castellón y Valencia, cómputo que, a todas luces, a la vista de los resultados obtenidos en la Comunidad Valenciana, quedaría ostensiblemente por debajo del 15% reglamentariamente requerido.”

Se adjunta como documento nº 32 copia del “Escrito de Reconsideración” del Acuerdo de 13 de abril de 2004, presentado ante la Mesa por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y como documentos nº 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 copia de consulta sobre los resultados electorales de las elecciones generales celebradas en marzo de 2.004, en las circunscripciones de Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, Castelló/Castellón, Valencia y Alacant/Alicante. Dicha consulta se ha formulado en la dirección de Internet http://www.infoelectoral.mir.es/min/.

En reunión celebrada el 14 de de abril de 2004, la Mesa del Congreso de los Diputados acordó desestimar la solicitud del Grupo Parlamentario Popular de reconsiderar el Acuerdo adoptado el día anterior por el que se tenía por constituido el “Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (E.R.C.)” y del Acta de esta reunión merecen ser reproducidos los siguientes apartados en relación con las intervenciones de los miembros del órgano parlamentario:

“El Sr. Cisneros advierte que la Mesa no goza de mayor discrecionalidad para decidir que la que el Reglamento le atribuye, puesto que su decisión es de carácter reglado. Señala el Sr. Cisneros que resulta sorprendente que se utilice la doctrina del Tribunal Constitucional para sostener precisamente lo contrario a lo establecido en la misma. Así, lo señalado en la STC 63/2002 se refería al supuesto concreto entonces planteado, señalando que los votos no podían ser imputados a un Diputado de forma asilada , sino al conjunto de la candidatura por la que se hubiese presentado. En cuanto al precedente aludido en la Junta de Portavoces en relación con el PNV, no resulta afortunado, señala el Sr. Cisneros, puesto que los porcentajes obtenidos por tal formación política en el conjunto de las cuatro circunscripciones en las que ha presentado candidatura ha superado, desde 1.982, el 15% de los votos emitidos en el conjunto de las mismas. Constata el Sr. Cisneros que en la Junta de Portavoces se ha reconocido que ERPV es la misma formación política que ERC, tal y como avala el Registro de partidos políticos, por lo que el cómputo del porcentaje de votos obtenidos ha de referirse al total de las 7 circunscripciones en las que se ha presentado candidatura y no sólo a aquéllas en las que se ha obtenido escaño.

(…)El Sr. Barrero solicita la ratificación del acuerdo de la Mesa y la adhesión del Grupo Popular al mismo. Se trata de una decisión importante, ajustada al principio de legalidad, tal y como la mayoría de los miembros de la Mesa comparten, sin que exista una interpretación más auténtica y más interesada en ajustarse al principio de legalidad que la del propio legislador. Asimismo, sigue el Sr. Barrero, es doctrina del Tribunal Constitucional que las normas han de interpretarse de la forma más favorable a los derechos cuyo ejercicio se pretende aplicar y restrictivamente las normas limitativas de los mismos. El acuerdo de la Mesa no conlleva perjuicio alguno para ningún grupo, mientras que sí se ha señalado la distorsión que un acuerdo distinto supondría para el Grupo Mixto. A la Mesa corresponde, continúa el Sr. Barrero, amparar el pluralismo político y el derecho a constituir grupo parlamentario. Pues bien, prosigue el Sr. Barrero, el artículo 23 del Reglamento ampara a los Diputados, no a las formaciones políticas, y cuando un conjunto de Diputados ha obtenido representación en determinadas circunscripciones y un apoyo porcentual suficiente, les asiste el derecho a constituirse en grupo. Precisamente, advierte el Sr. Barrero, que el grupo se autodenomina “ERCV”, pues es en Cataluña donde ha obtenido su representación en la Cámara.

(…)La Sra. Chacón señala que a la Mesa corresponde velar por el buen funcionamiento de la Cámara y el Código Civil predica ejercer el sentido común en la aplicación de las normas. Así, sigue la Sra. Chacón, la no constitución del Grupo de Esquerra Republicana transformaría al Grupo Mixto en el tercer grupo de la Cámara, cuando lo que el sentido común indica es que el Grupo Mixto se vea reducido a lo que, por su naturaleza corresponde. En definitiva, concluye la Sra. Chacón, representaría una anomalía no atender la voluntad del Reglamento de amparar el derecho de los Diputados a formar grupo.”

Más relevantes aún son los “considerandos” en que la Mesa del Congreso de los Diputados fundamenta su decisión para desestimar la solicitud de reconsideración presentada por el Grupo Popular. El Acuerdo de 14 de abril de 2004 contiene los siguientes particulares:

“Considerando que corresponde a la Mesa la interpretación del Reglamento, en la medida en que a la misma corresponde su aplicación en el momento de la calificación de los escritos correspondientes.

Considerando que, conforme a la doctrina reiterada por el Tribunal Constitucional, ha de realizarse siempre la interpretación de la norma que sea más favorable a los derechos, procediendo una interpretación restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de los mismos.

Considerando por tanto, que, en este caso, corresponde a la Mesa de la Cámara interpretar el Reglamento de la forma más favorable al derecho que a los Diputados corresponde a constituirse en Grupo Parlamentario.

(…)Considerando que la STC 64/2002, de 11 de marzo, citada, establece que es a los Diputados a quienes se impone el cumplimiento de los requisitos reglamentariamente establecidos para constituir Grupo Parlamentario, por ser éste un derecho de los Diputados y no de las formaciones políticas.

Considerando que las circunscripciones que han de ser tenidas en cuenta en el presente supuesto son aquellas en las que han resultado elegidos los Diputados que han expresado su voluntad de constituir el referido Grupo Parlamentario.

Considerando que Esquerra Republicana de Catalunya, en el conjunto de las circunscripciones en las que ha obtenido representación en la Cámara, obtuvo más del 15% de los votos emitidos en las mismas.

Considerando que la constitución de dicho Grupo Parlamentario no produce perjuicio alguno a los derechos de ningún otro grupo y que, sin embargo , podría introducir distorsiones en el funcionamiento de la Cámara su incorporación al Grupo Mixto.

Considerando que es obligación de la Mesa de la Cámara amparar el pluralismo político, que el Parlamento ha de ser reflejo de lo expresado por la voluntad popular.”

En definitiva, la Mesa del Congreso de los Diputados al adoptar este Acuerdo realizó una interpretación incluso más flexible que la que había acordado en las legislaturas anteriores en relación con el PNV, ya que consideró que el 15% debía de alcanzarse, únicamente, en el conjunto de las circunscripciones donde la formación política (ERC) había obtenido diputados, y no en el conjunto de las circunscripciones en las que se habían presentado candidaturas, tal como defendían el Grupo Parlamentario Popular en su escrito de reconsideración.

Además, en una de las circunscripciones en que había obtenido diputados (Barcelona), el porcentaje de votos válidos había sido inferior al 15%, más concretamente, el 14.09%.

Igualmente conviene resaltar que el Grupo Parlamentario Popular defendió que el 15% de respaldo electoral debía de computarse en el conjunto de las circunscripciones en las que se había presentado el partido cuyos diputados pretendían constituir un Grupo Parlamentario, actuando así en coherencia con los precedentes habidos en la Mesa de la Cámara, y siendo también ésa la interpretación que los representantes de ese Grupo habían defendido en la VII Legislatura –donde tenían mayoría en la Mesa del Congreso- cuando apoyaron la constitución del Grupo Parlamentario del PNV, tal como se ha indicado anteriormente.

Se adjunta como documento nº 40 Acta de la sesión de la Mesa de fecha 14 de abril de 2004 y como documento nº 41 copia del Anexo incorporado a la documentación de la sesión celebrada en la fecha indicada por la Mesa, en el que se contienen los “resultandos” y “considerandos” que llevaron a dicho órgano de la Cámara a desestimar el escrito de reconsideración presentado por el Grupo Parlamentario Popular.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. PROCESALES

I - LEGITIMACION

Mis representados tienen legitimación activa, por ser los Diputados a los que los Acuerdos adoptados por la Mesa del Congreso de los Diputados en las reuniones de 15 y 19 de diciembre de 2011 deniega el derecho a constituir un Grupo Parlamentario propio, vulnerando su derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes (artículo 23.2 C.E.), el cual es susceptible de amparo constitucional (artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional).

II – REPRESENTACION Y DEFENSA

De conformidad con el artículo 81.1 L.O.T.C. el presente recurso de amparo constitucional se formula por el procurador que encabeza este escrito, que está además suscrito por letrados en ejercicio.

III- REQUISITOS DEL ARTÍCULO 42 L.O.T.C.

1. Origen inmediato y directo de la violación del derecho fundamental en un acto sin valor de Ley emanado de cualquiera de los órganos de las Cortes Generales.

La vulneración del derecho fundamental para el que se interesa el otorgamiento de amparo es imputable, de modo inmediato y directo, a un acto sin valor de ley adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados. Es el Acuerdo de 15 de diciembre de 2011 por el que se deniega la constitución del “Grupo Parlamentario AMAIUR” el que hace real y efectiva la lesión del derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 de la C.E., infracción que se reproduce con el posterior Acuerdo del mismo órgano de 19 de diciembre de 2011.

1. Agotamiento de la vía de reconsideración del Acuerdo en vía parlamentaria.

Sin perjuicio de las diversas posiciones doctrinales que se mantienen en torno a que el trámite parlamentario de reconsideración sea una condición necesaria para considerar firme o agotado el acto objeto del recurso, ese Alto Tribunal (entre otras, en la STC 20/2008, de 31 de enero (F.J. 14)), ha señalado que “la generalmente denominada solicitud de reconsideración en nuestro Derecho parlamentario ha sido considerada repetidamente por este Tribunal requisito de la firmeza a partir de la STC 161/1988, de 20 de septiembre, en la cual se advierte que “no es, sin embargo, el primer Acuerdo de la Mesa el que debe considerarse causante de las supuestas vulneraciones de derechos que se denuncian por los demandantes, sino el posterior adoptado por el mismo órgano parlamentario… en virtud del cual se desestimó el recurso formulado por los actores… (solicitud de reconsideración) y confirió firmeza a la decisión anterior”.

Por ello, mis representados plantearon ante la Mesa del Congreso de los Diputados una solicitud de reconsideración del Acuerdo de 15 de diciembre de 2011, que tras su desestimación agotó la vía interna parlamentaria, por lo que la decisión que se recurre es firme.

3.- Plazo

Habiéndose notificado a mis representantes con fecha 19 de diciembre de 2011 el Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de denegación de la solicitud de reconsideración del Acuerdo de 15 de diciembre de 2011, es dicha fecha de notificación la que debe tenerse en cuenta para realizar el cómputo del plazo de tres meses establecido en el artículo 42 L.O.T.C.

No obstante, y para el supuesto de que se entendiera, que habiéndose producido la desestimación de la reconsideración, debiera tomarse como fecha que fija el dies a quo la del Acuerdo de denegación de la constitución del grupo parlamentario, es decir, el 15 de diciembre de 2011, el presente recurso se formula y presenta antes de concluir el término de tres meses contados desde esta fecha.

IV.- ESPECIAL TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL DEL RECURSO (ARTÍCULOS 49.1 y 50.1.b) L.O.T.C.).

En relación con el juicio de admisibilidad de las demandas de amparo tras la entrada en vigor de la reforma introducida en la Ley Orgánica de ese Tribunal por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, el Auto de 21 de julio de 2008, dictado por ese Alto Tribunal al que tengo el honor de dirigirme, ha manifestado, en su fundamento jurídico 1, lo siguiente:

“Esta novedad supone, tal como también incide la exposición de motivos, una inversión del juicio de admisibilidad, ya que “se pasa de comprobar la inexistencia de causas de inadmisión a la verificación de la existencia de una relevancia constitucional en el recurso de amparo formulado”, por lo que el examen de admisión consistirá, materialmente, en “la comprobación en las alegaciones del recurrente de la existencia de relevancia constitucional en el recurso”.

En coherencia con esta intención, la Ley Orgánica 6/2007 ha dado nueva redacción a los artículos 49 y 50 LOTC, estableciendo el nuevo régimen jurídico de admisibilidad de los recursos de amparo. A esos efectos, el artículo 50.1 LOTC dispone que solamente procederá la admisión del recurso de amparo cuando concurran todos los siguientes requisitos:

“a) Que la demanda cumpla con lo dispuesto en los artículos 41 a 46 y 49.

b) Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”.

Así pues, en consonancia con esta nueva exigencia de fondo de que para la admisión del recurso de amparo deba concurrir, además de la lesión de un derecho fundamental del recurrente tutelable en amparo [artículos 53.2 y 161.1 b) C.E. y artículo 41 LOTC], una especial trascendencia constitucional del asunto [artículo 50.1 b) LOTC], el artículo 49.1 LOTC, en la redacción resultante de la Ley Orgánica 6/2007, establece que “En todo caso, la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”.

La STC 155/2009, de 25 de junio de 2009, efectúa la interpretación del requisito del artículo 50.1.b) LOTC al objeto de establecer los casos en los que cabe apreciar que el contenido del Recurso de Amparo justifica una decisión sobre el fondo en razón de su especial trascendencia constitucional, si bien aclara que la relación de supuestos que a continuación enuncia no puede ser entendida como un elenco definitivamente cerrado de casos en los que un recurso de amparo tiene esa especial trascendencia constitucional, pues a tal entendimiento se opone, lógicamente, el carácter dinámico del ejercicio de la jurisdicción del Alto Tribunal.

Entre los casos que señala la citada sentencia, cabe mencionar los siguientes:

“a) el de un recurso que plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional”.

“g) o, en fin, cuando el asunto suscitado, sin estar incluido en ninguno de los supuestos anteriores, trascienda del caso concreto porque plantee una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica, o tenga unas consecuencias políticas generales, consecuencias que podrían concurrir, sobre todo, aunque no exclusivamente, en determinados amparos electorales o parlamentarios”.

Pues bien, el caso presente, es un supuesto en el que además de estar en juego el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos e indirectamente el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de representantes, y con ello la relevancia constitucional de sus cometidos, presenta las siguientes características:

1.- Tratarse de la primera ocasión en que ese Alto Tribunal se pronunciaría sobre la interpretación constitucional del contenido del artículo 23.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados y, más concretamente, en relación a la regla subsidiaria o alternativa prevista en el segundo inciso de la norma y, más específicamente, dentro de los dos supuestos contemplados en ésta, en el primero de ellos, en lo relativo al cómputo del respaldo electoral necesario para la constitución de grupo parlamentario.

Ese Alto Tribunal se ha pronunciado sobre la aplicación del artículo 23.1 R.C.D. en otros casos, pero en ninguno de ellos se refiere a la determinación de cómo debe computarse “el quince por ciento de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidaturas”. Y, en particular, si ese porcentaje se debe fijar atendiendo al resultado obtenido en el conjunto de las circunscripciones en las que la fuerza o fuerzas políticas han presentado candidaturas, aunque en alguno de los distritos no se haya alcanzado ese mínimo o, por el contrario, ese respaldo electoral ha de contabilizarse en todas y cada una de las circunscripciones en las que ha presentado candidatura.

Y ése es el supuesto de hecho que se plantea con los recurrentes y su voluntad de constitución del “Grupo Parlamentario AMAIUR” en el Congreso de los Diputados, que es denegada por el órgano parlamentario al considerar que ese 15 por 100 no se alcanzó en una de las circunscripciones (Navarra), a pesar de superarlo en el conjunto de las cuatro circunscripciones en que se presentó la coalición electoral AMAIUR.

Estamos pues ante una faceta del derecho constitucional a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal (artículo 23.2 C.E.) sobre la que no existe doctrina expresa del Tribunal Constitucional y precisada de pronunciamiento dada la trascendental función que los Grupos Parlamentarios tienen en el funcionamiento del Congreso de los Diputados (nombramiento de representantes en la Mesa de la Cámara, Junta de Portavoces, en las comisiones parlamentarias, en la Diputación Permanente, y la participación en los debates del pleno o las comisiones parlamentarias…).

2.- No cabe duda además, que el recurso que se plantea trasciende del caso concreto y tiene unas consecuencias políticas generales, ya que esa regla alternativa tiene como pretensión abrir dentro del Congreso de los Diputados la facultad de constituir grupos parlamentarios a fuerzas políticas minoritarias tanto nacionales como con implantación territorial limitada y, en definitiva, amparar el pluralismo político (artículo 1.1 C.E.), misión que se vería frustrada con interpretaciones como las realizadas por los Acuerdos de la Mesa de la Cámara que se recurren.

Además, esa trascendencia general se deriva de que los Acuerdos provocan una distorsión en el funcionamiento del Congreso de los Diputados, creando una situación de grave perjuicio para el resto de formaciones políticas que tienen representación en el Grupo Mixto, en el que se han tenido que encuadrar los recurrentes.

3.- La existencia de precedentes parlamentarios en las Legislaturas IV, V, VI, VII y VIII, en las que, ante situaciones de hecho similares a los que se plantean en el presente caso, los Acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados fueron siempre, y en todo caso, favorables a la constitución del correspondiente Grupo Parlamentario, al considerar que el quórum numérico exigido por el inciso del artículo 23.1 R.C.D. al que nos estamos refiriendo, debía interpretarse atendiendo al conjunto de las circunscripciones en las que la formación política había presentado candidaturas u obtenido representación, y no a cada una de ellas por separado.

La trascendencia de los precedentes o usos parlamentarios ha sido reconocida reiteradamente por ese Alto Tribunal (a título de ejemplo, la STC 64/2002, F.J. 7) y se hace necesario dilucidar su significado normativo, a la luz de una aplicación igual de la ley, dado que con los Acuerdos de la Mesa de la Cámara que son objeto de recurso, se lleva a cabo una interpretación contraria al criterio general de decisión establecido en las legislaturas precedentes, quebrando la seguridad jurídica y poniendo en peligro la protección de las fuerzas minoritarias.

V.- Doy cumplimiento, igualmente, a lo dispuesto en los artículos 49.1 y 85.1 de la citada Ley Orgánica reguladora, con la exposición de los hechos que fundamentan la demanda, los fundamentos jurídicos, los derechos que considero violados, y la pretensión, que formulo, todo ello en la forma preceptuada.

1. DE ORDEN SUSTANTIVO

MOTIVO UNICO.- Vulneración del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalan las leyes (artículo 23.2 C.E.).

PRIMERO.- La doctrina constitucional sobre el artículo 23.2 C.E.

De acuerdo con una reiterada jurisprudencia de ese Alto Tribunal, el derecho fundamental que garantiza el artículo 23.2 C.E., junto al que reconoce el apartado 1 del mismo precepto constitucional, encarna el derecho de participación política en el sistema democrático consagrado por el artículo 1 C.E. y es la forma esencial de ejercicio de la soberanía por el conjunto de los ciudadanos (SSTC 51/1984, de 25 de abril, F.J. 2; 38/1999, de 22 de marzo, F.J. 2; 107/2001, de 23 de abril, F.J. 3; 64/2002, de 11 de marzo, F.J. 2; 177/2002, de 14 de octubre, F.J. 3; 227/2004, de 29 de noviembre, F.J. 2; 90/2005, de 18 de abril, F.J. 2).

Sobre el alcance y los límites de la protección que el artículo 23.2 C.E. otorga al ius in officium de los parlamentarios, existe un cuerpo doctrinal elaborado en una consolidada jurisprudencia, y fijado en los siguientes términos:

1.- Directa conexión entre los derechos de los apartados 1 y 2 del artículo 23 C.E.

Así en la reciente STC (Pleno) 9/2012, de 18 de enero de 2012 (F.J. 3), se recuerda

“…la directa conexión entre el derecho de participación política de los cargos públicos representativos (artículo 23.2 C.E.) y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (artículo 23.1 C.E.), puesto que “puede decirse que son primordialmente los representantes políticos de los ciudadanos quienes dan efectividad a su derecho a participar en los asuntos públicos. De suerte que el derecho del artículo 23.2 C.E., así como, indirectamente, el que el artículo 23.1 C.E. reconoce a los ciudadanos, quedaría vacío de contenido, o sería ineficaz, si el representante político se viese privado del mismo o perturbado en su ejercicio”.

2.- Alcance y dimensiones del artículo 23.2 C.E.

En la misma STC (Pleno) nº 9/2012, de 18 de enero (F.J. 3) tras indicar que el artículo 23.2 C.E. consagra “la dimensión pasiva del derecho de participación política”, enunciando el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalan las Leyes, añade:

“A este contenido explícito del precepto ha aunado nuestra jurisprudencia un contenido implícito cual es, en primer lugar, el derecho a permanecer, en condiciones de igualdad y con los requisitos que señalen las Leyes, en los cargos o funciones públicas a los que se accedió (STC 5/1983, de 4 de febrero, F. 3), no pudiendo ser removido de los mismos si no es por causas y de acuerdo con procedimientos legalmente establecidos (STC 10/1983, de 21 de febrero, F. 2). Y, además, hemos declarado el derecho al ejercicio o desempeño del cargo público representativo conforme a lo previsto en las Leyes (STC 32/1985, de 6 de marzo, F. 3). Cualquiera de las dimensiones que hemos identificado como integrantes del derecho de participación política reconocido en el artículo 23.2 C.E. —acceso, permanencia y ejercicio— está delimitada —con arreglo al propio precepto constitucional— por la necesidad de llevarse a cabo en condiciones de igualdad y de acuerdo con los requisitos que señalen las Leyes» (STC 298/2006, de 23 de octubre, F. 6).

Ese Alto Tribunal se ha referido a la garantía del mantenimiento en los cargos y su desempeño de conformidad con lo que la Ley disponga como “garantía añadida”, que resulta de particular relevancia cuando la petición de Amparo se formula por los representantes parlamentarios en defensa del ejercicio de sus funciones (STC 57/2011, de 3 de mayo, entre otras muchas.

3.- Derecho de configuración legal.

La STC 39/2008, de 10 de marzo de 2008 (F.J. 5) remarca esta característica señalando que

“A este respecto parece oportuno insistir en la caracterización del ius in officium tutelado por el artículo 23.2 C.E. como un derecho de configuración legal, en el sentido de que “compete a los Reglamentos parlamentarios fijar y ordenar los derechos y atribuciones que a los parlamentarios corresponden” (STC 141/2007, de 18 de junio, F.J. 3). Como igualmente hemos indicado en esta última resolución citada, el correlato lógico de esta función configuradora que desempeñan los Reglamentos parlamentarios radica en que una vez creados los derechos y facultades de los parlamentarios, se integran en su status representativo; de modo que, conforme a la doctrina de este Tribunal, “la Constitución veta la privación o perturbación al representante político de la práctica de su cargo, introduciendo obstáculos que puedan colocar a unos representantes en condiciones de inferioridad respecto de otros (SSTC 10/1983; 32/1985, de 6 de marzo, F.J. 3; 227/2004, de 29 de noviembre, F.J. 2)” (STC 141/2007, de 18 de junio, F.J. 5).

En consecuencia, y como recuerda la STC nº 57/2011, de 3 de mayo (F.J. 2),

“… apelando al derecho recogido en el artículo 23.2 C.E., podrá el titular correspondiente reclamar la protección del ius in officium que considere ilegítimamente constreñido o ignorado por actos del poder público, incluidos los provenientes del propio órgano en que se integren”.

4.- Relevancia constitucional de la lesión del derecho fundamental.

Reiteradas resoluciones del Tribunal Constitucional (entre las más recientes, la ya citada STC 39/2008, de 10 de marzo (F.J. 5), han establecido que

“Lo dicho no conlleva, por otra parte, que cualquier infracción del estatuto del parlamentario en la Cámara represente por sí sola una lesión del derecho fundamental toda vez que únicamente poseen relevancia constitucional aquellos derechos o facultades que pertenezcan al núcleo de la función representativa parlamentaria, respecto de los cuales cabría apreciar vulneración del artículo 23.2 C.E. “si los propios órganos de las Asambleas impiden o coartan ilegítimamente su práctica o adoptan decisiones jurídicamente reprobables que contraríen la naturaleza de la representación o la igualdad de los representantes (SSTC 38/1999, de 22 de marzo, F.J. 2; 107/2001, de 23 de abril, F.J. 3; 203/2001, de 15 de octubre, F.J. 2, y ATC 118/1999, de 10 de mayo)”. (STC 141/2007, F.J. 3).

Ello viene completado por la STC 57/2011, de 3 de mayo (F.J. 2) en los siguientes términos:

“El respeto a esta dimensión sustancial debe conducir a los órganos parlamentarios a optar por una interpretación restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de los derechos o atribuciones que integran el status constitucionalmente relevante del representante público. Igualmente se impone el deber de motivar las decisiones que limiten tal ejercicio, deber cuyo incumplimiento no sólo vulneraría el derecho fundamental del representante de los ciudadanos a ejercer su cargo (artículo 23.2 C.E.), sino también el de éstos a participar en los asuntos públicos (artículo 23.1 C.E.). En este sentido, debemos mencionar entre las numerosas Sentencias del Tribunal Constitucional, las más recientes SSTC 33/2010, de 19 de julio, F. 5, y 44/2010, de 26 de julio, F. 4”.

5.- Principio de interpretación más favorable.

Como establece, entre otras muchas, la STC 177/2002, de 14 de octubre (F.J. 3):

“Finalmente, ha de tenerse presente el principio de interpretación más favorable a la eficacia de los derechos fundamentales, que ha sido afirmado por este Tribunal, en concreto, en relación con el artículo 23 C.E., especialmente cuando este precepto se proyecta sobre el ejercicio del derecho de sufragio, y que conlleva que al revisar los actos relativos al ejercicio de dicho derecho fundamental los actores jurídicos opten por la interpretación de la legalidad más favorable a la eficacia de tales derechos”.

Más recientemente, la STC 74/2009, de 23 de marzo (F.J. 3) se refiere a “la obligación de interpretar las normas parlamentarias del modo más favorable al ejercicio de los derechos y facultades de los representantes”.

SEGUNDO.- La importancia de los grupos parlamentarios en la organización y funcionamiento de las Cámaras representativas.

* Cuando en las democracias contemporáneas se reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos se establece que su ejercicio se hace de forma directa o a través de representantes libremente elegidos; es decir, no se afirma que la participación se agota en la elección de representantes, sino que la participación es a través de representantes que son elegidos con libertad. La representación da continuidad a la participación y de ahí la necesidad de que al representante se le reconozca su representatividad; por este motivo, la titularidad de un cargo público representativo constituye una habilitación normativa para la expresión de la representatividad conferida por los electores, con lo que los representantes son un instrumento al servicio de su realización parlamentaria.

Nos encontramos, pues, ante una “concepción funcional” del ejercicio del cargo representativo cuyo fundamento constitucional es otorgar efectividad a la  representatividad política y mantener la vinculación entre electores y elegidos.

La consolidación de la sede parlamentaria como un ámbito idóneo para la expresión del pluralismo dota de relevancia jurídica, y no sólo política, a la adscripción política de los representantes y, en consecuencia, “esa adscripción no puede ser ignorada, ni por las normas infra constitucionales que regulan la estructura interna del órgano en que tales representantes se integran, ni por el órgano mismo, en las decisiones que adopte en el ejercicio de su facultad de autoorganización”. (STC 32/1985, F.J. 2).

La necesidad de hacer efectiva la adscripción política de los representantes se concreta en la obligación de colocarlos a todos en unas condiciones legales similares, posibilitando su intervención en las diferentes fases del procedimiento de adopción de decisiones, y en la asignación del mismo valor a los votos emitidos por los diferentes parlamentarios. Se trata de asegurar que el conjunto de los parlamentarios, en el ejercicio de sus funciones representativas, otorgue efectividad al pluralismo, garantizando de esta forma la expresión de las diferentes representatividades existentes en la sociedad y a las que se confiere tutela constitucional.

En esta tarea cobran un papel esencial los Grupos Parlamentarios, pues si la adquisición plena de la condición de representante por quien ha accedido a un cargo público representativo es el presupuesto habilitante para que pueda ejercer las funciones que van aparejadas a la titularidad del cargo, para la organización del ejercicio de dichas funciones el derecho parlamentario exige su encuadramiento en una entidad colectiva, el Grupo Parlamentario. La inclusión de los representantes en Grupos es una fórmula que el sistema jurídico utiliza para estabilizar las expectativas de realización de una concreta representatividad.

* Ese Alto Tribunal ha destacado, desde el punto de vista del contenido del status parlamentario constitucionalmente relevante, la doctrina relativa a la facultad de constituir Grupo Parlamentario con arreglos a los requisitos establecidos en el Reglamento de la Cámara. Consolidando y reforzando la interpretación de que nos hallamos ante un derecho que forma parte del ius in officium protegido ex artículo 23.2 C.E..

Concretamente, es de remarcar la taxatividad (“no cabe duda alguna”) con la que la STC 141/2007, de 18 de junio de 2007, recuerda la doctrina en su día establecida en la STC 64/2002, de 11 de marzo de 2002 (F.J. 3), de que la facultad de constituir grupo parlamentario integra el núcleo constitucionalmente relevante de su función representativa. Así, afirma:

“Conforme a nuestra doctrina, no cabe duda alguna de que la facultad de constituir grupo parlamentario, en la forma y con los requisitos que el Reglamento establece, corresponde a los diputados, y que dicha facultad pertenece al núcleo de su función representativa parlamentaria. Dada la configuración de los grupos parlamentarios en los actuales Parlamentos, como entes imprescindibles y principales en la organización y funcionamiento de la Cámara, así como en el desempeño de las funciones parlamentarias y los beneficios que conlleva la adquisición de tal status, aquella facultad constituye una manifestación constitucionalmente relevante del ius in officium del representante (STC 64/2002, de 11 de marzo, F.J. 3).

La relevancia jurídica de la adscripción política de los representantes, y que, como tal, no puede ser desconocida por las normas reguladores de la estructura interna de los órganos representativos, se recoge también en la sentencia citada, cuando el Tribunal Constitucional abre el trascendental F.J. 5 con la conclusión de que las resoluciones de la Mesa de la Cámara afectaron, entre otras, a la facultad de los demandantes de amparo para crear “grupo parlamentario propio”.

Aún no afirmada expresamente en dichos términos, esta doctrina ya estaba presente en la STC 64/2002 pues, en sentido estricto, difícilmente puede aseverarse que el Grupo Parlamentario Mixto se “constituye” como consecuencia de un acto originario de voluntad asociativa por parte de los parlamentarios que lo integran. Quizá por ello, aunque no sólo, el Tribunal apuntó en el F.J. 6 de aquella sentencia la importante y sutil distinción entre las facultades de constituir grupo parlamentario e integrarse en un grupo ya constituido.

En definitiva, la aseveración llama la atención acerca de la importancia de la facultad de constituir grupo parlamentario en sí misma considerada dado su significado con relación a la defensa colectiva de opciones políticas materialmente conectadas con las preferencias manifestadas por el electorado; con la trascendencia que ello comporta desde el punto de vista del principio democrático y los derechos fundamentales del artículo 23 C.E..

Por ello, en el ATC 18/2002 (F.J. 3) se afirma que los que caracteriza a un “grupo parlamentario con entidad distinta y singular” es la posibilidad de hacer “valer los intereses de los concretos votantes de la formación política por la que salieron elegidos”.

Sentada esta doctrina de carácter general, hemos de proceder al concreto examen de los preceptos del Reglamento del Congreso de los Diputados que resultan de aplicación al caso en cuanto que presupuesto constitutivo de ese “ius in officium” configurador del contenido constitucional del derecho reconocido en el artículo 23.2 C.E.

TERCERO.- El marco normativo configurador de la constitución de los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados (artículo 23.1 R.C.D) y la jurisprudencia constitucional que lo interpreta.

* La constitución de Grupos Parlamentarios incluye el conjunto de actos y requisitos que según la normativa reglamentaria deben satisfacer las fuerzas políticas que han accedido al Congreso de los Diputados para transformarse en grupo parlamentario, es decir, en sujeto de derechos y deberes dentro de la vida de la Cámara. Las normas reglamentarias que disponen el proceso y las reglas que deben respetarse para su formación cumplen con diverso alcance una pluralidad de funciones y se asientan en el respeto de ciertos principios, diseñándose con el objeto de conferir estabilidad a la estructura política de la Cámara a lo largo de la legislatura.

El Reglamento del Congreso de los Diputados dedica su Titulo II a los Grupos Parlamentarios (artículos 23 a 29). Junto a los requisitos de carácter formal (artículos 24.1 y 2 R.C.D.), exige que quienes quieren constituir grupo parlamentario reúnan unos requisitos materiales de contenido positivo (artículo 23.1 R.C.D.) y que se abstengan de infringir una serie de prohibiciones (artículo 23.2 R.C.D.) dispuestas para evitar la fragmentación artificial de las fuerzas electorales a la hora de formar grupos parlamentarios.

La previsión de un mínimo numérico o la demostración de un respaldo electoral suficiente suele ser habitual desde un punto de vista comparado, aún cuando algunas normas parlamentarias las omitan, y la verificación de la concurrencia de un número de parlamentarios resulta la exigencia más comúnmente aceptada.

El Reglamento del Congreso de los Diputados ha optado por dar un predominio al requisito numérico, exigiendo al menos quince diputados (artículo 23.1 R.C.D.) para la constitución de grupos parlamentarios distintos al Grupo Mixto; sin que, en principio, tengan que pertenecer a una misma fuerza electoral. No obstante, ha dispuesto una regla alternativa o subsidiaria en la que se exigen condiciones distintas, para permitir la formación de grupos cuando no se alcance el mínimo de los quince diputados; así dispone el artículo 23.1, in fine, que también “podrán constituirse en Grupo Parlamentario los Diputados de una o varias formaciones políticas, que, aun sin reunir dicho mínimo, hubieran obtenido un mínimo de escaños no inferior a cinco y, al menos, el quince por ciento de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura o el cinco por ciento de los emitidos en el conjunto de la Nación”. Por lo tanto, la formación requiere la satisfacción de un doble criterio: Reunir un mínimo de diputados y demostrar un respaldo electoral suficiente, bien en el conjunto de la nación bien en el ámbito electoral en el que se hubiesen presentado candidaturas.

La fórmula alternativa pretende abrir dentro del Congreso de los Diputados la facultad de constituir grupos parlamentarios a fuerzas políticas minoritarias, tanto nacionales como con implantación territorial delimitada.

Los términos en los que se encuentra redactada la norma han exigido alguna interpretación. Mientras que el mínimo de escaños que se precisa no plantea dudas; sí, en cambio, las referencias a “una o varias formaciones políticas” y la determinación de cómo debía computarse el “quince por ciento de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura”, siendo esta última la que concentra nuestro análisis a los efectos del presente recurso.

* La doctrina se pronuncia en sentido favorable a entender que ese respaldo electoral debe obtenerse en el conjunto de las circunscripciones y no en cada una de ellas. Y así, cabe citar:

- José Mª Morales Arroyo, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, en su artículo “La realidad y la ficción en las normas sobre la constitución de los grupos parlamentarios” manifiesta:

“Desde los inicios de la Tercera Legislatura parece entenderse que el porcentaje del 15 por 100 de los votos se computa entendido como la media de votos obtenida en el conjunto de las circunscripciones en las que la fuerza o fuerzas políticas han presentado candidaturas, aunque en alguno de los distritos no se haya alcanzado ese mínimo”.

- Agustín Ruiz Robledo, Catedrático de Derecho Constitucional, en su artículo “Amaiur tiene derecho” publicado en el diario “El País” el jueves 22 de diciembre de 2011, afirma, tras señalar que “considerar que ese 15% va referido a cada una de las provincias y no al total… es ir contra el tenor literal del texto jurídico”, añade:

“Una antiquísima regla de la interpretación jurídica dice ubi lex non distinguit, non distinguere debemus. Por eso, no podemos leer “el 15% en cada una de las circunscripciones” donde el Reglamento dice sin más “circunscripciones”. Sólo se puede interpretar que una norma exige un quórum provincial si lo dice expresamente, como lo hace la mismísima Constitución en su artículo 151: La iniciativa autonómica deberá ser “ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia”.

El mismo autor señala a continuación que esa interpretación exigiendo un respaldo electoral del 15% en cada provincia contradice otra regla jurídica que el Tribunal Constitucional “aplica vigorosamente”, cual es:

“Interpretar siempre las normas de la forma más favorable al ejercicio de los derechos fundamentales. Por eso, si hubiera dos interpretaciones posibles del artículo 23.1 del Reglamento (15% conjunto, 15% circunscripción por circunscripción) habría que elegir la que permite la constitución del grupo porque de lo contrario se mermaría el derecho a la participación política (artículo 23 C.E.) de Amaiur y de cada uno de sus siete diputados. Y no sólo el derecho de esta coalición, también de los demás partidos del Grupo Mixto que verán cómo sus derechos se reducen a tener que repartirlos con Amaiur que acaparará proporcionalmente las mayores cuotas de dinero y tiempo que le corresponden al grupo”.

- Alejandro Saiz Arnaiz, Catedrático de Derecho Constitucional, en su obra “Los grupos parlamentarios” (Madrid, Congreso de los Diputados, 1989, pág. 111, nota 51) señala que:

“Aunque el R.C.D. es más preciso al referirse al “cinco por ciento de los emitidos en el conjunto de la nación”, hay que entender que también en el caso del 15 por 100 de los votos circunscripcionales, dicho porcentaje debe calcularse sobre el total de los sufragios expresados en el conjunto de los distritos electorales en los que la respectiva o respectivas fuerzas políticas presentaron candidaturas y no sobre cada uno de ellos”.

* El Tribunal Constitucional no ha analizado esta cuestión de manera expresa, pero sí se ha pronunciado acerca de si tal requisito numérico venía referido al diputado o a la formación electoral que presenta la candidatura en la que aquél figura. Ello fue abordado en la STC 64/2002, de 11 de marzo de 2002 (F.J. 5).

Tras establecer que “los diputados son los titulares de la facultad de constituir Grupo Parlamentario, en la forma y con los requisitos reglamentariamente previstos”, ese Alto Tribunal manifiesta que “ello en modo alguno es óbice para que tales requisitos puedan venir referidos en la norma reglamentaria no al diputado, sino a la formación, coalición o agrupación electoral que presenta la candidatura en la que aquél figura o a esta misma”.

Esa atribución de titularidad a los Diputados, trae como consecuencia, según la misma sentencia, la delimitación del ámbito electoral a considerar para el cálculo del cómputo del quórum exigido por el Reglamento del Congreso de los Diputados. Según establece la misma STC 64/2002, de 11 de marzo de 2002 (F.J. 5), el respaldo electoral se computará en las circunscripciones en las que han sido elegidos quienes pretenden constituir el Grupo Parlamentario, lo que se expresa en los siguientes términos:

“Así pues, de conformidad con la doctrina constitucional que ha quedado reseñada la exigencia del porcentaje de votos o respaldo electoral que establece el segundo inciso del artículo 23.1 R.C.D., en una interpretación del mencionado precepto reglamentario coherente con la configuración constitucional de nuestro sistema electoral, únicamente puede ser entendida como referida a las candidaturas presentadas por las formaciones políticas en aquellas circunscripciones en que hubieren concurrido a las elecciones y en las que figuran y han sido elegidos los Diputados que pretenden constituir Grupo Parlamentario. Tal conclusión se impone también en una interpretación sistemática de aquel precepto reglamentario con las previsiones especiales de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio ( RCL 1985, 1463 y RCL 1986, 192; ApNDL 4080) , del Régimen Electoral General, para las elecciones a Diputados y Senadores (Título II), en las que se alude siempre a votos obtenidos por las candidaturas, no por las personas que las integran. En definitiva, ha de concluirse, por consiguiente, que el porcentaje del quince por ciento de los votos que establece el segundo inciso del artículo 23.1 R.C.D. debe entenderse referido a las candidaturas presentadas por las formaciones políticas en las circunscripciones en las que hubieran concurrido a la contienda electoral y en las que han resultado elegidos los Diputados que manifiestan su voluntad de constituir Grupo Parlamentario”.

Por el contrario, no hay un pronunciamiento concreto sobre la forma de computar el 15 por 100 exigido por el artículo 23.1 R.C.D.; más concretamente, si ha de hacerse en el conjunto de las circunscripciones o, separadamente, en todas y cada una de ellas.

CUARTO.- Los precedentes parlamentarios y los usos y prácticas parlamentarias en la doctrina del Tribunal Constitucional.

1. Parlamento y Reglamento.

La autonomía de los órganos constitucionales es el fundamento y garantía de la división de poderes y, por tanto, del Estado de Derecho.

Esa autonomía propia de los órganos constitucionales tiene por consecuencia que en lo que afecta a la ordenación del órgano mismo, el Derecho específico por el que se rige es un Derecho autodispuesto, y en eso el Parlamento no es en modo alguno una excepción. Las normas que rigen la organización y funcionamiento del Parlamento en cumplimiento de las previsiones constitucionales son normas producidas única y exclusivamente por el propio Parlamento. Esto es el Reglamento parlamentario.

En consecuencia, el Reglamento parlamentario es la norma constitucionalmente habilitada para codefinir el contenido específico de un derecho fundamental de configuración legal, el previsto en el artículo 23.2 C.E.

La mención jurisprudencial a “reserva de Reglamento” invoca la excepcionalidad y rigidez de su procedimiento de adopción al efecto de establecer una diferenciación entre el Reglamento y otras normas parlamentarias y para asentar la primacía del primero sobre las segundas. De tal manera que las demás normas intraparlamentarias dictadas por los órganos competentes de la Cámara encuentran su límite en el Reglamento mismo, al que interpretan o suplen, de suerte que, a su través, no es jurídicamente lícito proceder a una modificación del Reglamento, sustrayendo esa decisión al Pleno de la Cámara y obviando, además, el requisito de la mayoría absoluta que, para su reforma, establece la Constitución (STC 44/95, de 13 de febrero (F.J. 3).

1. Los precedentes parlamentarios.

Como órgano del Estado que es, el Congreso de los Diputados se ve afectado por la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en punto a la igualdad en la aplicación de la ley. Para lo que aquí interesa ello supone que los órganos parlamentarios a la hora de interpretar y aplicar las normas propias de la Cámara deben adoptar sus resoluciones de forma motivada, dotada de una fundamentación racional, y que debe obedecer a un criterio general de decisión, a una doctrina, de la que cada decisión concreta es un supuesto de aplicación, y que el órgano parlamentario sólo puede separarse de su criterio anterior cuando sustituya un criterio general de decisión por otro, una doctrina por otra, de tal modo que la separación del antecedente no obedezca a una decisión arbitraria adoptada ad casum, sino a un cambio de criterio decisor que sea reconocible como tal. En ese sentido, los órganos parlamentarios se hallan vinculados por sus propios precedentes, si bien esa vinculación al precedente es limitada en razón de la facultad de cambiar de criterio general de decisión.

La existencia de un precedente exige acreditación de una decisión anterior, sobre cuestión igual o similar, adoptada por el mismo órgano, debiéndose, por tanto, en palabras de ese Alto Tribunal, “… determinar, en primer lugar, si tal práctica efectivamente existe y, en segundo lugar, cuál su concreto contenido y finalidad” (STC 177/02, de 14 de octubre, F.J. 7).

Por tanto, la acreditación ha de tener un triple contenido mínimo: De un lado, la aportación documentada de la existencia de la “práctica” que se alega como precedente; del otro, la aportación de la motivación de la misma, puesto que es esa aportación la que permite su racionalidad y razonabilidad; finalmente, la práctica definida como precedente debe ser unívoca, ya que la existencia de antecedentes contradictorios excluye que se pueda formalizar una pretensión en cualesquiera precedente: La existencia de antecedentes contradictorios excluye “la existencia de uso parlamentario consolidado” (STC 90/05, de 18 de abril, F.J. 6).

Es por ello que en la STC 64/02, de 11 de marzo, F.J. 7, se renuncia a analizar el valor del precedente parlamentario, señalando que:

“Sin desconocer la trascendencia de los precedentes o usos parlamentarios, no es necesario ahora detenerse a dilucidar su significado normativo, a la luz de una aplicación igual de la Ley, ya que los supuestos de hecho aportados por los demandantes de amparo como término de comparación no guardan con el caso aquí enjuiciado la identidad que todo juicio de igualdad requiere.”

En cuanto tal, el precedente ni es una norma ni por sí mismo configura una norma. Esa es la razón por la que con alguna frecuencia el Tribunal Constitucional descarta que entre nosotros pueda existir una “estricta sujeción al precedente” al modo del common law. Ahora bien esa observación sólo será correcta cuando y en la medida en que hagamos hincapié en la palabra estricta.

En efecto, que en sí mismo considerado el precedente no crea ni configura una norma no significa que carezca de efecto vinculante para el órgano que lo ha producido. Lo que significa es otra cosa: Que la vinculación que el precedente pueda producir depende de su integración con una norma. Dicha integración puede venir no sólo de su incardinación en el principio de igualdad en la aplicación de la ley, sino también de su integración con normas de derecho parlamentario escrito.

Y dicha integración configura el contenido del derecho fundamental del artículo 23.2 C.E. en aquellos casos en los que el precedente versa sobre las facultades principales que definen el ius in officium del parlamentario.

En la jurisprudencia de ese Alto Tribunal el argumento de la integración aparece con toda claridad. Así, la STC 107/01, de 23 de abril, F.J. 2, señala lo siguiente:

“En otras palabras, la existencia de precedentes en sentido contrario a los acuerdos impugnados sólo puede ser argumento para sostener la infracción del derecho fundamental consagrado en el artículo 23.2 C.E. si tales precedentes pueden considerarse integrados en la Ley que ha de ser aplicada en condiciones de igualdad para el acceso o cargo de función pública o la permanencia en aquél o en ésta”.

O, quizá con una mayor contundencia, la STC 149/90, de 1 de octubre, F.J. 5, señala:

“Dicho en otros términos, la existencia de un precedente en sentido contrario sólo puede ser argumento para sostener la infracción del derecho fundamental consagrado en el artículo 23.2, si tal precedente puede ser considerado integrado en la ley que ha de ser aplicada”.

Más recientemente, la STC 64/02, de 11 de marzo, F.J. 7, señala que:

“De modo que la existencia de precedentes en sentido contrario a los Acuerdos impugnados sólo puede ser argumento para sostener la infracción del derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 C.E. si tales precedentes pueden considerarse integrados en la Ley que ha de ser aplicada en condiciones de igualdad para el acceso al cargo o función pública o la permanencia en aquél o en ésta”.

En principio, pues, el precedente sólo tiene capacidad de configuración de los derechos de los que es titular el parlamentario, cuando aparece asociado directamente bien a un derecho fundamental, bien a una norma de derecho parlamentario escrito, y en este último caso sólo tiene capacidad para integrar el contenido del derecho fundamental del artículo 23.2 C.E., cuando la norma del derecho parlamentario escrito satisfaga la exigencia que se sigue tanto del propio 23.2 C.E. como del artículo 51.1 C.E.: Ser norma con rango y eficacia de ley.

En definitiva, el precedente, por sí mismo, no crea norma alguna y para que el mismo tenga la capacidad de vincular a los destinatarios debe aparecer directamente asociado a una norma existente con independencia del precedente mismo.

1. Los usos y prácticas parlamentarios.

Lo que ese Alto Tribunal viene denominando “usos” o “prácticas” parlamentarios difieren de los precedentes estricto sensu, si bien los presuponen. En efecto, para que exista un uso o una práctica debe existir una cadena de actos sustancialmente iguales adoptados por el mismo órgano parlamentario y referidos a una misma cuestión. Pero el uso o la práctica se separan del precedente en que goza de un plus que aquél no tiene. Mientras que el precedente no genera normas, el uso y la práctica sí tienen esa capacidad, a juicio del Tribunal Constitucional, que reconoce a los usos una “trascendencia nomotética” (STC 149/90, de 1 de octubre, F.J. 5).

El reconocimiento del valor normativo de usos y prácticas se da mediante su aceptación como “instrumento normativo”, tal y como se reconoce, entre otras, en la STC 177/02, de 14 de octubre, F.J. 7, reiterado en las STC 89/05, de 18 de abril, F.J. 6 y STC 190/09, de 28 de septiembre, F.J. 4, afirmándose que:

“Los usos parlamentarios han constituido tradicionalmente, y siguen constituyendo, un importante instrumento normativo dentro del ámbito de la organización y funcionamiento de las Cámaras”.

Esto supone simultáneamente el reconocimiento de una fuente de derecho parlamentario no escrito y de la importancia de la misma.

Ese Alto Tribunal admite que tales normas surgidas mediante el uso puedan comportar la introducción de innovación normativa en sentido estricto, y además extiende esa posibilidad a la determinación del contenido del ius in officium del parlamentario, al menos en unión de las disposiciones del derecho escrito.

Así, en las STC 177/02, de 14 de octubre, F.J. 5, reiterado en la STC 89/05, de 18 de abril, F.J.3, STC 90/05, de 18 de abril, F.J.3 y STC 190/09, de 28 de septiembre, F.J.3, se afirma:

“Aunque, ciertamente, la facultad de recabar la comparecencia en las Comisiones de autoridades, funcionarios públicos y otras personas se atribuye directamente a éstas, parece existir una práctica parlamentaria, no discutida por ninguna de las partes, en virtud de la cual son los propios Grupos Parlamentarios, a través de su Portavoz, quienes formulan a la Mesa las propuestas de comparecencia, decidiendo esta última la admisión o inadmisión a trámite de las mismas, de modo que, en caso afirmativo, es a la propia Comisión a quien corresponde decidir si recaba o no finalmente una determinada comparecencia. Por consiguiente, y en virtud de la práctica parlamentaria a la que acabamos de aludir, ninguna duda cabe de que la facultad de proponer las comparecencias a las que hace referencia el artículo 44 R.C.D. forma parte del «ius in officium» de los Diputados”.

Incluso, ese Alto Tribunal ha dado un paso más cuando admite que los usos, por sí solos, pueden determinar el contenido del citado ius in officium y, mediante tal operación, proceder a la generación de una parte del contenido de un derecho fundamental; es decir, ese “instrumento normativo” no sólo es muy importante en la vida de la Cámara, sino que determina por sí mismo al menos una parte del núcleo mismo de la función parlamentaria.

Así, en la STC 177/02, de 14 de octubre, F.J.5, se señala que:

“En concreto, respecto a las solicitud de comparecencia que aparecen previstas en las normas o usos parlamentarios, hemos destacado que “en cuanto su finalidad sea el control del Gobierno, dicha facultad ha de entenderse incluida dentro del núcleo básico de la función parlamentaria garantizado por el artículo 23.2 C.E.”.

Sin embargo, también es constante la doctrina de ese Alto Tribunal señalando que ese instrumento normativo tiene su límite en el Reglamento de la Cámara. Y así, en la misma STC 177/02, de 14 de octubre, F.J.7, y en la STC 208/03, de 1 de diciembre, F.J. 8, se afirma:

“Consecuencia de todo ello es que los usos parlamentarios, al igual que el resto de las normas o resoluciones intraparlamentarias dictadas por los órganos de dirección de las Cámaras, tienen su límite inmediato en el Reglamento mismo, de modo que la práctica parlamentaria efectivamente instaurada en el seno de la Cámara no puede resultar –ni tampoco ser interpretada– de manera tan restrictiva que impida u obstaculice desproporcionadamente las facultades reconocidas a los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente garantizadas”.

Resulta a todas luces evidente que el criterio de decisión que se contiene en el argumento trascrito trata de encuadrar el uso y práctica parlamentaria en el marco conceptual propio del artículo 1 C.C.: el uso parlamentario puede tener valor normativo, pero por definición se mueve en el seno del derecho parlamentario escrito, en los espacios que éste deja sin regulación completa, o sencillamente sin regulación, y subordinado a ese derecho parlamentario escrito, cuanto menos a su norma principal.

Ahora bien, como reconoce ese Alto Tribunal “ello no quiere decir que tales usos parlamentarios hayan de tener necesariamente el mismo valor que las propias normas del reglamento parlamentario aprobadas por el Pleno de la Cámara”, tal y como se señala en la STC 190/09, de 28 de septiembre, F.J. 4.

De la doctrina expuesta se sigue que los usos y prácticas tienen la capacidad de crear normas jurídicas, y que éstas una vez generadas pasan a integrarse en el complejo del derecho parlamentario con la eficacia y límites que acabamos de ver. La doctrina, pues, admite la posibilidad y legitimidad de creación de derecho parlamentario, cuanto menos de derecho parlamentario derivado, no sólo mediante producción formal por órgano parlamentario habilitado en la forma de derecho escrito (como sucede con las normas interpretativas o supletorias), sino también por vía de hecho mediante la repetición de actos, que reciben la calificación de precedentes y que agregan a su condición de tal la pretensión, reconocida por los destinatarios, de vincular a los destinatarios mismos. Hay pauta de comportamiento, fijada mediante reiteración de actos, a los que anuda la pretensión de vinculación, reconocida por los destinatarios, hay reiteración, racionalidad y opinio iuris; esto es, hay normas consuetudinarias, costumbre parlamentaria.

* Finalmente, es doctrina constitucional reiterada que, cuando de la igualdad en el acceso a cargos públicos se trata, el genérico mandato de igualdad en todos los sectores del ordenamiento jurídico, previsto en el artículo 14 C.E., se ve reconducido y subsumido, en el específico ámbito del artículo 23.2 C.E., de no mediar uno de los criterios sospechosos de diferenciación recogidos en el artículo 14 C.E. (STC 64/2002, de 11 de marzo, F.J. 7). Pero, tal y como decíamos más arriba, ello no es óbice para que los órganos del Parlamento se vean afectados por la doctrina del Tribunal Constitucional en lo que se refiere a la igualdad en la aplicación de la ley, que arranca con la STC 49/82, de 14 de julio y la STC 58/86, de 14 de mayo, que abren una línea jurisprudencial que sin cambios de relieve viene manteniéndose desde entonces.

Y son elementos de esa doctrina que:

• Un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales.

• Para introducir diferencias y apartarse del precedente, tiene que existir una suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados.

QUINTO.- La aplicación de la doctrina constitucional al caso concreto.

* La cuestión que se plantea a través del presente recurso de amparo se contrae a determinar si las decisiones de la Mesa del Congreso de los Diputados adoptadas mediante los Acuerdos de 15 de diciembre de 2011 y 19 de diciembre de 2011, denegando a los recurrentes la constitución del “Grupo Parlamentario AMAIUR” y desestimando su reconsideración, respectivamente, han vulnerado su derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y funciones públicos con los requisitos que señalan las Leyes (artículo 23.2 C.E.), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (artículo 23.1 C.E.). Y todo ello a la luz de la doctrina constitucional antes reflejada.

El Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 15 de diciembre de 2011 apoya su decisión en que “la formación política Amaiur ha presentado candidaturas en cuatro circunscripciones, no habiendo alcanzado el quince por ciento de los votos emitidos en la circunscripción de Navarra, y en que “el número de votos necesarios para alcanzar el quince por ciento debe referirse a las formaciones políticas que han presentado candidaturas y no a los candidatos individualmente considerados y que, a su vez, el citado porcentaje ha de obtenerse en cada una de las circunscripciones en que la formación política haya presentado candidatos”.

Por su parte el Acuerdo de 19 de diciembre de 2011, se construye en base a:

• un pretendido apoyo en la STC 64/2002, de 11 de marzo y en el precedente de la reunión de la Mesa de Congreso de 12 de abril de 2000 (VII Legislatura),

• la afirmación de que la Mesa “no ha mantenido un criterio uniforme en las distintas Legislaturas”.

• la referencia a cuestiones sobre la constitución de los Grupos Parlamentarios que son pacíficas (titularidad del derecho y a quienes viene referida la exigencia del respaldo electoral del 15 por 100).

Para concluir, reiterando los mismos argumentos que el Acuerdo precedente, que refiriéndose el 15 por 100 de los votos “a todas las circunscripciones en que aquella hubiera presentado candidatura, no cabe excluir los resultados obtenidos por esa formación en una determinada circunscripción”; que la formación política AMAIUR no ha alcanzado el quince por ciento de los votos emitidos en la circunscripción de Navarra; y que “el citado porcentaje ha de obtenerse en cada una de las circunscripciones en que la formación política haya presentado candidatos”.

A la vista de los Acuerdos impugnados y de las Actas de las reuniones en que fueron adoptados, puede afirmarse que la Mesa de la Cámara ha cumplido con la exigencia de motivar la aplicación que ha efectuado de las normas del Reglamento parlamentario, que han supuesto una limitación al ejercicio de uno de los derechos que integra el estatuto constitucionalmente relevante de los representantes políticos. Pero como señala la STC 64/2002 de 11 de marzo, tal satisfacción formal no basta para concluir que la decisión que se recurre es conforme o no al derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 C.E., “ puesto que este derecho exige también que la motivación no entrañe el desconocimiento de la facultad que corresponde a los Diputados, en la forma y con los requisitos que establece el Reglamento de la Cámara, de constituir Grupo Parlamentario, ni se manifieste desprovista de razonabilidad en atención al fin institucional propio de la facultad que quiso ejercitarse y los motivos para impedir su ejercicio” (FJ 4).

Justificación razonable más exigible en el supuesto en el que, como en el presente, existen precedentes parlamentarios de los que se apartan de los Acuerdos recurridos.

* El texto de ambos Acuerdos refleja que la Mesa del Congreso trata de manera confusa y no diferenciada cuatro cuestiones distintas atinentes al artículo 23.1 R.C.D., las cuales se hace preciso distinguir, pues dos de ellas no son objeto de discusión manteniéndose la discrepancia en las dos restantes.

Las dos primeras se enuncian interrogando sobre:

• A quién corresponde la titularidad de la facultad de constituir Grupo Parlamentario.

• A quién debe entenderse referida la exigencia de la obtención del 15 por ciento de los votos.

Ambas fueron resueltas en la STC 64/2002, de 11 de marzo (FJ 5), en el sentido de afirmar que son los Diputados los titulares de la facultad de constituir el Grupo Parlamentario, y que es a la formación, coalición o agrupación electoral que han presentado las candidaturas en que aquellos figuran a la que ha de referirse la obtención del respaldo electoral del quince por ciento.

Por el contrario, se plantean como controvertidas las siguientes cuestiones:

1. Qué circunscripciones deben tomarse en consideración para verificar ese respaldo electoral: aquellas en las que se presentaron los diputados que manifiestan su voluntad de constituir Grupo Parlamentario o la totalidad de las circunscripciones en que se presentó la formación política.

1. Cómo debe hacerse el cómputo del 15 por ciento: Si ese quórum debe obtenerse en todas y cada una de las circunscripciones o en el conjunto de ellas.

A) Según hemos recogido en la alegación tercera, ese Alto Tribunal dejó fijado el criterio referido a la delimitación de las circunscripciones a las que ha de referirse el cómputo del 15 por ciento, en la STC 64/2002, de 11 de marzo. En efecto, en el último párrafo del fundamento jurídico 5 se afirma, tanto desde una interpretación del artículo 23.1 R.C.D. coherente con la configuración constitucional de nuestro sistema electoral, como desde una interpretación sistemática, que la exigencia del porcentaje del 15 por 100 de los votos que establece el segundo inciso del artículo 23.1 R.C.D. “únicamente puede ser entendida como referida a las candidaturas presentadas por las formaciones políticas en aquellas circunscripciones en que hubieren concurrido a las elecciones y en las que figuran y han sido elegidos los Diputados que pretenden constituir Grupo Parlamentario”.

Por tanto, las circunscripciones electorales a computar son solamente aquéllas en las que han resultado elegidos los Diputados que manifiestan su voluntad de constituir Grupo Parlamentario. En el caso presente, las circunscripciones de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, que son aquellas en las que han sido elegidos los seis diputados recurrentes, debiéndose excluir los resultados obtenidos por la coalición electoral AMAIUR en la circunscripción electoral de Navarra.

Y en todas y cada una de las tres provincias se supera el 15 por ciento exigido y, por tanto, también en el conjunto de ellas, lo que ya sería suficiente para otorgar el amparo que se pretende.

Esta doctrina jurisprudencial fue seguida por la Mesa de la Cámara en su Acuerdo de 13 de abril de 2004 cuando aceptó la declaración de voluntad de constitución del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana (E.R.C.) y solamente tuvo en cuenta a efectos del cómputo del respaldo electoral las circunscripciones en que resultaron elegidos los diputados que efectuaron la solicitud, y no aquéllas en las que no se obtuvo escaño (las de la Comunidad Autónoma Valenciana).

B) Pero para el supuesto de que se entendiera que no es eso lo que el Tribunal Constitucional estableció, quedaría por resolver la cuestión referida a cómo debe efectuarse el cómputo del 15 por 100, (circunscripción por circunscripción, o en el conjunto de todas ellas), aspecto que, como ya se dijo, no ha sido planteado hasta el día de hoy ante el Tribunal Constitucional, no existiendo pronunciamiento alguno sobre ella, por lo que no puede justificarse el Acuerdo que se impugna en sentencia alguna de ese Alto Tribunal, tal y como pretende la Mesa del Congreso.

A la vista de lo reflejado en el Antecedente de Hecho Sexto de este escrito, nos hallamos ante un supuesto de hecho en el que no solo existen precedentes en la Cámara, sino un uso o práctica parlamentarios, consistente en considerar que el cálculo del 15 por ciento de respaldo electoral necesario para constituir Grupo Parlamentario debe efectuarse en relación al resultado global de todas las circunscripciones en que se ha presentado la formación política. Así ocurrió en los Acuerdos de la Mesa del Congreso adoptados en las Legislaturas IV, V, VI, VII y VIII, por lo que existiendo una cadena de actos sustancialmente iguales adoptados por el mismo órgano parlamentario y referidos a una misma cuestión, podemos hablar de norma consuetudinaria parlamentaria y no de simple precedente.

Y esa práctica ha quedado debidamente acreditada, tanto en su existencia, como en la motivación de la misma, así como su carácter unívoco, sin antecedentes contradictorios, por lo que puede entenderse que nos hallamos ante una práctica o uso parlamentario consolidado.

Es decir, los precedentes parlamentarios siempre lo han sido pro constitutione del Grupo Parlamentario, interpretando el artículo 23.1 R.C.D. en el sentido más favorable a la posibilidad de dicha constitución, y sin tomar en consideración otros límites que aquéllos que con toda claridad se deduzcan del referido precepto.

Y no es cierto que sobre ello se hayan mantenido criterios discrepantes en las diferentes legislaturas. En el informe del Secretario General dado a conocer en la reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados de 15 de diciembre de 2011 se indicaba que ésta, en el ejercicio de su facultad de calificación “ha adoptado en el pasado decisiones no homogéneas respecto de la interpretación de los requisitos contenidos en el artículo 23 del Reglamento para la constitución de los Grupos Parlamentarios”. Igualmente, en el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 19 de diciembre de 2011 se incluye un considerando en el que se afirma que “la Mesa no ha mantenido un criterio uniforme en las distintas legislaturas”. Se pretendía con todo ello justificar que no se trata de un tema pacífico, sino con antecedentes contradictorios.

Sin embargo, y contrariamente a ello, en todos los casos en que la Mesa del Congreso ha adoptado un Acuerdo sobre la materia nunca lo ha hecho en el sentido de computar el 15% circunscripción por circunscripción como ha acaecido en el caso del Grupo Parlamentario AMAIUR, habiéndose acudido siempre al cómputo conjunto de las circunscripciones.

Así ocurrió en las Legislaturas IV, V, VI y VII, en las que se reconoció el derecho de los diputados del Partido Nacionalista Vasco (P.N.V.) a constituir Grupo Parlamentario propio pese a no haber obtenido en una de las circunscripciones en las que presentó candidatura (Navarra) el 15% de los votos. La Mesa del Congreso de los Diputados interpretó el artículo 23.1 R.C.D. en el sentido de computar el conjunto de los votos de las cuatro circunscripciones en que se presentó, se hubieran obtenido o no representantes en ellas.

En el caso de los diputados de Esquerra Republicana de Catalunya. (VIII Legislatura), la interpretación de la Mesa del Congreso –con el mismo objetivo de favorecer la constitución de Grupo Parlamentario- fue incluso más flexible que en las anteriores legislaturas, ya que sólo tuvo en cuenta que se hubiera obtenido el 15% de los votos en el conjunto de las circunscripciones en las que la formación política obtuvo representación (Barcelona, Tarragona, Lerida y Gerona), no tomándose por el contrario en consideración el resto de circunscripciones donde el partido presentó candidaturas y no obtuvo escaño (Valencia, Alicante y Castellón).

En definitiva, la Mesa del Congreso aplicó la norma desde un mismo principio jurídico: La interpretación más favorable a la constitución del Grupo Parlamentario. Y en el segundo de los casos, lo hizo además, para evitar las distorsiones en el funcionamiento de la Cámara que podía provocar la incorporación de los diputados al Grupo Mixto, y amparar el pluralismo político.

Y los supuestos de hecho citados como término de comparación, guardan con el caso que se somete a control de amparo constitucional, la identidad necesaria a los efectos del juicio de igualdad que se plantea.

* No enturbia este criterio común a todos los precedentes la referencia que se contiene en uno de los considerandos del Acuerdo de 19 de diciembre de 2011, a la decisión adoptada por la Mesa del Congreso en su reunión de 12 de abril de 2000, toda vez que el supuesto de hecho que dio lugar a éste Acuerdo no es asimilable ni equiparable al que está en el origen del presente recurso de amparo constitucional.

Tras las elecciones generales celebradas en marzo del año 2000, cinco diputados presentaron ante la Mesa del Congreso de los Diputados un escrito de constitución del Grupo Parlamentario Galego (BNG). De los cinco diputados, tres habían resultado elegidos en candidaturas del Bloque Nacionalista Galego, uno en candidatura del Partido Nacionalista Vasco por la provincia de Bizkaia y otro en candidatura de Convergencia i Unió por la provincia de Barcelona. La Mesa de la Cámara en sesión celebrada el 12 de abril de 2000 acordó denegar la solicitud.

En los considerandos del Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 19 de diciembre de 2011 se afirma que en aquella ocasión se resolvió denegar la constitución del Grupo Parlamentario del Bloque Nacionalista Galego, entre otras circunstancias, porque conforme a la expresión literal del artículo 23 del Reglamento, las formaciones políticas a las que pertenecen los diputados que pretenden formar grupo parlamentario, deben cumplir la condición de haber obtenido el 15% de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura.

Sin embargo, las razones para la negativa a admitir la constitución del citado grupo parlamentario fueron bien distintas como se encarga de recordar la STC 64/2002, de 11 de marzo, F.J. 4, en la que, tras efectuar un recorrido por los Acuerdos de la Mesa de Congreso de los Diputados de 12 y 17 de abril de 2000, concluye:

“… uno y otro Acuerdo no se basan en argumentos distintos, sino que presentan un único y común fundamento, cual es, en opinión de la Mesa de la Cámara, la imposibilidad de computar, a los efectos del requisito de representación o apoyo electoral que establece el segundo inciso del art. 23.1 R.C.D., los votos obtenidos por las formaciones políticas del Partido Nacionalista Vasco y de Convergencia i Unió, en cuyas candidaturas por las provincias de Vizcaya y Barcelona habían obtenido sus escaños dos de los Diputados que, junto con los otros tres demandantes de amparo, pretendían constituir el Grupo Parlamentario Galego (BNG), ya que dicho porcentaje había sido tenido en cuenta para la formación de los Grupos Parlamentarios constituidos por el resto de los Diputados que habían sido elegidos en las candidaturas presentadas por el Partido Nacionalista Vasco –Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)– y por Convergencia i Unió –Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió)–, o, en otros términos, al no ser posible invocar, a los efectos del mencionado requisito establecido en el segundo inciso del art. 23.1 R.C.D., la obtención de un mismo porcentaje electoral para la constitución de Grupos Parlamentarios diferentes por Diputados elegidos en las candidaturas presentadas por la misma formación política”.

Esta postura de la Mesa del Congreso fue refrendada por el Tribunal Constitucional al señalar en la reiterada sentencia que:

“Es obvio que mal se compadece con aquella finalidad, así como con el carácter subsidiario o alternativo de la regla cuestionada, en cuanto excepción a la regla general de constitución de Grupos Parlamentarios, que el porcentaje de votos o el respaldo electoral obtenido por las candidaturas presentadas por una formación política sea utilizado o invocado para constituir un Grupo Parlamentario diferente al de éstos, en definitiva, que aquel porcentaje de votos sea utilizado o invocado para constituir dos Grupos Parlamentarios distintos por los Diputados elegidos en las candidaturas de una misma formación política. De modo que, una vez que dicho porcentaje de votos es invocado por los Diputados elegidos en las candidaturas de una formación política para constituir un Grupo Parlamentario, este porcentaje no puede ser utilizado por otros Diputados elegidos en las candidaturas de esa misma formación política para constituir un Grupo Parlamentario diferente a aquél”.

La simple lectura de los fundamentos jurídicos de la resolución evidencia que lo debatido y resuelto en la reunión de la Mesa del Congreso de los Diputados de 12 de abril de 2000, nada tiene que ver con el supuesto presente en el que todos los diputados que promovieron el “Grupo Parlamentario AMAIUR” -hoy recurrentes- fueron electos en las candidaturas promovidas por la coalición electoral del mismo nombre, por lo que no hay diputados que hubieran resultado electos en candidaturas promovidas por otras fuerzas políticas, ni sus porcentajes se han empleado para promover dos grupos parlamentarios distintos.

Por tanto, no hay una falta de uniformidad en el criterio en las distintas Legislaturas como se podía deducir del contenido de las Actas y Acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados de 15 y 19 de diciembre de 2011, sino una clara doctrina de favorecer la constitución de los Grupos Parlamentarios siempre que se obtengan un número mínimo de cinco diputados, y que éstos –que son quienes tienen derecho subjetivo de promover la constitución- hayan obtenido en el conjunto de las circunscripciones donde su formación política hubiera presentado candidaturas -o, incluso, simplemente haya alcanzado representación-, un resultado superior al 15% de los votos válidos emitidos.

Y si la exigencia de ese respaldo electoral se refiere al conjunto de las circunscripciones, es notorio que la Coalición Electoral AMAIUR en que fueron elegidos los hoy recurrentes, da pleno cumplimiento a la misma, ya que obtuvo el 22% en el conjunto de Bizkaia, Álava/Araba, Gipuzkoa y Navarra.

* En sus Acuerdos, la Mesa del Congreso de los Diputados en ningún momento explicita como debiera por qué altera bruscamente y para un caso único la línea hasta entonces seguida y consolidada desde hace muchas legislaturas en materia de constitución de Grupos Parlamentarios, apartándose, sin explicación ni razonamiento alguno del cambio de criterio, de esos precedentes parlamentarios.

La Mesa de la Cámara debía de haber exteriorizado de manera fundada y razonable los motivos que le han llevado a aplicar técnicas de interpretación jurídica distintas a lo que hasta este momento se hacía –incluso en algunas ocasiones por el propio Grupo Parlamentario Popular-.

Finalmente, resulta paradójico, absurdo y privado de toda lógica, que sea precisamente la obtención de un diputado en Navarra lo que impide que la Coalición Electoral AMAIUR constituya grupo propio. Carece de sentido que mayor representación, tener un diputado más, es precisamente lo que conlleve disponer de menos voz parlamentaria.

En definitiva, la interpretación que se sostiene en este recurso es acorde con los usos y prácticas parlamentarias del Congreso de los Diputados, coherente con las previsiones reglamentarias, está respaldada por la doctrina, se sustenta en principios jurídicos cuya aplicación exige la jurisprudencia de ese Tribunal Constitucional, y es la más conforme con el pluralismo político y con un funcionamiento de la Cámara respetuoso con las minorías políticas. Por el contrario, la interpretación que efectúa la Mesa de la Cámara es arbitraria, desproporcionada y responde a criterios políticos tendentes a impedir la constitución de un Grupo Parlamentario cuya presencia autónoma en el Congreso de los Diputados no era deseable por la fuerza mayoritaria del mismo.

El dilema entre funcionalidad parlamentaria y representatividad en el seno de la Cámara de las diversas opciones políticas se ha resuelto en los Acuerdos que se impugnan mediante una interpretación que distorsiona ambas, con grave quiebra del derecho fundamental del artículo 23.2 C.E.

CONCLUSIONES - A MODO DE RESUMEN:

Primera.- Los recurrentes, en su condición de Diputados del Congreso de los Diputados, han cumplido los requisitos formales y materiales establecidos por el artículo 23 R.C.D..

Segunda.- Más específicamente, los seis Diputados recurrentes que manifestaron su voluntad de constituir Grupo Parlamentario propio, cumplen el requisito de que las candidaturas presentadas por la Coalición Electoral AMAIUR en las que fueron elegidos en las Elecciones Generales de 20 de noviembre de 2011, obtuvieron en sus respectivas circunscripciones un respaldo electoral superior al 15 por 100 de los votos válidos.

Tercera.- A mayor abundamiento, los siete Diputados que representan a la Coalición Electoral AMAIUR cumplen el requisito de haber obtenido el 15 por 100 de los votos válidos en el conjunto de las cuatro circunscripciones en que presentó candidaturas.

Cuarta.- Los Acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados que se someten al control de amparo constitucional optaron por la interpretación más lesiva de los derechos del artículo 23.2 C.E. y, en particular, del derecho a constituir Grupo Parlamentario.

Quinta.- Los Acuerdos de la Mesa del Congreso alteran, ex post, y para un caso único, la línea interpretativa hasta ahora seguida por la Mesa del Congreso de los Diputados en relación a la exigencia del 15 por 100 de los votos que establece el segundo inciso del artículo 23.1 R.C.D. para la constitución de Grupos Parlamentarios, apartándose sin justificación fundada y razonable de los precedentes parlamentarios.

Sexta.- Los Acuerdos de la Mesa del Congreso de los Diputados han provocado una hipertrofia en el número de diputados y formaciones políticas que constituyen el Grupo Mixto, desnaturalizando su función y distorsionando su funcionamiento, lo cual ha generado, además, la lesión de los derechos de la minorías parlamentarias y del pluralismo político (artículo 1.1 C.E.), que la Mesa de la Cámara tiene obligación de amparar.

Por lo expuesto,

AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SUPLICO: Que, habiendo por presentado este escrito, con las copias y documentos que se acompañan, se sirva tener por formulado, en tiempo y forma, en la representación que ostento, RECURSO DE AMPARO contra el Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 15 de diciembre de 2011 por el que se deniega la constitución del “Grupo Parlamentario AMAIUR” solicitada por mis representados, y el posterior Acuerdo de 19 de diciembre de 2011 que desestimó la solicitud de reconsideración del anterior, confirmándolo, se sirva admitirlo, tenerme por comparecido y parte en la acreditada representación que ostento, y en su día, tras la práctica de los trámites legales establecidos, se sirva finalmente dictar Sentencia, por la que se acuerde:

1. Otorgar el amparo solicitado por los recurrentes y, en su virtud,

1. Reconocer su derecho a ejercer cargos públicos en los términos que dimanan del artículo 23.2 C.E., restableciéndoles en la integridad del mismo y, específicamente, en su derecho a constituir el “Grupo Parlamentario AMAIUR” de conformidad con el artículo 23.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados,

1. Declarar la nulidad del Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 15 de diciembre de 2011 que denegaba la constitución del “Grupo Parlamentario AMAIUR”, así como el posterior Acuerdo de 19 de diciembre de 2011 adoptado por el mismo órgano y que desestimaba la solicitud de reconsideración

Y con lo demás que en derecho proceda.

Justicia que, respetuosamente, insto en Madrid a 14 de marzo de 2012.

Fdo. Iñigo Iruin Sanz

Fdo. Adolfo Araiz Flamarique

OTROSI DIGO: Uno de los problemas que tradicionalmente han planteado los recursos de amparo ex artículo 42 L.O.T.C. en defensa del status parlamentario constitucionalmente relevante, es el de su eficacia. Atendiendo el tiempo que suele transcurrir entre su interposición y la sentencia que lo resuelve, o bien la legislatura en que los hechos tuvieron lugar ya se ha extinguido, o bien el procedimiento parlamentario del que trae causa el amparo ha finalizado, circunstancias que determinan que los pronunciamientos estimatorios del Tribunal tengan un carácter eminentemente declarativo.

Ello conduce al paradójico resultado de reconocer que simultáneamente existió lesión de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 23.2 C.E. y que no es posible, dadas las circunstancias, proceder a su plena reparación.

Ese Alto Tribunal es consciente de esta cuestión y, así, en el A.T.C. 18/2002, de 11 de febrero, F.J. 3:

“… ha de reseñarse que este Tribunal es consciente de la preclusividad que comporta en los asuntos de origen parlamentario el final, natural o provocado, de la legislatura, y por ello entiende conveniente apuntar –como hemos hecho ya en ocasiones de tipo similar (ATC 144/1990, de 29 de marzo [RTC 1990, 144 AUTO] , y el citado 254/1994)– que, el hecho de que el presente recurso de amparo sea instado por quienes están investidos por el voto popular y ejercen la esencial función representativa de los ciudadanos, aconseja reducir al máximo posible la eventual afectación de sus derechos y, consiguientemente, adelantar, en cuanto sea compatible con la tramitación procesal, el momento de dictar Sentencia”.

Adelantamiento que interesamos de ese Alto Tribunal de manera expresa, por lo que,

A LA SALA DE NUEVO SUPLICO: Que, teniendo por hecha la manifestación que precede, acuerde de conformidad con lo interesado por ser así de justicia que insto en los mismos lugar y fecha.

Fdo. Iñigo Iruin Sanz

Fdo. Adolfo Araiz Flamarique

Gabon Zoriontsuak

opa dizuet zuri

eta zeure familia ososari,

Belengo Argiak

haibeste maite dugun

gure herri honetan

bakea eta laitasuna ereiten

lagunduko digun itxaropenez.

–o–

Te deseo a ti, y a toda tu familia,

unas Felices Navidades

y que el ejemplo de Belén

nos ayude a todos a vivir la solidaridad

y ser sembradores de Paz y de Alegría

en estos tiempos,

difíciles y a la vez esperanzadores,

que vivimos en nuestro País. ]]> http://www.larreina.net/201112/eguberri-zoriontsuak-2/feed http://www.larreina.net/201112/%e2%80%9cla-politica-penitenciaria-no-debe-formar-parte-de-la-politica-antiterrorista%e2%80%9d http://www.larreina.net/201112/%e2%80%9cla-politica-penitenciaria-no-debe-formar-parte-de-la-politica-antiterrorista%e2%80%9d#comments Thu, 22 Dec 2011 07:24:26 +0000 Rafa Larreina http://www.larreina.net/?p=1616 La publicación de la Fundación Leizaola “BAKEBIDEAN” recoge en su último número, dedicado a la actual situación política tras el anuncio del cese de su actividad por parte de ETA, una entrevista que reproduzco a continuación:

BAKEBIDEAN 2011- 11zbk.

Rafa Larreina, recientemente elegido diputado al Congreso de los Diputados por Amaiur y miembro histórico de Eusko Alkartasuna, apuesta por la aplicación de una política penitenciaria progresista que ayude a reintegrar en la sociedad cuanto antes a las personas que están en prisión, desde donde podrían contribuir a la reconciliación.

¿Cómo valora la situación creada tras el anuncio del cese definitivo de la actividad de ETA?

Con el anuncio del cese definitivo de la actividad armada por parte de ETA se abre una nueva etapa política y social que ha sido percibida como esperanzadora por la inmensa mayoría de la sociedad vasca. Podríamos decir que esto no ha hecho más que empezar y que queda un gran trabajo por delante que no va a estar exento de dificultades. Es importante empezar cuanto antes a poner en marcha el desarrollo de la declaración de Aiete. Una vez cumplido el punto 1 -que era el que exigía a ETA la declaración del cese definitivo es importante empezar a poner en marcha y desarrollar los puntos dos, tres y cuatro. El primero de ellos corresponde a ETA y a los Gobiernos español y francés, que son quienes deben ponerse a hablar para dar respuesta a los llamadas “cuestiones técnicas”: situación de los presos, entrega de armas, etc. Las fuerzas políticas debemos centrarnos en sacar adelante los puntos tres y cuatro: avanzar en el camino de la reconciliación en el seno de la sociedad vasca, buscando la reparación de todas las injusticias sufridas, sin excepciones; y buscar un nuevo consenso político que dé respuesta al problema político de fondo sobre la base del reconocimiento del derecho de la sociedad vasca a decidir su propio futuro y a ser consultada.

¿Qué pasos debería dar el nuevo Gobierno salido de las elecciones del 20-N?

Es una incógnita como va a reaccionar el Partido Popular. Si va a seguir en la línea de los últimos años, que es una línea guiada por la extrema derecha, tanto mediática como política, o por el contrario va actuar con eso que se denomina sentido de Estado y va a contribuir y a aportar positivamente a que ese nuevo escenario de normalización política y pacificación sea una realidad cuanto antes. Nos gustaría que, por encima de esas presiones mediáticas, el Gobierno del PP se incorpore a esta nueva etapa aportando en positivo.

Uno de los asuntos a tener en cuenta es el referido a los presos de ETA.

En este tema siempre hemos dicho que es un gran error y que es contraproducente que la política penitenciaria forme parte de la política antiterrorista, por tanto la actitud hacia los presos no es admisible ahora ni era admisible antes. Desde ese punto de vista pensamos que las personas que están en prisión tienen derechos, tendrán algunos restringidos por la condena, pero tienen el resto de derechos y esos hay que respetarlos. Y hay otra cuestión importante, y es que con la política penitenciaria que se ha aplicado se ha puesto una pena de forma ilegítima y antidemocrática a personas que no han sido condenadas, que son todos los familiares y allegados de las personas que están en prisión y que se ven sometidos a una serie de condiciones que no les corresponden y que incluso van en contra de la propia legislación penitenciaria. Una vez que ETA ha anunciado el cese definitivo de su actividad habría que aplicar lo que constituye la base de una política penitenciaria progresista.

Nosotros siempre hemos defendido que la política penitenciaria debe estar vinculada a la reincorporación a la sociedad de las personas que están en prisión, con independencia del delito que hayan cometido. Y por lo tanto, cuando no hay ningún riesgo de que una persona que está en prisión cometa el delito que cometió en su día, pensamos que no tiene sentido que siga en prisión. En este momento pensamos que es mucho más útil para la sociedad, y mucho más útil desde el punto de vista democrático, que esas personas aporten su contribución a la reconciliación y a la convivencia democrática desde el seno de la sociedad que no desde la cárcel.

¿Qué papel le corresponde jugar a este colectivo en esta nueva etapa política a la que nos enfrentamos?

No deben tener un papel especial salvo el de ciudadanos vascos. Como cualquier ciudadano tienen la obligación de contribuir a que salga adelante el nuevo escenario de normalización política y de pacificación, de convivencia y de reconocimiento democrático de todas las opciones políticas. Una obligación ciudadana que es la misma que tenemos los que no estamos en prisión.

¿Habría que priorizar un acercamiento de los reclusos a las cárceles vascas?

Lo primero que hay que hacer es aplicar la propia política penitenciaria y separarla de la política antiterrorista, sobre todo cuando ya no tiene sentido al no haber violencia por parte de ETA. Eso sería lo primero, el acercamiento, y la aplicación de la política penitenciaria a los presos que sufren enfermedades.

¿Cabe hablar de amnistía?

Es un error hablar de amnistía, en el sentido de que la amnistía ahora mismo legalmente no es posible. Hay que conseguir una aplicación progresista de la política penitenciaria para que todas las personas se reincorporen cuanto antes a la sociedad para aportar en positivo. Y eso se puede conseguir, si hay voluntad política, sin necesidad de cambiar un ápice de la actual legislación penitenciaria.

¿Cómo se deben abordar los casos de los presos con delitos de sangre?

Hay que abordarlo desde una visión global pero con mucha delicadeza y con mucho respeto hacia las personas que han sufrido las consecuencias de esas acciones. Puede ser mucho más valiosa la aportación de esas personas desde la sociedad, defendiendo la necesidad de no utilizar la violencia para hacer política, y que eso tenga un efecto didáctico sobre la sociedad. Creo que eso sería también una buena reparación para las víctimas. Que quienes han cometido delitos de sangre se integren y se impliquen en la política democrática que subraya que no se debe utilizar la violencia para alcanzar fines políticos, en la política que defienda las libertades y el derecho de todas las personas a defender sus propias ideas es muy positivo y es una forma muy eficaz de reparación.

¿Qué opinión le merece la denominada ‘doctrina Parot’?

Su derogación es otro elemento fundamental, ya que no deja de ser un retorcimiento antinatural de la propia legislación.

¿Cómo habría que actuar con los miembros de ETA exiliados?

Eso corresponde resolverlo a la mesa entre los gobiernos y la propia ETA, pero lo lógico es que todas las personas que quieran trabajar y contribuir al futuro democrático y en paz de este País puedan estar aquí.

¿Deberían acogerse los presos a las medidas de reinserción?

Ese es un planteamiento erróneo, del pasado. Lo que hay que hacer es impulsar un cambio en la política penitenciaria. No valen los esquemas del pasado y la utilización que se ha hecho por parte de los distintos gobiernos de la legislación penitenciaria ha sido un grave error y sería un error desmedido volver a aplicar esas políticas en el presente.

¿Deben pedir perdón?

Pedir perdón es muy bueno, y ojalá todo el mundo pidiera perdón. Pero no están legitimados para exigir a otros que pidan perdón aquellos que han sido incapaces de pedir perdón por violaciones graves de derechos humanos que se han producido desde los aparatos del Estado, como fue el terrorismo del GAL o las torturas. Pero creo que pedir perdón es bueno y hace más bien a quien lo pide que a quien recibe la petición de perdón. La reparación de todas las víctimas que se han producido en este País sin ningún tipo de excepción, y una parte de la reparación puede ser la petición de perdón, es algo necesario y por lo que hay que trabajar.

¿Tiene sentido la Ley de partidos?

Desde el punto de vista democrático es una ley difícilmente asumible. Es una ley que no tiene sentido, pero no porque ahora hayan cambiado las circunstancias, no tiene sentido desde que se puso en marcha. Yo siempre he defendido que esa ley ha contribuido a retrasar el actual escenario que estamos viviendo ahora mismo. Fue negativa en su inicio, porque retrasó el proceso de normalización política y de pacificación; y si entonces no era válida pues ahora tampoco. Creo que se creó para cambiar las mayorías en este país. Aunque se dijo que formaba parte de la política antiterrorista tenía otro tipo de intenciones.

A los pocos días de asumir una nueva responsabilidad política en Madrid como diputado de Amaiur, fuí entrevistado por ‘El Mundo’. Tal como señala la web de Eusko Alkartasuna, en la entrevista se sale al paso de las falsedades que desde algunos sectores imputan a la coalición y se insiste en subrayar la importancia de afrontar sin más dilación la resolución definitiva del conflicto político vasco.

A continuación, la entrevista completa en formato PDF:

19/12/2011 | Entrevista |

LEE LA ENTREVISTA EN FORMATO PDF

Efectivamente, una vez que se nos trasladó formalmente la decisión, tomada con el único apoyo de los miembros de la mesa que militan en el partido popular, pudimos comprobar que se trataba de una interpretación “arbitraria” del Reglamento de la Cámara, que contradice decisiones anteriores tomadas reiteradamente por la mesa del Congreso de los Diputados y que además pretende marginar a una coalición que tiene el apoyo del 22% del electorado de los cuatro territorios de Euskal Herria situados en el Estado Español.

Con esta decisión se ha hecho un flaco favor a la institución parlamentaria, al introducir criterios políticos de marcado carácter partidista en un órgano que tiene como misión velar para que el derecho constitucional a la participación política sea efectivo. Con su decisión no sólo dificultan el derecho a la participación política de las personas que han apoyado con su voto a Amaiur sino que en la práctica hacen inexistente el derecho a la participación política de otras fuerzas políticas con menos de cinco diputados que se integran en el Grupo Mixto y que representan a ochocientos cincuenta mil personas. Si unimos estos votos a los de Amaiur tenemos que el PP esta impidiendo el derecho efectivo a la participación política a más de un millón ciento ochenta mil personas. Lo cual me parece muy grave desde el punto de vista democrático.

Esta decisión de la Mesa es un error, una torpeza política, que lo único que hace es poner obstáculos en el camino del proceso de normalización política. Simultáneamente, quizás porque no tienen nada más que decir,  desde Upyd entraban en competiciones más propias de la época de Aznar y Mayor Oreja,  diciendo que iban a pedir nuestra ilegalización.

Desde Amaiur no vamos a caer en la trampa, no nos van a apartar de nuestro camino; es más vamos a seguir trabajando con más empeño si cabe en la defensa de la voz, la palabra y el derecho a la decisión de la sociedad vasca. Y lo vamos a hacer con seriedad, con responsabilidad y con fundamento. Con esa misma seriedad y fundamento hemos presentado un recurso ante la mesa en defensa de nuestro derecho a tener Grupo Parlamentario pues estamos convencidos de la solidez jurídica, además de política y democrática, de nuestros argumentos.

Y para que se vea que no son palabras de ocasión transcribo a continuación el recurso en su integridad:

A LA MESA DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, en su nombre y en el de los demás diputados que mostraron su disposición para conformar el Grupo Parlamentario AMAIUR, ante la Mesa del Congreso de los Diputados, comparece y como mejor proceda DICE:

Que les ha sido notificado la resolución adoptada por la Mesa en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2011 por la que se acuerda “DENEGAR la constitución del Grupo Parlamentario que se solicita”

Que al amparo el artículo 31.2 del vigente Reglamento de la Cámara solicitan la reconsideración del mencionado acuerdo, ya que considera que les ha sido vulnerados los derechos fundamentales reconocidos en los arts. 14 y 23.1 y 2 de la Constitución, todo ello con base en las siguientes

A L E G A C I O N E S :

Primera.-Lo primero que hay que recordar a este respecto es que, como indica el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 3 de la Sentencia 64/2002, de 11 de marzo, las facultades que a la Mesa de la Cámara le corresponden en orden a la formación de los Grupos Parlamentarios son de carácter reglado, debiendo circunscribirse a constatar si la constitución del Grupo Parlamentario reúne los requisitos reglamentariamente establecidos, debiendo rechazar en caso de incumplimiento de aquellos requisitos, salvo que resulten subsanables, la pretensión de constituir Grupo Parlamentario.

.

La potestad reglada es aquella que se halla debidamente normada por el ordenamiento jurídico; y por ello el margen de valoración, apreciación o variación por el órgano administrativo es nulo en consecuencia. Es la misma ley o norma que la regula la que determina cuál es la autoridad que debe actuar, en qué momento y la forma como ha de proceder, por lo tanto no cabe que la autoridad pueda hacer uso de una valoración subjetiva, por tanto, la decisión en qué consista el ejercicio de la potestad es obligatoria en presencia de dicho supuesto y su contenido no puede ser configurado libremente por la Administración, sino que ha de limitarse a lo que la propia Ley ha revisto sobre ese contenido de modo preciso y completo.

Por el contrario la potestad discrecional otorga un margen de libertad de apreciación de la autoridad, quien realizando una valoración un tanto subjetiva ejerce sus potestades en casos concretos.

De esta forma, la Mesa no puede convertir esa facultad reglada –verificar la concurrencia de los requisitos para la formación de un Grupo Parlamentario- en una facultad discrecional, procediendo a una nueva interpretación del Reglamento que vaya en contra del principio de interpretación más favorable a la constitución del mayor número de Grupos Parlamentarios que tradicionalmente se ha mantenido en la Cámara.

La Mesa ha realizado una interpretación absolutamente discrecional del artículo 23 del Reglamento amparándose en el contenido de un documento que no es propiamente un informe jurídico. No puede ser tal un escrito que no lleva ni firma de letrado identificable, ni membrete de la Asesoría jurídica, ni está fechado, ni contiene propuesta de resolución.

Pues bien, en este documento o nota se ha amparado la mesa para en lugar de respetar lo que es una mera potestad reglada, ejercer unas “facultades de interpretación de la legalidad parlamentaria”.

A partir de ahí la Mesa, efectivamente, en lugar de llevar a efecto un procedimiento de verificación del cumplimiento de los requisitos procede a reinterpretar el artículo 23, obteniendo dos conclusiones:

a).-que la exigencia del porcentaje de votos o respaldo electoral que se establece en el inciso del artículo 23.1 del Reglamento, únicamente puede ser entendida como referida a las candidaturas presentadas por las formaciones políticas, y no a las personas concretas que integran dichas candidaturas.

b).- que si los requisitos son predicables de la formación, y en este sentido el artículo 23 del Reglamento se refiere a “formaciones políticas que (…) hubieren obtenido (…) el 15 por ciento de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura (…)”, podría considerarse que entran en juego los resultados globales de la formación en las distintas circunscripciones, sin que parezca razonable la posibilidad de excluir los resultados obtenidos por esa formación en una determinada circunscripción, ya sea por ausencia de la firma del Diputado elegido en dicha circunscripción, ya sea porque dicho Diputado no ha perfeccionado aún su condición.

En conclusión con lo anterior, la Mesa, haciendo suyo el contenido del documento o nota, reconoce - que ha “variado su interpretación de los requisitos establecidos en el Reglamento”, pretendiendo justificar variación de criterio en el ejercicio de la función calificadora, lo cual no es admisible en derecho, ya que dicha función de verificación del cumplimiento de los requisitos no le permite modificar lo que hasta ahora era un criterio consolidado, defendido incluso por el propio Grupo Parlamentario que ahora ostenta la mayoría absoluta de la Mesa.

Además, merece destacarse que entre el documento o nota (apartado 8, segundo párrafo) y el último considerando del escrito que se nos ha notificado hay una sutil diferencia que entendemos tiene una trascendencia jurídica capital, lo cual, además, pone de manifiesto que la Mesa ha ido más allá de la mera función reglada que debiera de haber desempeñado.

Así en el documento o nota del pretendido informe jurídico se dice:

““el número de votos necesarios para alcanzar el 15% debe referirse a la formaciones políticas que han presentado candidatos y no a los candidatos individualmente considerados y, a su vez, puede entenderse referido a cada una de las circunscripciones en que han presentado candidaturas”

Por contra, en el acuerdo notificado, en el último considerando, la expresión “puede entenderse referido a cada una de las circunscripciones”” se ha transformado en que el citado porcentaje ”ha de obtenerse en cada una de las circunscripciones. Es decir, que lo que para quien redacto el documento o nota jurídico era una posibilidad, para la mayoría de la Mesa se ha convertido en una exigencia legal.

Lo que para quien redactó el escrito del informe era una posibilidad –que el 15% de los votos se interpretara referido a cada una de las circunscripciones- en la nueva interpretación de la Mesa se ha convertido en una obligación legal: “ha de obtenerse”.

La consolidación de la sede parlamentaria como un ámbito idóneo para la expresión del pluralismo dota de relevancia jurídica, y no sólo política, a la adscripción política de los representantes y, en consecuencia, “esa adscripción no puede ser ignorada, ni por las normas infraconstitucionales que regulan la estructura interna del órgano en que tales representantes se integran, ni por el órgano mismo, en las decisiones que adopte en el ejercicio de su facultad de autoorganización”. (STC 32/1985, FJ 2).

Como recuerda el Alto Tribunal en su jurisprudencia, no cabe duda alguna de que la facultad de constituir Grupo Parlamentario, en la forma y con los requisitos que el mismo Reglamento establece, corresponde a los parlamentarios, y que dicha facultad pertenece al núcleo de su función representativa parlamentaria, pues, dada la configuración de los Grupos Parlamentarios en los actuales Parlamentos, y, en concreto, en el Congreso de los Diputados, como entes imprescindibles y principales en la organización y funcionamiento de la Cámara, así como en el desempeño de las funciones parlamentarias y los beneficios que conlleva la adquisición de tal status, aquella facultad constituye una manifestación constitucionalmente relevante del ius in officium del representante.

Esta facultad se ha visto impedida en su ejercicio por una interpretación errónea de la Mesa del contenido del artículo 23.1, al entenderse que en el mismo se exige que el porcentaje de votos se refiere a cada una de las circunscripciones donde se haya presentado candidatura, y no al conjunto de las mismas. Ante la existencia de la duda, la nueva interpretación del Reglamento que hace la mayoría de la Mesa se inclina por una interpretación restringida, cuando la jurisprudencia constitucional ha dejado sentado que la interpretación de los derechos fundamentales tiene que hacerse siempre en sentido favorable a su ejercicio. En el presente caso, ante la posible duda –la cual para nosotros no existe tal como luego pondremos de manifiesto- en torno a en qué marco debe de exigirse el 15% (en el conjunto de las circunscripciones o en cada una de ellas), la Mesa tenía que haberse inclinado por una interpretación pro constitución del grupo, ya que esa es la más favorable a los derechos reconocidos en el artículo 23.1 y 2 de la CE. Esa misma interpretación más favorable es además la que mejor garantiza el pluralismo político que inspira la norma constitucional.

Segunda.- Debe tenerse presente que el Reglamento del Congreso establece, a propósito de la constitución de los Grupos Parlamentarios, una regla general, según la cual “los Diputados, en número no inferior a quince, podrán constituirse en Grupo Parlamentario” (art. 23.1). A esta regla general, el mismo precepto, en su segundo inciso, adiciona una regla alternativa o subsidiaria para permitir la formación de Grupos Parlamentarios cuando no se alcance el número mínimo de quince diputados, al disponer que “podrán también constituirse en Grupo Parlamentario los Diputados de una o varias formaciones políticas que, aun sin reunir dicho mínimo, hubieren obtenido un número de escaños no inferior a cinco y, al menos, el quince por ciento de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura o el cinco por ciento de los emitidos en el conjunto de la Nación”.

Por tanto, la formación de grupos parlamentarios requiere la satisfacción de un doble criterio: reunir un mínimo de diputados y demostrar un respaldo electoral suficiente, bien en el conjunto del Estado, bien en el ámbito electoral en el que hubiesen presentado candidaturas. Esta fórmula alternativa pretende abrir dentro del Congreso de los Diputados la facultad de constituir grupos parlamentarios a fuerzas políticas minoritarias tanto estatales como con implantación territorial delimitada.

Discrepamos de la intepretación que la Mesa realiza de la doctrina derivada de la sentencia 64/2002, de 11 de marzo, dictada por el Tribunal Constitucional en lo relativo a quién es titular del derecho reconocido en el artículo 23.1 del Reglamento para la constitución de grupos parlamentarios.

Como dice el Tribunal en la mencionada sentencia (FJ 5) la exigencia del porcentaje de votos o respaldo electoral que establece el segundo inciso del art. 23.1 RC, en una interpretación del mencionado precepto reglamentario coherente con la configuración constitucional del sistema electoral, únicamente puede ser entendida como referida a las candidaturas presentadas por las formaciones políticas en aquellas circunscripciones en que hubieren concurrido a las elecciones y en las que figuran y han sido elegidos los Diputados que pretenden constituir Grupo Parlamentario.

Sólo los diputados que firmaban el escrito manifestando su voluntad de constituir el Grupo Parlamentario AMAIUR son quienes tienen la titularidad del derecho, y sólo debiera de computarse el porcentaje de votos que obtuvieron las candidaturas presentadas en las circunscripciones en las que fueron elegidos.

En definitiva, ha de concluirse, que el porcentaje del quince por ciento de los votos que establece el segundo inciso del art. 23.1 RC debe entenderse referido a las candidaturas presentadas por las formaciones políticas en las circunscripciones en que las que hubieran concurrido a la contienda electoral y en las que han resultado elegidos los Diputados que manifiestan su voluntad de constituir Grupo Parlamentario.

Han sido seis concretos diputados los que han manifestado su voluntad de constituir un grupo parlamentario y, por tanto, deberá de computarse el porcentaje de votos que dichos parlamentarios hayan obtenido en sus respectivas circunscripciones, no de forma personal, sino como dice el Tribunal Constitucional, referido a las candidaturas en las que resultaron elegidos. Sin que sea posible contemplar los resultados por una candidatura de otro diputado que todavía no ha alcanzado la condición plena como tal.

Tercera.-En todo caso, consideramos que los seis diputados cumplen los requisitos previstos en el mencionado articulo 23.1 ya que la Coalición Electoral formada por los partidos políticos Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternatiba Eraikitzen, denominada AMAIUR, obtuvo en las pasadas elecciones a Cortes Generales más de 5 diputados, y más del 15% de los votos correspondientes a las circunscripciones en las que presentó candidatura, en concreto, el 22% de los votos válidos de las provincias de Bizkaia, Araba, Gipuzkoa y Nafarroa.

Entendemos que el cómputo del 15% de los votos válidos obtenidos se refiere al conjunto de las circunscripciones donde se presentaron candidaturas y no al 15% en cada una de ellas, en razón de criterios de interpretación jurídica del artículo 23.1 citado y por los precedentes parlamentarios existentes sobre el tema.

El propio escrito presentado por el Presidente como informe jurídico llega a establecer –tal como hemos indicado anteriormente- que ese requisito “puede entenderse referido” a cada una de las circunscripciones en que se ha presentado candidatura, pero sin llegar a afirmar categóricamente –como si lo expresa la Mesa en su acuerdo- que dicho porcentaje deba de obtenerse en cada una de ellas.

La doctrina constitucionalista se ha pronunciado con claridad sobre ello, así el profesor Jesús María Morales Arroyo , en un trabajo titulado “La Realidad y la Ficcion en las Normas Sobre la Constitucion de los Grupos Parlamentarios”, manfiestó que:

Los términos en los que se encuentra redactada la norma han exigido alguna interpretación. Mientras que el mínimo de escaños que se precisa no plantea dudas; sí, en cambio, las referencias a “una o varias formaciones políticas” y la determinación de cómo debía computarse el “15 por 100 de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura”. Respecto al primer enunciado, la Presidencia del Congreso viene entendiendo que sólo se pueden acumular para el cómputo, cuando se trata de más de una formación política, los votos obtenidos por aquellas fuerzas electorales que han alcanzado representación dentro de la Cámara, es decir, al menos un diputado, salvo que exista una coalición formalmente constituida en alguna de las circunscripciones y sea ésta la que carezca de representación 10. Y, sobre la segunda duda, desde los inicios de la Tercera Legislatura parece entenderse que el porcentaje del 15 por 100 de los votos se computa entendido como la media de votos obtenida en el conjunto de las circunscripciones en las que la fuerza o fuerzas políticas han presentado candidaturas, aunque en alguno de los distritos no se haya alcanzado ese mínimo.”

El artículo 23.1 no dice expresamente que el porcentaje del 15% deba de obtenerse en cada una de las circunscripciones, por lo que la nueva intepretacíón de la Mesa carece de respado legal, ya que el precepto reglamentario se refiere “a las circunscripciones en que hubieran presentado candidatura”, refiriéndose al conjunto de las mismas.

El escrito del informe jurídico en su punto 8 reconoce que la Mesa “ha variado su intepretación de los requisitos establecidos en el Reglamento”, apartándose de los pronunciamientos e intepretaciones –ya consolidadas- que en otras legislaturas la Mesa del Congreso ha realizado. La Mesa ha tenido la oportunidad de pronunciarse ante situaciones similares y la interpretación que ha realizado sobre este particular ha sido siempre favorable a considerar el conjunto de los votos obtenidos por el partido o coalición en las circunscripciones en las que se hubiere presentado, no en cada una de ellas.

La Mesa en su acuerdo, en ningún momento, explicita como debiera por qué se produce el cambio de interpretación del artícu 23.1, cuando los precedentes desde hace muchas legislaturas son contrarios a esa nueva interpretación. La Mesa debía de haber exteriorizado la justificación jurídica que le ha llevado a plantear una interpretación radiclamente distinta a lo que hasta este momento se hacía –incluso en algunas ocasiones por el propio Grupo Parlamentario Popular-. Se desconoce qué argumentos jurídicos sustentan ese variación en la interpretación, ya que de la sentencia del Tribunal Constitucional 64/2002, en modo alguno de deduce que el requisito del 15% deba de ser exigido en cada una de las circunscripciones donde se hubieren presentado las candidaturas. Esta falta de exteriorización de las razones o argumentos jurídicos que sustentan la nueva interpretación pone de manifiesto que nos encontramos ante una decisión política, ajena a parámetros jurídicos que la fundamenten y basada exclusivamente en los prejuicios que el Partido Popular pueda tener hacia la coalición electoral AMAIUR, de forma que la decisión se ha tomado en base a razones políticas y no jurídicas.

Los acuerdos que hasta el momento había adoptado la Mesa son importantes, ya que constituyen parte del derecho consuetudinario de la Cámara y expresan la voluntad continuada que la Mesa del Congreso viene expresando a la hora de interpretar el artículo 23.1 del Reglamento. Del mismo modo, constituyen el parámetro con el que se deben de confrontar las comparaciones entre situaciones de hecho similares, ya que evidencian un trato desigual a lo que es idéntico en términos jurídicos, implicando ello una flagrante violación del artículo 23.2 de la Constitución, en relación con el artículo 14 de la misma norma, máxime cuando lo que se plantea no es un trato igual en la ilegalidad, sino dentro de la intepretación más conforme con el derecho fundamental en juego.

Así, se pueden citar citar los siguientes precedentes que evidencian :

1).-La Mesa adoptó sendos acuerdos al inicio de las IV, V, VI y VII Legislaturas, interpretando que el Partido Nacionalista Vasco había obtenido más del 15% de los votos obtenidos en las cuatro circunscripciones en las que se presentó, pese a que en una de ellas -Navarra- no había alcanzado dicho procentaje, los porcentajes obtenidos fueron:

-Elecciones generales 1.989: en la circunscripción de Navarra el 0,92%, y en el conjunto de las cuatro circunscripciones donde se presentó el 15,46%

-Elecciones generales 1.993: en la circunscripción de Navarra el 1,14%, y en el conjunto de las cuatro circunscripciones donde se presentó el 16,00%.

- Elecciones generales 1.996: en la circunscripción de Navarra el 0,97%, y en el conjunto de las cuatro circunscripciones donde se presentó el 17,52%.

- Elecciones generales 2.000: en la circunscripción de Navarra el 2,16%, y en el conjunto de las cuatro circunscripciones donde se presentó el 21,21%.

En todas estas legislaturas los diputados electos en las listas del Partido Nacionalista Vasco constituyeron grupo parlamentario, pese a que en un de las circunscripciones donde presentaron canditarura no alcanzaron el 15% de los votos –no por unas décimas sino por una gran diferencia- ya que la interpretación de la Mesa fue la de considerar el conjunto de los votos obtenidos en las circunscripciones, no en cada una de ellas.

2.-VIII Legislatura: Acuerdo de la Mesa de 14 de abril de 2004 por el que se desestimó la petición del Grupo Parlamentario Popular de reconsiderar el acuerdo adoptado el día anterior por el que se tenía por consituido el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Cataluña.

Este precedente es importante por dos razones:

-una primera, porque el mismo fue validado en su contenido por el Tribunal Constitucional por medio del Auto nº 262/2007, de 25 de mayo, inadmitiendo el recurso de amparo que el Grupo Parlamentario Popular interpuso;

-una segunda, que se refiere a la interpretación que el propio Grupo Parlamentario Popular hacía de los requisitos del art.23.1 y en especial de la obtención del 15% de los votos en el conjunto de las candidaturas en las que el partido político se hubiere presentado. Se señalaba en el recurso ante la Mesa que en las siete circunscripciones en que se presentaron candidaturas (las cuatro provincias catalanas y las tres de la Comunidad Valenciana) ERC “obtuvo un 9,87 por 100 de los votos atribuidos a candidaturas y un 9,76 por 100 de los votos válidos“, porcentajes que quedan muy lejos del 15 por 100 exigido por el art. 23.1 del Reglamento. El Grupo Parlamentario Popular sostenía que los votos a computar para el cálculo de15% no eran los del conjunto de las circunscripciones donde se habían obtenido los diputados, 4 sino del conjunto de las circunscripciones donde se presentaron, 7, En ningún momento se defendía por ese Grupo Parlamentario que la razón para denegar la constitución era que debía de obtenerse el 15%, como mínimo, en cada una de las circunscripciones donde se presentó ERC, sino que en el conjunto, no se llegaba al 15%. La Mesa del Congreso realizó una interpretación más flexible que la que se defiende por los diputados firmantes ya que interpretó que el 15% debía de alcanzarse en el conjunto de las circunscripciones donde ERC obtuvo diputados, ya que, incluso en una de ellas, Barcelona, el pocentaje de votos alcanzado fue del 14,09%, por tanto, ni siquiera en cada una de las cuatro circunscripciones de Cataluña en las que se obtuvo representación se alcanzó el 15%.

En todo caso, lo significativo es que el Grupo Parlamentario Popular sostenía que el 15% debía de computarse en el conjunto de las circunscripciones donde se había presentado el partido cuyos diputados pretendían constituir un grupo parlamentario, siendo esa la interpretación los representantes de ese Grupo defendieron en la VII Legislatura –donde tenían mayoría en la Mesa- para reconocer el Grupo Parlamentario del PNV, tal como se ha indicado anteriormente. En los comienzos de esa VII Legisltatura –año 2000- los miembros del Partido Popular no tuvieron ningún problema para intepretar que el 15% se refería al conjunto de las circunscripciones en donde se había presentado el Partido Nacionalista Vasco, pese a que en una circunscripción no había llegado –ni de lejos- a dicho porcentaje. El Reglamento era el mismo y los requisitos también, sin embargo, la interpretación fue no sólo mucho más flexible sino radiclamente distinta, lo que evidencia que el acuerdo cuya reconsideración se plantea tiene un fundamento, exclusivamente, político.

Reseñables son los argumentos que la Mesa empleó en este acuerdo de 14 de mayo de 2004 para desestimar la reconsideración solicitada por el Grupo Parlamentario Popular y que son de plena aplicación al presente caso:

1. La interpretación del Reglamento Parlamentario corresponde a la Mesa, que según la jurisprudencia constitucional debe realizar siempre la interpretación que resulte más favorable al derecho de los Diputados a constituir grupos parlamentarios

1. De acuerdo con la STC 64/2002, de 11 de marzo, este derecho corresponde a los Diputados y no a las formaciones políticas a que pertenecen, lo cual conlleva que los requisitos para constituir grupo parlamentario deben exigirse a los primeros, lo que, a su vez, implica que las circunscripciones que deben ser tenidas en cuenta a estos efectos son aquellas en las que han resultado elegidos los Diputados que desean formar un grupo parlamentario. Sobre la base de estos criterios, y en la medida en que ERC había obtenido más del 15% de los votos en el conjunto de las circunscripciones en las que ha obtenido representación y que han sido ocho los Diputados de esta formación que habían expresado su voluntad de integrarse en ese Grupo Parlamentario, la Mesa acordó desestimar la solicitud de reconsideración del Acuerdo.
2. La constitución de este Grupo no produce perjuicio alguno a los derechos de ningún otro grupo y, sin embargo, podría producir distorsiones en el funcionamiento de la Cámara su incorporación al Grupo Mixto.
3. Es obligación de la Mesa de la Cámara amparar el pluralismo político, que en el Parlamento ha de ser reflejo de lo expresado por la voluntad popular.

A la vista de estos precedentes, creemos que hay que reseñar lo que el Tribunal Constitucional manifestó en la mencionada sentencia nº 64/2002 sobre la aplicación de los precedentes y su posible comparación:

“Frente a tales alegaciones, tanto el Letrado de las Cortes Generales, que actúa en representación del Congreso de los Diputados, como el Ministerio Fiscal se oponen, también en este extremo, a la estimación de la demanda de amparo, al entender que los términos de comparación aportados por los recurrentes no son válidos a efectos del juicio de igualdad, pues se refieren a supuestos distintos al ahora considerado, en los que no concurría en la constitución de los Grupos Parlamentarios la circunstancia impeditiva que no ha hecho posible la constitución del Grupo Parlamentario Galego (BNG).

Planteado el problema en tales términos, cabe abordarlo partiendo de que es doctrina constitucional reiterada que, cuando de la igualdad en el acceso a cargos públicos se trata, el genérico mandato de igualdad en todos los sectores del ordenamiento jurídico, previsto en el art. 14 CE, se ve reconducido y subsumido, como de manera correcta se hace en la demanda de amparo, en el específico ámbito del art. 23.2 CE, de no mediar uno de los criterios sospechosos de diferenciación recogidos en el art. 14 CE (STC 36/1990, de 1 de marzo, FJ 2, por todas). De modo que la existencia de precedentes en sentido contrario a los Acuerdos impugnados sólo puede ser argumento para sostener la infracción del derecho fundamental reconocido en el art. 23.2 CE si tales precedentes pueden considerarse integrados en la Ley que ha de ser aplicada en condiciones de igualdad para el acceso al cargo o función pública o la permanencia en aquél o en ésta (SSTC 36/1990, de 1 de marzo, FJ 2; 119/1990, de 21 de junio, FJ 3; 149/1990, de 1 de octubre, FJ 5; 205/1990, de 13 de diciembre, FJ 3; 207/2001, de 23 de abril, FJ 2).

Sin desconocer la trascendencia de los precedentes o usos parlamentarios, no es necesario ahora detenerse a dilucidar su significado normativo, a la luz de una aplicación igual de la Ley, ya que los supuestos de hecho aportados por los demandantes de amparo como término de comparación no guardan con el caso aquí enjuiciado la identidad que todo juicio de igualdad requiere.”

Los supuestos de hecho que se aportan sobre la interpretaación del requisito del 15% de los votos y el que concurre en el presente caso son idénticos, por lo que la Mesa no puede decir que no hay que tenerlos en cuenta, ni que son distintos. En todos los casos planteados las fuerzas políticas implicadas no obtuvieron el 15% de los votos en todas y cada una de las circunscripciones donde presentaron candidaturas y a pesar de ello se aceptó la constitución del respectivo grupo parlamentario ¿por qué? Porque la Mesa siempre ha intepretado –hasta ayer- que el 15% se refería al cojunto de las circunscripciones, requisito que cumple la Coalición Electoral AMAIUR, ya que obtuvo el 22% en el conjunto de Bizkaia, Araba, Gipuzkoa y Nafarroa.

Incluso si se aplicaran - desde un punto de vista matemático - las normas que sobre el redondeo intenacionalmente están aceptadas, la reducción a un sólo decimal implicaría que se obtuvo el 14,9% de los votos (14,86 = 14,8), y si se llegara reducir dicho poprcentaje al número entero más cercano habría que reconocer que equivale al 15%.

En definitiva, lo que se quiere resaltar es que se ha hecho una interpretacion del artículo 23.1 totalmente arbitraria, que contradice la interpretación que hasta ahora ha venido haciendo la Mesa del citado precepto reglamentario, que además va en la dirección contraria al principio de interpretación más favorable a la constitución del mayor número de Grupos Parlamentarios que tradicionalmente se ha mantenido en la Cámara, todo lo cual supone la vulneración e intento de marginación de una coalición electoral que representa el 22% del electorado de cuatro provincias, es decir a un total de 334.498 ciudadanos y ciudadanas.

Por cuanto antecede,

SOLICITAN A LA MESA: que tenga por presentado el presente ESCRITO DE RECONSIDERACIÓN del acuerdo de denegación de la constitución del Grupo Parlamentario AMAIUR, y en su mérito, proceda a revocarlo dando por constituido el mencionado Grupo Parlamentario.

En Madrid a 16 de diciembre de 2.011

Podemos decir, sin que en esta ocasión se un tópico, que estamos viviendo momentos históricos en la vida de nuestro País. Mientras se escriben y, con toda seguridad, mientras se leen estas líneas se están produciendo pronunciamientos y acontecimientos que de forma cada vez más acelerada nos conducen a una nueva etapa histórica en que la dicotomía “estrategia de la violencia-represión” va a dejar de ser la protagonista en el devenir político, cultural, social y económico de Euskal Herria, para dejar paso a la confrontación democrática entre los diversos planteamientos y proyectos políticos que tengan el respaldo de la ciudadanía.

Ante este nuevo panorama surge la pregunta lógica de cual va a ser la re-ubicación de los diferentes movimientos políticos y, en concreto, hacia donde va a deslizarse la sociedad vasca desde el punto de vista de la conciencia e identidad nacional. Creo que desde el punto de vista abertzale, la clave en esta nueva etapa se sitúa tanto en la capacidad de análisis de la historia y de la presente realidad vasca, como en la capacidad de romper tópicos, aunar fuerzas y emprender nuevos caminos.

Tradicionalmente se ha tendido a situar los problemas y los obstáculos al ejercicio de la libre determinación de la sociedad vasca en Madrid y en París, como si esos ámbitos políticos fuesen los únicos responsables de todos nuestros males y frustraciones políticas. En esta línea argumental se han planteado los conflictos armados y los enfrentamientos violentos – por no irnos más lejos en el tiempo, desde las guerras carlistas, a la guerra del 36 o a la estrategia violenta de ETA- como una lucha entre Euskal Herria y España. Sin dejar de ser cierto que en todas esas guerras, conflictos y enfrentamientos existía un componente diferencial con respecto a otros ámbitos geográficos -lo que hoy llamamos conflicto de soberanías nacionales-, no deja de ser cierto también que esas guerras, conflictos y enfrentamientos han sido también conflictos civiles entre vascos: vascos eran quienes combatían en las tropas carlistas y en las tropas liberales; vascos eran las personas que componían los batallones de gudaris del PNV y de ANV, los de socialistas, comunistas o anarquistas, y vascos eran los que componían los batallones de requetés que impulsaron el golpe fascista; vascos eran los miembros de ETA y vascos eran muchas de las personas que sufrieron los atentados, violencias y extorsiones.

Por esta razón pienso que el problema, el obstáculo definitivo que ha bloqueado la resolución del problema político de fondo, no ha estado en Madrid o en París, sino que ha estado en el seno de la propia sociedad vasca, en su profunda división interna. División no sólo entre las identidades nacionales vasca y española, sino -sobre todo en los últimos años- fundamentalmente en el seno del abertzalismo político y sociológico que le ha impedido ser motor de la superación del conflicto político de fondo.

En ese escenario de división quien se ha movido con comodidad política ha sido siempre el Estado, mejor dicho el “establishment”, ese poder establecido que como mucho -siguiendo el principio del príncipe Salinas- ha admitido pequeños cambios para que todo siguiese igual: abrió la puerta de las autonomías, enjaulando las aspiraciones de Cataluña, Euskal Herria y Galicia con la aplicación del “café para todos”, para cerrar la puerta del autogobierno y la autodeterminación. A la vez, desde los ámbitos mediáticos que controlaban han ido azuzando la división interna, en nuestro caso de la sociedad vasca, azuzando el fantasma de las dos comunidades y del peligro del enfrentamiento civil.

Desde esta perspectiva, el esfuerzo y el trabajo que han realizado durante los últimos años eusko alkartasuna y la izquierda abertzale para superar las limitaciones de la historia pasada y poner las condiciones para hacer posible una estrategia política común, han abierto un camino de solución del conflicto político de fondo y de expansión del abertzalismo político en el seno de la sociedad vasca.

Este esfuerzo de unidad de acción por vías exclusivamente políticas que ha seguido expandiéndose y sumando otras fuerzas políticas como Alternativa y Aralar, tiene ya una tremenda potencialidad política para cambiar radicalmente las dinámicas de división seguidas hasta ahora. Esa potencialidad se convertirá en realidad, siempre y cuando seamos capaces de romper los esquemas de división interna de la sociedad vasca.

Para lograrlo en el ámbito abertzale tendremos que convencer al PNV para que abandone su estrategia cortoplacista de control del poder y sume su esfuerzo y trabajo en una estrategia soberanista integradora; y en el ámbito españolista habrá que convencerles también para que, con independencia de su legítima identidad nacional -que siempre será respetada-, sumen también sus esfuerzos para construir una sociedad vasca más justa y solidaria, que de respuesta a las necesidades de la ciudadanía, a sus aspiraciones legítimas, en clave social y democrática, comprometiéndose a respetar -como hacemos los abertzales- la voz , la palabra y la decisión de la sociedad vasca.

La independencia de Euskal Herria en Europa es posible si conseguimos romper los tradicionales esquemas de división política y social que han existido hasta ahora en el seno de la propia sociedad vasca. De momento hemos comenzado por buscar la unidad de acción en el ámbito abertzale y hemos incoado también la unidad de acción con sectores progresistas no abertzales, como es el caso de Alternativa, demostrando que es posible avanzar juntos y hacer País y sociedad juntos. Ya existe un potente motor en marcha para construir Euskal Herria de otra manera y alimentar la esperanza de que ese nuevo tiempo político y social es posible.

Hoy se cumplen diez años del asesinato de Jorge Adolfo Freytter Romero

Durante este tiempo esta familia ha tenido que luchar para sobrevivir, para conseguir que no se olvidase un hecho tan terrible, para lograr que se abriese camino la verdad, para que se hiciese justicia. Ha habido avances, incluso condenas, pero todavía no se ha hecho la luz, no se ha llegado al fondo, no se ha abordado la reparación exigible moralmente en justicia.

Esta lucha continúa pues la amenaza del olvido, la obsesión por el oscurecimiento de la verdad, los obstáculos para impedir que se haga justicia siguen presentes, aunque ahora camuflados tras bellas palabras y la indiferencia de un Estado que aboga por el olvido pues le incomoda una realidad que, aunque se resista a reconocerlo, ha nacido de sus entrañas.

Y en esta lucha no deben estar solos, tenemos la obligación moral de acompañarles, de ayudarles, de sumarnos a ese clamor -potente aunque sólo surgiese de una sola boca- de exigencia de justicia. Justicia que empieza por el esclarecimiento de la verdad, por el reconocimiento del dolor causado, por la asunción de responsabilidades por parte de un Estado que cobijó en su seno a las personas que cometieron tal barbaridad.

Debemos rebelarnos ante la tentación del olvido, ante la comodidad de seguir la corriente del viento dominante del “establishment”; debemos alzar nuestra voz solidaria si queremos salvaguardar un principio ético fundamental para una convivencia humana, democrática: el fin nunca justifica los medios.

Desde Euskal Herria, que ha sido tierra de acogida para un hijo de esta querida familia, y donde desgraciadamente tanto sabemos también de dolor injustamente causado por la violencia de diferentes orígenes y agentes que olvidaron ese principio ético fundamental, queremos unir nuestra voz a esa exigencia de verdad, dignidad y justicia, que son la base sólida sobre la que construir un escenario de reconciliación que abra camino al perdón y posibilite un futuro del que todas las personas puedan participar en paz, justicia y libertad.

Esta mañana, en esos quince minutos de silencio volvía a recordar aquella conversación y veía que seguían teniendo sentido los conceptos, las ideas que Joxe Mari transmitía con pasión, con la pasión del convencimiento y de la experiencia: el trabajo tenaz, esforzado, comprometido; el diálogo; el respeto al otro, la aceptación de la diferencia. Y, con estos recuerdos, volvía a reforzar el compromiso de seguir trabajando con tenacidad para conseguir que la Paz sea una realidad cuanto antes, siguiendo el propio camino sin miedo al que dirán.

Esto del que dirán ha estado y esta muy presente en los últimos años. De EA primero, de Bildu después, se ha dicho de todo. Últimamente se ha puesto de moda que todos exijan a Bildu pasos, pronunciamientos, actuaciones,….. como si la historia comenzase hoy por la mañana y acabase hoy por la tarde. Hay quienes -a pesar de su pasado bien en el ámbito abertzale, bien en el españolista, bien en el franquista- incluso nos quieren dar lecciones de compromiso con la defensa de los derechos humanos y la democracia a quienes siempre lo tuvimos claro y nunca empuñamos un arma. Más útiles serían para el País si en vez de lanzar exigencias a diestro y siniestro, se concentrasen en ver que hacen ellos para que ETA acabe definitivamente y la Paz sea una realidad cuanto antes.

En EA llevamos ya veinticinco años trabajando con seriedad y tenacidad en ello; en Bildu llevamos ya unos cuantos meses -con un trabajo previo largo e intenso- demostrando que se va avanzando. Y si alguien tiene dudas, que consulte las hemerotecas para ver lo que decían unos y otros hace año y medio, y comprobará que los malos augurios y piadosos comentarios que se referían a la ingenuidad de EA, a su debilidad,… se han difuminado por su propia falta de peso y escaso fundamento.

Pero no nos dormimos en los laureles, vamos a seguir trabajando con la misma tenacidad y seriedad para conseguir la normalización política, la pacificación, cuanto antes, contando con todos -aunque algunos todavía no quieran contar con nosotros-, defendiendo la pluralidad, con una visión incluyente del País.

Seguiremos avanzando, sin miedo al que dirán, con el ritmo que nos hemos marcado porque creemos que es el más adecuado para avanzar con seguridad y rapidez hacia el objetivo que todos queremos: poder vivir en Euskal Herria con libertad, sin exclusiones, sin limitaciones de derechos, respetando y defendiendo la dignidad de cada persona sin ningún tipo de discriminación.

Rafa Larreina (Gasteiz, 1956) pertenece a la Ejecutiva de Eusko Alkartasuna desde su fundación. Parlamentario vasco entre 1990 y 2009, apuesta firmemente por el paso dado por su partido de integrarse en la coalición Bildu junto a Alternatiba e independientes

JAVIER NÚÑEZ - Domingo, 17 de Julio de 2011

Gasteiz. Rafa Larreina defiende que Euskal Herria se encuentra ante un nuevo tiempo político.

La actualidad nos sitúa en el último comunicado de ETA. ¿Cómo lo valora?

No han dicho lo que quería todo el mundo, pero yo tampoco esperaba que lo dijesen. Este comunicado lo que nos muestra es que ETA va por detrás de la sociedad. Intentan justificar su propia posición de ir a remolque con un planteamiento retórico. Creo que no acaban de asumir el planteamiento de la mayoría abertzale de este país.

¿Va a haber un comunicado final o ETA se irá diluyendo en el tiempo?

No sé si va a llegar o no, pero lo importante, y es la apuesta de Eusko Alkartasuna, es que hay que hablar y teorizar menos sobre cómo será el final de ETA y trabajar más para que la violencia desaparezca de forma definitiva. Creo que el PP y el PSOE se están refugiando en eso, en la retórica.

En su escrito se arrogaba como valedor del éxito de Bildu sin mencionarlo de forma explícita.

Es su discurso. ETA ha estado siempre dando lecciones a todo el mundo y no ha aprendido ninguna. ETA puede decir lo que le de la gana, pero la sociedad vasca sabe que el éxito de Bildu se debe a la apuesta de mucha gente soberanista, de EA, de Alternatiba e independientes de la izquierda abertzale, que han apostado por la política dejando al margen a ETA. Es un esfuerzo que la sociedad ha sabido reconocer.

Con comunicado final o sin él, ¿la violencia tiene vuelta atrás?

Atentar es fácil, pero la razón por la que es muy difícil que vuelva a haber atentados es precisamente por eso: la sociedad vasca ha tomado la delantera y le ha dicho a ETA que se acabó. Y si alguien no va por vías políticas, se queda al margen de la sociedad abertzale.

Nadie duda del compromiso de EA contra la violencia de ETA. ¿Están igual de comprometidos sus compañeros de viaje?

Hay un problema de credibilidad, y creer es un acto de voluntad. Mucha gente, diga lo que diga la izquierda abertzale, no les van a creer. Todo el mundo es consciente de que se abre una nueva etapa política y ante ello ocurre lo que suele suceder en todo proceso de transición, hay un sector que tiene mucho miedo al cambio y en la política española hay pánico a la nueva etapa. Desde el momento que desaparece la violencia hay que poner argumentos encima de la mesa y son conscientes de que no tienen argumentos para contrarrestar los planteamientos soberanistas. Un buen ejemplo de ello es el discurso que mantiene desde hace años Jaime Mayor Oreja.

Brian Currin considera importante que la izquierda abertzale tenga un reconocimiento de las víctimas producidas por ETA.

En EA siempre hemos dicho que había que reconocer el dolor causado y ahí hay que señalar con claridad que la izquierda abertzale ya habló en Anoeta del reconocimiento de las víctimas. Es un tema en el que se va a avanzar. Con las gentes que he tratado de la izquierda aber-tzale lo tienen muy claro. Hay que reparar el dolor de cada víctima en su situación concreta y en las necesidades de cada una.

¿Fue grande la apuesta de EA al iniciar este viaje?

Sí, pero teníamos las ideas muy claras. La razón de EA es solucionar los problemas de este país y contribuir a lograr la independencia. Si hemos entrado en esa apuesta es porque teníamos garantías de que había un compromiso claro de avanzar por vías exclusivamente pacíficas y democráticas. Valía la pena intentarlo. En EA igual hemos sido demasiado idealistas a la hora de hacer política y defender nuestras ideas, fuese cómodo o no. En 2003 Otegi y yo mantuvimos un debate en el Parlamento Vasco y entonces le hice este planteamiento: “Estoy dispuesto a compartir listas con usted si es capaz de firmar conmigo el rechazo a la vulneración de los derechos humanos en general y el de ETA en concreto, sin injerencias del Gobierno español y de ETA”. En aquel momento no fue posible porque la izquierda aber-tzale todavía no había tomado su decisión con claridad. Ocho años después hemos conseguido que vayan al campo único de la política.

Dice que hay un compromiso por parte de la izquierda abertzale.

Hay un compromiso firme que no tiene vuelta atrás. Creo que la izquierda abertzale adquirió ese compromiso porque vio que EA ha sido coherente en el tiempo. Dijimos que mientras hubiera una estrategia político-militar era imposible llegar a acuerdos. El día que la izquierda abertzale tomó la decisión irreversible de apostar por la política hemos estado dispuestos a acompañar y ayudar. Con riesgos, pero con mucha responsabilidad.

Mucha gente, sin embargo, considera que Bildu ha sido la tabla de salvación de una EA a la que ya no le quedaba recorrido.

Ese es el discurso de los últimos 25 años. El día después del nacimiento de EA se dijo que no tenía recorrido. EA es un partido de bases, además de una base muy militante y muy activa. Una base que no se deja manipular por la dirección y si hubiese visto que no había ese compromiso de la izquierda abertzale, la dirección hubiera saltado por los aires a los cinco minutos. Si hubiésemos mirado en clave electoral, hace dos años, en las elecciones al Parlamento Vasco, podíamos haber hecho una fórmula parecida ya que había sectores de la izquierda aber- tzale dispuestos a ir con nosotros. Eso, sin embargo, hubiera ido en contra de nuestros principios.

¿Manejaban ustedes datos que les permitieran pensar en el buen resultado de Bildu?

Viendo el panorama de los últimos meses, y a través de contactos personales, se veía que íbamos a tener un buen resultado electoral, pero es verdad que ha sido mejor de lo que podíamos pensar. Eso lo que nos hace es reforzar la apuesta por este camino. Fue importante el resultado para ratificar la decisión.

¿Cómo valora lo sucedido en la constitución del ayuntamiento de Elorrio y la decisión de la alcaldesa de Andoain de no dejar entrar a los escoltas a edificios municipales?

Lo dije desde el primer día: lo de Elorrio me pareció fatal. Pero no se puede dar carta de naturaleza a una excepción entre más de 400 ayuntamientos. En Galicia tuvo que entrar la Guardia Civil en un ayuntamiento porque se estaban pegando. Lo que pasa es que aquí se está con la lupa ya que algunos parece que están deseando que ocurran hechos así. Por lo que respecta a las medidas adoptadas por la alcaldesa de Andoain, ya lo dijo el alcalde de Donostia y lo dije yo: la gestión estaba mal hecha, pero después se ha llegado a un acuerdo sin problemas. Había muchos ayuntamientos, ninguno gobernado por Bildu o por EA, en los que no entraban los escoltas y no pasaba nada.

El PP ha dicho que si logra acceder al Gobierno español emprenderá un proceso de ilegalización de los gobiernos de Bildu.

Ya veremos si lo hacen. Como el PP, en materia económica, no tiene alternativa al PSOE, y eso es la gran tragedia del Estado español, habla de Bildu. Como no tienen un discurso alternativo en esa materia, Bildu va a ser el centro de toda la campaña. Habría que hacer un llamamiento a PP y PSOE para que aborden los verdaderos problemas del Estado español, que no es Bildu. Cuando acabe la campaña se darán cuenta que no pueden actuar contra Bildu, porque Bildu no es ETA. Y es que, además, es Bildu quien está consiguiendo que ETA deje de existir.

¿Bildu va estar en las próximas elecciones generales?

Por supuesto. Y van a ser unos comicios muy importantes porque va a ser el ensayo del referéndum de la independencia. Tenemos el reto de demostrar al Estado que aquí hay una mayoría que es independentista en el conjunto de Hego Euskal Herria. Estamos convencidos de que Bildu va a lograr incluso un resultado mejor, puesto que la ciudadanía vasca tiene ganas de decirle basta al Estado.

¿Qué va a pasar si al final el Constitucional legaliza a Sortu?

Si Sortu es legal no habrá ningún problema. No va a cambiar nada. Eusko Alkartasuna dijo con total claridad antes de estas elecciones, cuando todavía no se sabía si iba a ser Sortu legal, que estábamos dispuestos a hacer la coalición con ellos. Cuando Sortu sea legal haremos la coalición con Sortu. Tenemos ya la marca Bildu, entonces para qué cambiarla. Sortu entrará en la coalición con EA, Alternatiba e independientes.

¿Qué papel le aguarda a Aralar? ¿Tiene sitio dentro de Bildu?

Aralar ha tenido un problema. Se ha dejado seducir por los cantos de sirena que le han lanzado por un lado desde el PNV diciendo que era la auténtica izquierda abertzale y desde el otro lado, de los ámbitos de Rubalcaba, que le decían que al final la izquierda abertzale tenía que hacer lo que han hecho ellos. En Bildu no ha habido ni hay ninguna animadversión contra Aralar. Si apuesta por una Euskal Herria independiente, por una política soberanista clara, no hay ningún problema para que colabore con Bildu.

Como alavés, ¿qué le parece lo sucedido en la elección del diputado general y la actuación de las representantes de Ezker Batua?

El planteamiento de la negociación me parece que fue muy incorrecto y triste. Hace daño al conjunto de la clase política porque da la sensación de que todos actuamos igual cuando no es así. Me produce tristeza por el fondo y por las formas, y me produce mucha más tristeza por mucha gente que conozco de base de Ezker Batua que lo están pasando muy mal. Yo creo que no se merecen lo que está sucediendo en su partido.