Gabon Zoriontsuak

opa dizuet zuri

eta zeure familia ososari,

Belengo Argiak

haibeste maite dugun

gure herri honetan

bakea eta laitasuna ereiten

lagunduko digun itxaropenez.

–o–

Te deseo a ti, y a toda tu familia,

unas Felices Navidades

y que el ejemplo de Belén

nos ayude a todos a vivir la solidaridad

y ser sembradores de Paz y de Alegría

en estos tiempos,

difíciles y a la vez esperanzadores,

que vivimos en nuestro País. ]]> http://www.larreina.net/201112/eguberri-zoriontsuak-2/feed http://www.larreina.net/201112/%e2%80%9cla-politica-penitenciaria-no-debe-formar-parte-de-la-politica-antiterrorista%e2%80%9d http://www.larreina.net/201112/%e2%80%9cla-politica-penitenciaria-no-debe-formar-parte-de-la-politica-antiterrorista%e2%80%9d#comments Thu, 22 Dec 2011 07:24:26 +0000 Rafa Larreina http://www.larreina.net/?p=1616 La publicación de la Fundación Leizaola “BAKEBIDEAN” recoge en su último número, dedicado a la actual situación política tras el anuncio del cese de su actividad por parte de ETA, una entrevista que reproduzco a continuación:

BAKEBIDEAN 2011- 11zbk.

Rafa Larreina, recientemente elegido diputado al Congreso de los Diputados por Amaiur y miembro histórico de Eusko Alkartasuna, apuesta por la aplicación de una política penitenciaria progresista que ayude a reintegrar en la sociedad cuanto antes a las personas que están en prisión, desde donde podrían contribuir a la reconciliación.

¿Cómo valora la situación creada tras el anuncio del cese definitivo de la actividad de ETA?

Con el anuncio del cese definitivo de la actividad armada por parte de ETA se abre una nueva etapa política y social que ha sido percibida como esperanzadora por la inmensa mayoría de la sociedad vasca. Podríamos decir que esto no ha hecho más que empezar y que queda un gran trabajo por delante que no va a estar exento de dificultades. Es importante empezar cuanto antes a poner en marcha el desarrollo de la declaración de Aiete. Una vez cumplido el punto 1 -que era el que exigía a ETA la declaración del cese definitivo es importante empezar a poner en marcha y desarrollar los puntos dos, tres y cuatro. El primero de ellos corresponde a ETA y a los Gobiernos español y francés, que son quienes deben ponerse a hablar para dar respuesta a los llamadas “cuestiones técnicas”: situación de los presos, entrega de armas, etc. Las fuerzas políticas debemos centrarnos en sacar adelante los puntos tres y cuatro: avanzar en el camino de la reconciliación en el seno de la sociedad vasca, buscando la reparación de todas las injusticias sufridas, sin excepciones; y buscar un nuevo consenso político que dé respuesta al problema político de fondo sobre la base del reconocimiento del derecho de la sociedad vasca a decidir su propio futuro y a ser consultada.

¿Qué pasos debería dar el nuevo Gobierno salido de las elecciones del 20-N?

Es una incógnita como va a reaccionar el Partido Popular. Si va a seguir en la línea de los últimos años, que es una línea guiada por la extrema derecha, tanto mediática como política, o por el contrario va actuar con eso que se denomina sentido de Estado y va a contribuir y a aportar positivamente a que ese nuevo escenario de normalización política y pacificación sea una realidad cuanto antes. Nos gustaría que, por encima de esas presiones mediáticas, el Gobierno del PP se incorpore a esta nueva etapa aportando en positivo.

Uno de los asuntos a tener en cuenta es el referido a los presos de ETA.

En este tema siempre hemos dicho que es un gran error y que es contraproducente que la política penitenciaria forme parte de la política antiterrorista, por tanto la actitud hacia los presos no es admisible ahora ni era admisible antes. Desde ese punto de vista pensamos que las personas que están en prisión tienen derechos, tendrán algunos restringidos por la condena, pero tienen el resto de derechos y esos hay que respetarlos. Y hay otra cuestión importante, y es que con la política penitenciaria que se ha aplicado se ha puesto una pena de forma ilegítima y antidemocrática a personas que no han sido condenadas, que son todos los familiares y allegados de las personas que están en prisión y que se ven sometidos a una serie de condiciones que no les corresponden y que incluso van en contra de la propia legislación penitenciaria. Una vez que ETA ha anunciado el cese definitivo de su actividad habría que aplicar lo que constituye la base de una política penitenciaria progresista.

Nosotros siempre hemos defendido que la política penitenciaria debe estar vinculada a la reincorporación a la sociedad de las personas que están en prisión, con independencia del delito que hayan cometido. Y por lo tanto, cuando no hay ningún riesgo de que una persona que está en prisión cometa el delito que cometió en su día, pensamos que no tiene sentido que siga en prisión. En este momento pensamos que es mucho más útil para la sociedad, y mucho más útil desde el punto de vista democrático, que esas personas aporten su contribución a la reconciliación y a la convivencia democrática desde el seno de la sociedad que no desde la cárcel.

¿Qué papel le corresponde jugar a este colectivo en esta nueva etapa política a la que nos enfrentamos?

No deben tener un papel especial salvo el de ciudadanos vascos. Como cualquier ciudadano tienen la obligación de contribuir a que salga adelante el nuevo escenario de normalización política y de pacificación, de convivencia y de reconocimiento democrático de todas las opciones políticas. Una obligación ciudadana que es la misma que tenemos los que no estamos en prisión.

¿Habría que priorizar un acercamiento de los reclusos a las cárceles vascas?

Lo primero que hay que hacer es aplicar la propia política penitenciaria y separarla de la política antiterrorista, sobre todo cuando ya no tiene sentido al no haber violencia por parte de ETA. Eso sería lo primero, el acercamiento, y la aplicación de la política penitenciaria a los presos que sufren enfermedades.

¿Cabe hablar de amnistía?

Es un error hablar de amnistía, en el sentido de que la amnistía ahora mismo legalmente no es posible. Hay que conseguir una aplicación progresista de la política penitenciaria para que todas las personas se reincorporen cuanto antes a la sociedad para aportar en positivo. Y eso se puede conseguir, si hay voluntad política, sin necesidad de cambiar un ápice de la actual legislación penitenciaria.

¿Cómo se deben abordar los casos de los presos con delitos de sangre?

Hay que abordarlo desde una visión global pero con mucha delicadeza y con mucho respeto hacia las personas que han sufrido las consecuencias de esas acciones. Puede ser mucho más valiosa la aportación de esas personas desde la sociedad, defendiendo la necesidad de no utilizar la violencia para hacer política, y que eso tenga un efecto didáctico sobre la sociedad. Creo que eso sería también una buena reparación para las víctimas. Que quienes han cometido delitos de sangre se integren y se impliquen en la política democrática que subraya que no se debe utilizar la violencia para alcanzar fines políticos, en la política que defienda las libertades y el derecho de todas las personas a defender sus propias ideas es muy positivo y es una forma muy eficaz de reparación.

¿Qué opinión le merece la denominada ‘doctrina Parot’?

Su derogación es otro elemento fundamental, ya que no deja de ser un retorcimiento antinatural de la propia legislación.

¿Cómo habría que actuar con los miembros de ETA exiliados?

Eso corresponde resolverlo a la mesa entre los gobiernos y la propia ETA, pero lo lógico es que todas las personas que quieran trabajar y contribuir al futuro democrático y en paz de este País puedan estar aquí.

¿Deberían acogerse los presos a las medidas de reinserción?

Ese es un planteamiento erróneo, del pasado. Lo que hay que hacer es impulsar un cambio en la política penitenciaria. No valen los esquemas del pasado y la utilización que se ha hecho por parte de los distintos gobiernos de la legislación penitenciaria ha sido un grave error y sería un error desmedido volver a aplicar esas políticas en el presente.

¿Deben pedir perdón?

Pedir perdón es muy bueno, y ojalá todo el mundo pidiera perdón. Pero no están legitimados para exigir a otros que pidan perdón aquellos que han sido incapaces de pedir perdón por violaciones graves de derechos humanos que se han producido desde los aparatos del Estado, como fue el terrorismo del GAL o las torturas. Pero creo que pedir perdón es bueno y hace más bien a quien lo pide que a quien recibe la petición de perdón. La reparación de todas las víctimas que se han producido en este País sin ningún tipo de excepción, y una parte de la reparación puede ser la petición de perdón, es algo necesario y por lo que hay que trabajar.

¿Tiene sentido la Ley de partidos?

Desde el punto de vista democrático es una ley difícilmente asumible. Es una ley que no tiene sentido, pero no porque ahora hayan cambiado las circunstancias, no tiene sentido desde que se puso en marcha. Yo siempre he defendido que esa ley ha contribuido a retrasar el actual escenario que estamos viviendo ahora mismo. Fue negativa en su inicio, porque retrasó el proceso de normalización política y de pacificación; y si entonces no era válida pues ahora tampoco. Creo que se creó para cambiar las mayorías en este país. Aunque se dijo que formaba parte de la política antiterrorista tenía otro tipo de intenciones.

A los pocos días de asumir una nueva responsabilidad política en Madrid como diputado de Amaiur, fuí entrevistado por ‘El Mundo’. Tal como señala la web de Eusko Alkartasuna, en la entrevista se sale al paso de las falsedades que desde algunos sectores imputan a la coalición y se insiste en subrayar la importancia de afrontar sin más dilación la resolución definitiva del conflicto político vasco.

A continuación, la entrevista completa en formato PDF:

19/12/2011 | Entrevista |

LEE LA ENTREVISTA EN FORMATO PDF

Efectivamente, una vez que se nos trasladó formalmente la decisión, tomada con el único apoyo de los miembros de la mesa que militan en el partido popular, pudimos comprobar que se trataba de una interpretación “arbitraria” del Reglamento de la Cámara, que contradice decisiones anteriores tomadas reiteradamente por la mesa del Congreso de los Diputados y que además pretende marginar a una coalición que tiene el apoyo del 22% del electorado de los cuatro territorios de Euskal Herria situados en el Estado Español.

Con esta decisión se ha hecho un flaco favor a la institución parlamentaria, al introducir criterios políticos de marcado carácter partidista en un órgano que tiene como misión velar para que el derecho constitucional a la participación política sea efectivo. Con su decisión no sólo dificultan el derecho a la participación política de las personas que han apoyado con su voto a Amaiur sino que en la práctica hacen inexistente el derecho a la participación política de otras fuerzas políticas con menos de cinco diputados que se integran en el Grupo Mixto y que representan a ochocientos cincuenta mil personas. Si unimos estos votos a los de Amaiur tenemos que el PP esta impidiendo el derecho efectivo a la participación política a más de un millón ciento ochenta mil personas. Lo cual me parece muy grave desde el punto de vista democrático.

Esta decisión de la Mesa es un error, una torpeza política, que lo único que hace es poner obstáculos en el camino del proceso de normalización política. Simultáneamente, quizás porque no tienen nada más que decir,  desde Upyd entraban en competiciones más propias de la época de Aznar y Mayor Oreja,  diciendo que iban a pedir nuestra ilegalización.

Desde Amaiur no vamos a caer en la trampa, no nos van a apartar de nuestro camino; es más vamos a seguir trabajando con más empeño si cabe en la defensa de la voz, la palabra y el derecho a la decisión de la sociedad vasca. Y lo vamos a hacer con seriedad, con responsabilidad y con fundamento. Con esa misma seriedad y fundamento hemos presentado un recurso ante la mesa en defensa de nuestro derecho a tener Grupo Parlamentario pues estamos convencidos de la solidez jurídica, además de política y democrática, de nuestros argumentos.

Y para que se vea que no son palabras de ocasión transcribo a continuación el recurso en su integridad:

A LA MESA DE CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, en su nombre y en el de los demás diputados que mostraron su disposición para conformar el Grupo Parlamentario AMAIUR, ante la Mesa del Congreso de los Diputados, comparece y como mejor proceda DICE:

Que les ha sido notificado la resolución adoptada por la Mesa en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2011 por la que se acuerda “DENEGAR la constitución del Grupo Parlamentario que se solicita”

Que al amparo el artículo 31.2 del vigente Reglamento de la Cámara solicitan la reconsideración del mencionado acuerdo, ya que considera que les ha sido vulnerados los derechos fundamentales reconocidos en los arts. 14 y 23.1 y 2 de la Constitución, todo ello con base en las siguientes

A L E G A C I O N E S :

Primera.-Lo primero que hay que recordar a este respecto es que, como indica el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 3 de la Sentencia 64/2002, de 11 de marzo, las facultades que a la Mesa de la Cámara le corresponden en orden a la formación de los Grupos Parlamentarios son de carácter reglado, debiendo circunscribirse a constatar si la constitución del Grupo Parlamentario reúne los requisitos reglamentariamente establecidos, debiendo rechazar en caso de incumplimiento de aquellos requisitos, salvo que resulten subsanables, la pretensión de constituir Grupo Parlamentario.

.

La potestad reglada es aquella que se halla debidamente normada por el ordenamiento jurídico; y por ello el margen de valoración, apreciación o variación por el órgano administrativo es nulo en consecuencia. Es la misma ley o norma que la regula la que determina cuál es la autoridad que debe actuar, en qué momento y la forma como ha de proceder, por lo tanto no cabe que la autoridad pueda hacer uso de una valoración subjetiva, por tanto, la decisión en qué consista el ejercicio de la potestad es obligatoria en presencia de dicho supuesto y su contenido no puede ser configurado libremente por la Administración, sino que ha de limitarse a lo que la propia Ley ha revisto sobre ese contenido de modo preciso y completo.

Por el contrario la potestad discrecional otorga un margen de libertad de apreciación de la autoridad, quien realizando una valoración un tanto subjetiva ejerce sus potestades en casos concretos.

De esta forma, la Mesa no puede convertir esa facultad reglada –verificar la concurrencia de los requisitos para la formación de un Grupo Parlamentario- en una facultad discrecional, procediendo a una nueva interpretación del Reglamento que vaya en contra del principio de interpretación más favorable a la constitución del mayor número de Grupos Parlamentarios que tradicionalmente se ha mantenido en la Cámara.

La Mesa ha realizado una interpretación absolutamente discrecional del artículo 23 del Reglamento amparándose en el contenido de un documento que no es propiamente un informe jurídico. No puede ser tal un escrito que no lleva ni firma de letrado identificable, ni membrete de la Asesoría jurídica, ni está fechado, ni contiene propuesta de resolución.

Pues bien, en este documento o nota se ha amparado la mesa para en lugar de respetar lo que es una mera potestad reglada, ejercer unas “facultades de interpretación de la legalidad parlamentaria”.

A partir de ahí la Mesa, efectivamente, en lugar de llevar a efecto un procedimiento de verificación del cumplimiento de los requisitos procede a reinterpretar el artículo 23, obteniendo dos conclusiones:

a).-que la exigencia del porcentaje de votos o respaldo electoral que se establece en el inciso del artículo 23.1 del Reglamento, únicamente puede ser entendida como referida a las candidaturas presentadas por las formaciones políticas, y no a las personas concretas que integran dichas candidaturas.

b).- que si los requisitos son predicables de la formación, y en este sentido el artículo 23 del Reglamento se refiere a “formaciones políticas que (…) hubieren obtenido (…) el 15 por ciento de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura (…)”, podría considerarse que entran en juego los resultados globales de la formación en las distintas circunscripciones, sin que parezca razonable la posibilidad de excluir los resultados obtenidos por esa formación en una determinada circunscripción, ya sea por ausencia de la firma del Diputado elegido en dicha circunscripción, ya sea porque dicho Diputado no ha perfeccionado aún su condición.

En conclusión con lo anterior, la Mesa, haciendo suyo el contenido del documento o nota, reconoce - que ha “variado su interpretación de los requisitos establecidos en el Reglamento”, pretendiendo justificar variación de criterio en el ejercicio de la función calificadora, lo cual no es admisible en derecho, ya que dicha función de verificación del cumplimiento de los requisitos no le permite modificar lo que hasta ahora era un criterio consolidado, defendido incluso por el propio Grupo Parlamentario que ahora ostenta la mayoría absoluta de la Mesa.

Además, merece destacarse que entre el documento o nota (apartado 8, segundo párrafo) y el último considerando del escrito que se nos ha notificado hay una sutil diferencia que entendemos tiene una trascendencia jurídica capital, lo cual, además, pone de manifiesto que la Mesa ha ido más allá de la mera función reglada que debiera de haber desempeñado.

Así en el documento o nota del pretendido informe jurídico se dice:

““el número de votos necesarios para alcanzar el 15% debe referirse a la formaciones políticas que han presentado candidatos y no a los candidatos individualmente considerados y, a su vez, puede entenderse referido a cada una de las circunscripciones en que han presentado candidaturas”

Por contra, en el acuerdo notificado, en el último considerando, la expresión “puede entenderse referido a cada una de las circunscripciones”” se ha transformado en que el citado porcentaje ”ha de obtenerse en cada una de las circunscripciones. Es decir, que lo que para quien redacto el documento o nota jurídico era una posibilidad, para la mayoría de la Mesa se ha convertido en una exigencia legal.

Lo que para quien redactó el escrito del informe era una posibilidad –que el 15% de los votos se interpretara referido a cada una de las circunscripciones- en la nueva interpretación de la Mesa se ha convertido en una obligación legal: “ha de obtenerse”.

La consolidación de la sede parlamentaria como un ámbito idóneo para la expresión del pluralismo dota de relevancia jurídica, y no sólo política, a la adscripción política de los representantes y, en consecuencia, “esa adscripción no puede ser ignorada, ni por las normas infraconstitucionales que regulan la estructura interna del órgano en que tales representantes se integran, ni por el órgano mismo, en las decisiones que adopte en el ejercicio de su facultad de autoorganización”. (STC 32/1985, FJ 2).

Como recuerda el Alto Tribunal en su jurisprudencia, no cabe duda alguna de que la facultad de constituir Grupo Parlamentario, en la forma y con los requisitos que el mismo Reglamento establece, corresponde a los parlamentarios, y que dicha facultad pertenece al núcleo de su función representativa parlamentaria, pues, dada la configuración de los Grupos Parlamentarios en los actuales Parlamentos, y, en concreto, en el Congreso de los Diputados, como entes imprescindibles y principales en la organización y funcionamiento de la Cámara, así como en el desempeño de las funciones parlamentarias y los beneficios que conlleva la adquisición de tal status, aquella facultad constituye una manifestación constitucionalmente relevante del ius in officium del representante.

Esta facultad se ha visto impedida en su ejercicio por una interpretación errónea de la Mesa del contenido del artículo 23.1, al entenderse que en el mismo se exige que el porcentaje de votos se refiere a cada una de las circunscripciones donde se haya presentado candidatura, y no al conjunto de las mismas. Ante la existencia de la duda, la nueva interpretación del Reglamento que hace la mayoría de la Mesa se inclina por una interpretación restringida, cuando la jurisprudencia constitucional ha dejado sentado que la interpretación de los derechos fundamentales tiene que hacerse siempre en sentido favorable a su ejercicio. En el presente caso, ante la posible duda –la cual para nosotros no existe tal como luego pondremos de manifiesto- en torno a en qué marco debe de exigirse el 15% (en el conjunto de las circunscripciones o en cada una de ellas), la Mesa tenía que haberse inclinado por una interpretación pro constitución del grupo, ya que esa es la más favorable a los derechos reconocidos en el artículo 23.1 y 2 de la CE. Esa misma interpretación más favorable es además la que mejor garantiza el pluralismo político que inspira la norma constitucional.

Segunda.- Debe tenerse presente que el Reglamento del Congreso establece, a propósito de la constitución de los Grupos Parlamentarios, una regla general, según la cual “los Diputados, en número no inferior a quince, podrán constituirse en Grupo Parlamentario” (art. 23.1). A esta regla general, el mismo precepto, en su segundo inciso, adiciona una regla alternativa o subsidiaria para permitir la formación de Grupos Parlamentarios cuando no se alcance el número mínimo de quince diputados, al disponer que “podrán también constituirse en Grupo Parlamentario los Diputados de una o varias formaciones políticas que, aun sin reunir dicho mínimo, hubieren obtenido un número de escaños no inferior a cinco y, al menos, el quince por ciento de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura o el cinco por ciento de los emitidos en el conjunto de la Nación”.

Por tanto, la formación de grupos parlamentarios requiere la satisfacción de un doble criterio: reunir un mínimo de diputados y demostrar un respaldo electoral suficiente, bien en el conjunto del Estado, bien en el ámbito electoral en el que hubiesen presentado candidaturas. Esta fórmula alternativa pretende abrir dentro del Congreso de los Diputados la facultad de constituir grupos parlamentarios a fuerzas políticas minoritarias tanto estatales como con implantación territorial delimitada.

Discrepamos de la intepretación que la Mesa realiza de la doctrina derivada de la sentencia 64/2002, de 11 de marzo, dictada por el Tribunal Constitucional en lo relativo a quién es titular del derecho reconocido en el artículo 23.1 del Reglamento para la constitución de grupos parlamentarios.

Como dice el Tribunal en la mencionada sentencia (FJ 5) la exigencia del porcentaje de votos o respaldo electoral que establece el segundo inciso del art. 23.1 RC, en una interpretación del mencionado precepto reglamentario coherente con la configuración constitucional del sistema electoral, únicamente puede ser entendida como referida a las candidaturas presentadas por las formaciones políticas en aquellas circunscripciones en que hubieren concurrido a las elecciones y en las que figuran y han sido elegidos los Diputados que pretenden constituir Grupo Parlamentario.

Sólo los diputados que firmaban el escrito manifestando su voluntad de constituir el Grupo Parlamentario AMAIUR son quienes tienen la titularidad del derecho, y sólo debiera de computarse el porcentaje de votos que obtuvieron las candidaturas presentadas en las circunscripciones en las que fueron elegidos.

En definitiva, ha de concluirse, que el porcentaje del quince por ciento de los votos que establece el segundo inciso del art. 23.1 RC debe entenderse referido a las candidaturas presentadas por las formaciones políticas en las circunscripciones en que las que hubieran concurrido a la contienda electoral y en las que han resultado elegidos los Diputados que manifiestan su voluntad de constituir Grupo Parlamentario.

Han sido seis concretos diputados los que han manifestado su voluntad de constituir un grupo parlamentario y, por tanto, deberá de computarse el porcentaje de votos que dichos parlamentarios hayan obtenido en sus respectivas circunscripciones, no de forma personal, sino como dice el Tribunal Constitucional, referido a las candidaturas en las que resultaron elegidos. Sin que sea posible contemplar los resultados por una candidatura de otro diputado que todavía no ha alcanzado la condición plena como tal.

Tercera.-En todo caso, consideramos que los seis diputados cumplen los requisitos previstos en el mencionado articulo 23.1 ya que la Coalición Electoral formada por los partidos políticos Eusko Alkartasuna, Aralar y Alternatiba Eraikitzen, denominada AMAIUR, obtuvo en las pasadas elecciones a Cortes Generales más de 5 diputados, y más del 15% de los votos correspondientes a las circunscripciones en las que presentó candidatura, en concreto, el 22% de los votos válidos de las provincias de Bizkaia, Araba, Gipuzkoa y Nafarroa.

Entendemos que el cómputo del 15% de los votos válidos obtenidos se refiere al conjunto de las circunscripciones donde se presentaron candidaturas y no al 15% en cada una de ellas, en razón de criterios de interpretación jurídica del artículo 23.1 citado y por los precedentes parlamentarios existentes sobre el tema.

El propio escrito presentado por el Presidente como informe jurídico llega a establecer –tal como hemos indicado anteriormente- que ese requisito “puede entenderse referido” a cada una de las circunscripciones en que se ha presentado candidatura, pero sin llegar a afirmar categóricamente –como si lo expresa la Mesa en su acuerdo- que dicho porcentaje deba de obtenerse en cada una de ellas.

La doctrina constitucionalista se ha pronunciado con claridad sobre ello, así el profesor Jesús María Morales Arroyo , en un trabajo titulado “La Realidad y la Ficcion en las Normas Sobre la Constitucion de los Grupos Parlamentarios”, manfiestó que:

Los términos en los que se encuentra redactada la norma han exigido alguna interpretación. Mientras que el mínimo de escaños que se precisa no plantea dudas; sí, en cambio, las referencias a “una o varias formaciones políticas” y la determinación de cómo debía computarse el “15 por 100 de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura”. Respecto al primer enunciado, la Presidencia del Congreso viene entendiendo que sólo se pueden acumular para el cómputo, cuando se trata de más de una formación política, los votos obtenidos por aquellas fuerzas electorales que han alcanzado representación dentro de la Cámara, es decir, al menos un diputado, salvo que exista una coalición formalmente constituida en alguna de las circunscripciones y sea ésta la que carezca de representación 10. Y, sobre la segunda duda, desde los inicios de la Tercera Legislatura parece entenderse que el porcentaje del 15 por 100 de los votos se computa entendido como la media de votos obtenida en el conjunto de las circunscripciones en las que la fuerza o fuerzas políticas han presentado candidaturas, aunque en alguno de los distritos no se haya alcanzado ese mínimo.”

El artículo 23.1 no dice expresamente que el porcentaje del 15% deba de obtenerse en cada una de las circunscripciones, por lo que la nueva intepretacíón de la Mesa carece de respado legal, ya que el precepto reglamentario se refiere “a las circunscripciones en que hubieran presentado candidatura”, refiriéndose al conjunto de las mismas.

El escrito del informe jurídico en su punto 8 reconoce que la Mesa “ha variado su intepretación de los requisitos establecidos en el Reglamento”, apartándose de los pronunciamientos e intepretaciones –ya consolidadas- que en otras legislaturas la Mesa del Congreso ha realizado. La Mesa ha tenido la oportunidad de pronunciarse ante situaciones similares y la interpretación que ha realizado sobre este particular ha sido siempre favorable a considerar el conjunto de los votos obtenidos por el partido o coalición en las circunscripciones en las que se hubiere presentado, no en cada una de ellas.

La Mesa en su acuerdo, en ningún momento, explicita como debiera por qué se produce el cambio de interpretación del artícu 23.1, cuando los precedentes desde hace muchas legislaturas son contrarios a esa nueva interpretación. La Mesa debía de haber exteriorizado la justificación jurídica que le ha llevado a plantear una interpretación radiclamente distinta a lo que hasta este momento se hacía –incluso en algunas ocasiones por el propio Grupo Parlamentario Popular-. Se desconoce qué argumentos jurídicos sustentan ese variación en la interpretación, ya que de la sentencia del Tribunal Constitucional 64/2002, en modo alguno de deduce que el requisito del 15% deba de ser exigido en cada una de las circunscripciones donde se hubieren presentado las candidaturas. Esta falta de exteriorización de las razones o argumentos jurídicos que sustentan la nueva interpretación pone de manifiesto que nos encontramos ante una decisión política, ajena a parámetros jurídicos que la fundamenten y basada exclusivamente en los prejuicios que el Partido Popular pueda tener hacia la coalición electoral AMAIUR, de forma que la decisión se ha tomado en base a razones políticas y no jurídicas.

Los acuerdos que hasta el momento había adoptado la Mesa son importantes, ya que constituyen parte del derecho consuetudinario de la Cámara y expresan la voluntad continuada que la Mesa del Congreso viene expresando a la hora de interpretar el artículo 23.1 del Reglamento. Del mismo modo, constituyen el parámetro con el que se deben de confrontar las comparaciones entre situaciones de hecho similares, ya que evidencian un trato desigual a lo que es idéntico en términos jurídicos, implicando ello una flagrante violación del artículo 23.2 de la Constitución, en relación con el artículo 14 de la misma norma, máxime cuando lo que se plantea no es un trato igual en la ilegalidad, sino dentro de la intepretación más conforme con el derecho fundamental en juego.

Así, se pueden citar citar los siguientes precedentes que evidencian :

1).-La Mesa adoptó sendos acuerdos al inicio de las IV, V, VI y VII Legislaturas, interpretando que el Partido Nacionalista Vasco había obtenido más del 15% de los votos obtenidos en las cuatro circunscripciones en las que se presentó, pese a que en una de ellas -Navarra- no había alcanzado dicho procentaje, los porcentajes obtenidos fueron:

-Elecciones generales 1.989: en la circunscripción de Navarra el 0,92%, y en el conjunto de las cuatro circunscripciones donde se presentó el 15,46%

-Elecciones generales 1.993: en la circunscripción de Navarra el 1,14%, y en el conjunto de las cuatro circunscripciones donde se presentó el 16,00%.

- Elecciones generales 1.996: en la circunscripción de Navarra el 0,97%, y en el conjunto de las cuatro circunscripciones donde se presentó el 17,52%.

- Elecciones generales 2.000: en la circunscripción de Navarra el 2,16%, y en el conjunto de las cuatro circunscripciones donde se presentó el 21,21%.

En todas estas legislaturas los diputados electos en las listas del Partido Nacionalista Vasco constituyeron grupo parlamentario, pese a que en un de las circunscripciones donde presentaron canditarura no alcanzaron el 15% de los votos –no por unas décimas sino por una gran diferencia- ya que la interpretación de la Mesa fue la de considerar el conjunto de los votos obtenidos en las circunscripciones, no en cada una de ellas.

2.-VIII Legislatura: Acuerdo de la Mesa de 14 de abril de 2004 por el que se desestimó la petición del Grupo Parlamentario Popular de reconsiderar el acuerdo adoptado el día anterior por el que se tenía por consituido el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana de Cataluña.

Este precedente es importante por dos razones:

-una primera, porque el mismo fue validado en su contenido por el Tribunal Constitucional por medio del Auto nº 262/2007, de 25 de mayo, inadmitiendo el recurso de amparo que el Grupo Parlamentario Popular interpuso;

-una segunda, que se refiere a la interpretación que el propio Grupo Parlamentario Popular hacía de los requisitos del art.23.1 y en especial de la obtención del 15% de los votos en el conjunto de las candidaturas en las que el partido político se hubiere presentado. Se señalaba en el recurso ante la Mesa que en las siete circunscripciones en que se presentaron candidaturas (las cuatro provincias catalanas y las tres de la Comunidad Valenciana) ERC “obtuvo un 9,87 por 100 de los votos atribuidos a candidaturas y un 9,76 por 100 de los votos válidos“, porcentajes que quedan muy lejos del 15 por 100 exigido por el art. 23.1 del Reglamento. El Grupo Parlamentario Popular sostenía que los votos a computar para el cálculo de15% no eran los del conjunto de las circunscripciones donde se habían obtenido los diputados, 4 sino del conjunto de las circunscripciones donde se presentaron, 7, En ningún momento se defendía por ese Grupo Parlamentario que la razón para denegar la constitución era que debía de obtenerse el 15%, como mínimo, en cada una de las circunscripciones donde se presentó ERC, sino que en el conjunto, no se llegaba al 15%. La Mesa del Congreso realizó una interpretación más flexible que la que se defiende por los diputados firmantes ya que interpretó que el 15% debía de alcanzarse en el conjunto de las circunscripciones donde ERC obtuvo diputados, ya que, incluso en una de ellas, Barcelona, el pocentaje de votos alcanzado fue del 14,09%, por tanto, ni siquiera en cada una de las cuatro circunscripciones de Cataluña en las que se obtuvo representación se alcanzó el 15%.

En todo caso, lo significativo es que el Grupo Parlamentario Popular sostenía que el 15% debía de computarse en el conjunto de las circunscripciones donde se había presentado el partido cuyos diputados pretendían constituir un grupo parlamentario, siendo esa la interpretación los representantes de ese Grupo defendieron en la VII Legislatura –donde tenían mayoría en la Mesa- para reconocer el Grupo Parlamentario del PNV, tal como se ha indicado anteriormente. En los comienzos de esa VII Legisltatura –año 2000- los miembros del Partido Popular no tuvieron ningún problema para intepretar que el 15% se refería al conjunto de las circunscripciones en donde se había presentado el Partido Nacionalista Vasco, pese a que en una circunscripción no había llegado –ni de lejos- a dicho porcentaje. El Reglamento era el mismo y los requisitos también, sin embargo, la interpretación fue no sólo mucho más flexible sino radiclamente distinta, lo que evidencia que el acuerdo cuya reconsideración se plantea tiene un fundamento, exclusivamente, político.

Reseñables son los argumentos que la Mesa empleó en este acuerdo de 14 de mayo de 2004 para desestimar la reconsideración solicitada por el Grupo Parlamentario Popular y que son de plena aplicación al presente caso:

1. La interpretación del Reglamento Parlamentario corresponde a la Mesa, que según la jurisprudencia constitucional debe realizar siempre la interpretación que resulte más favorable al derecho de los Diputados a constituir grupos parlamentarios

1. De acuerdo con la STC 64/2002, de 11 de marzo, este derecho corresponde a los Diputados y no a las formaciones políticas a que pertenecen, lo cual conlleva que los requisitos para constituir grupo parlamentario deben exigirse a los primeros, lo que, a su vez, implica que las circunscripciones que deben ser tenidas en cuenta a estos efectos son aquellas en las que han resultado elegidos los Diputados que desean formar un grupo parlamentario. Sobre la base de estos criterios, y en la medida en que ERC había obtenido más del 15% de los votos en el conjunto de las circunscripciones en las que ha obtenido representación y que han sido ocho los Diputados de esta formación que habían expresado su voluntad de integrarse en ese Grupo Parlamentario, la Mesa acordó desestimar la solicitud de reconsideración del Acuerdo.
2. La constitución de este Grupo no produce perjuicio alguno a los derechos de ningún otro grupo y, sin embargo, podría producir distorsiones en el funcionamiento de la Cámara su incorporación al Grupo Mixto.
3. Es obligación de la Mesa de la Cámara amparar el pluralismo político, que en el Parlamento ha de ser reflejo de lo expresado por la voluntad popular.

A la vista de estos precedentes, creemos que hay que reseñar lo que el Tribunal Constitucional manifestó en la mencionada sentencia nº 64/2002 sobre la aplicación de los precedentes y su posible comparación:

“Frente a tales alegaciones, tanto el Letrado de las Cortes Generales, que actúa en representación del Congreso de los Diputados, como el Ministerio Fiscal se oponen, también en este extremo, a la estimación de la demanda de amparo, al entender que los términos de comparación aportados por los recurrentes no son válidos a efectos del juicio de igualdad, pues se refieren a supuestos distintos al ahora considerado, en los que no concurría en la constitución de los Grupos Parlamentarios la circunstancia impeditiva que no ha hecho posible la constitución del Grupo Parlamentario Galego (BNG).

Planteado el problema en tales términos, cabe abordarlo partiendo de que es doctrina constitucional reiterada que, cuando de la igualdad en el acceso a cargos públicos se trata, el genérico mandato de igualdad en todos los sectores del ordenamiento jurídico, previsto en el art. 14 CE, se ve reconducido y subsumido, como de manera correcta se hace en la demanda de amparo, en el específico ámbito del art. 23.2 CE, de no mediar uno de los criterios sospechosos de diferenciación recogidos en el art. 14 CE (STC 36/1990, de 1 de marzo, FJ 2, por todas). De modo que la existencia de precedentes en sentido contrario a los Acuerdos impugnados sólo puede ser argumento para sostener la infracción del derecho fundamental reconocido en el art. 23.2 CE si tales precedentes pueden considerarse integrados en la Ley que ha de ser aplicada en condiciones de igualdad para el acceso al cargo o función pública o la permanencia en aquél o en ésta (SSTC 36/1990, de 1 de marzo, FJ 2; 119/1990, de 21 de junio, FJ 3; 149/1990, de 1 de octubre, FJ 5; 205/1990, de 13 de diciembre, FJ 3; 207/2001, de 23 de abril, FJ 2).

Sin desconocer la trascendencia de los precedentes o usos parlamentarios, no es necesario ahora detenerse a dilucidar su significado normativo, a la luz de una aplicación igual de la Ley, ya que los supuestos de hecho aportados por los demandantes de amparo como término de comparación no guardan con el caso aquí enjuiciado la identidad que todo juicio de igualdad requiere.”

Los supuestos de hecho que se aportan sobre la interpretaación del requisito del 15% de los votos y el que concurre en el presente caso son idénticos, por lo que la Mesa no puede decir que no hay que tenerlos en cuenta, ni que son distintos. En todos los casos planteados las fuerzas políticas implicadas no obtuvieron el 15% de los votos en todas y cada una de las circunscripciones donde presentaron candidaturas y a pesar de ello se aceptó la constitución del respectivo grupo parlamentario ¿por qué? Porque la Mesa siempre ha intepretado –hasta ayer- que el 15% se refería al cojunto de las circunscripciones, requisito que cumple la Coalición Electoral AMAIUR, ya que obtuvo el 22% en el conjunto de Bizkaia, Araba, Gipuzkoa y Nafarroa.

Incluso si se aplicaran - desde un punto de vista matemático - las normas que sobre el redondeo intenacionalmente están aceptadas, la reducción a un sólo decimal implicaría que se obtuvo el 14,9% de los votos (14,86 = 14,8), y si se llegara reducir dicho poprcentaje al número entero más cercano habría que reconocer que equivale al 15%.

En definitiva, lo que se quiere resaltar es que se ha hecho una interpretacion del artículo 23.1 totalmente arbitraria, que contradice la interpretación que hasta ahora ha venido haciendo la Mesa del citado precepto reglamentario, que además va en la dirección contraria al principio de interpretación más favorable a la constitución del mayor número de Grupos Parlamentarios que tradicionalmente se ha mantenido en la Cámara, todo lo cual supone la vulneración e intento de marginación de una coalición electoral que representa el 22% del electorado de cuatro provincias, es decir a un total de 334.498 ciudadanos y ciudadanas.

Por cuanto antecede,

SOLICITAN A LA MESA: que tenga por presentado el presente ESCRITO DE RECONSIDERACIÓN del acuerdo de denegación de la constitución del Grupo Parlamentario AMAIUR, y en su mérito, proceda a revocarlo dando por constituido el mencionado Grupo Parlamentario.

En Madrid a 16 de diciembre de 2.011

Podemos decir, sin que en esta ocasión se un tópico, que estamos viviendo momentos históricos en la vida de nuestro País. Mientras se escriben y, con toda seguridad, mientras se leen estas líneas se están produciendo pronunciamientos y acontecimientos que de forma cada vez más acelerada nos conducen a una nueva etapa histórica en que la dicotomía “estrategia de la violencia-represión” va a dejar de ser la protagonista en el devenir político, cultural, social y económico de Euskal Herria, para dejar paso a la confrontación democrática entre los diversos planteamientos y proyectos políticos que tengan el respaldo de la ciudadanía.

Ante este nuevo panorama surge la pregunta lógica de cual va a ser la re-ubicación de los diferentes movimientos políticos y, en concreto, hacia donde va a deslizarse la sociedad vasca desde el punto de vista de la conciencia e identidad nacional. Creo que desde el punto de vista abertzale, la clave en esta nueva etapa se sitúa tanto en la capacidad de análisis de la historia y de la presente realidad vasca, como en la capacidad de romper tópicos, aunar fuerzas y emprender nuevos caminos.

Tradicionalmente se ha tendido a situar los problemas y los obstáculos al ejercicio de la libre determinación de la sociedad vasca en Madrid y en París, como si esos ámbitos políticos fuesen los únicos responsables de todos nuestros males y frustraciones políticas. En esta línea argumental se han planteado los conflictos armados y los enfrentamientos violentos – por no irnos más lejos en el tiempo, desde las guerras carlistas, a la guerra del 36 o a la estrategia violenta de ETA- como una lucha entre Euskal Herria y España. Sin dejar de ser cierto que en todas esas guerras, conflictos y enfrentamientos existía un componente diferencial con respecto a otros ámbitos geográficos -lo que hoy llamamos conflicto de soberanías nacionales-, no deja de ser cierto también que esas guerras, conflictos y enfrentamientos han sido también conflictos civiles entre vascos: vascos eran quienes combatían en las tropas carlistas y en las tropas liberales; vascos eran las personas que componían los batallones de gudaris del PNV y de ANV, los de socialistas, comunistas o anarquistas, y vascos eran los que componían los batallones de requetés que impulsaron el golpe fascista; vascos eran los miembros de ETA y vascos eran muchas de las personas que sufrieron los atentados, violencias y extorsiones.

Por esta razón pienso que el problema, el obstáculo definitivo que ha bloqueado la resolución del problema político de fondo, no ha estado en Madrid o en París, sino que ha estado en el seno de la propia sociedad vasca, en su profunda división interna. División no sólo entre las identidades nacionales vasca y española, sino -sobre todo en los últimos años- fundamentalmente en el seno del abertzalismo político y sociológico que le ha impedido ser motor de la superación del conflicto político de fondo.

En ese escenario de división quien se ha movido con comodidad política ha sido siempre el Estado, mejor dicho el “establishment”, ese poder establecido que como mucho -siguiendo el principio del príncipe Salinas- ha admitido pequeños cambios para que todo siguiese igual: abrió la puerta de las autonomías, enjaulando las aspiraciones de Cataluña, Euskal Herria y Galicia con la aplicación del “café para todos”, para cerrar la puerta del autogobierno y la autodeterminación. A la vez, desde los ámbitos mediáticos que controlaban han ido azuzando la división interna, en nuestro caso de la sociedad vasca, azuzando el fantasma de las dos comunidades y del peligro del enfrentamiento civil.

Desde esta perspectiva, el esfuerzo y el trabajo que han realizado durante los últimos años eusko alkartasuna y la izquierda abertzale para superar las limitaciones de la historia pasada y poner las condiciones para hacer posible una estrategia política común, han abierto un camino de solución del conflicto político de fondo y de expansión del abertzalismo político en el seno de la sociedad vasca.

Este esfuerzo de unidad de acción por vías exclusivamente políticas que ha seguido expandiéndose y sumando otras fuerzas políticas como Alternativa y Aralar, tiene ya una tremenda potencialidad política para cambiar radicalmente las dinámicas de división seguidas hasta ahora. Esa potencialidad se convertirá en realidad, siempre y cuando seamos capaces de romper los esquemas de división interna de la sociedad vasca.

Para lograrlo en el ámbito abertzale tendremos que convencer al PNV para que abandone su estrategia cortoplacista de control del poder y sume su esfuerzo y trabajo en una estrategia soberanista integradora; y en el ámbito españolista habrá que convencerles también para que, con independencia de su legítima identidad nacional -que siempre será respetada-, sumen también sus esfuerzos para construir una sociedad vasca más justa y solidaria, que de respuesta a las necesidades de la ciudadanía, a sus aspiraciones legítimas, en clave social y democrática, comprometiéndose a respetar -como hacemos los abertzales- la voz , la palabra y la decisión de la sociedad vasca.

La independencia de Euskal Herria en Europa es posible si conseguimos romper los tradicionales esquemas de división política y social que han existido hasta ahora en el seno de la propia sociedad vasca. De momento hemos comenzado por buscar la unidad de acción en el ámbito abertzale y hemos incoado también la unidad de acción con sectores progresistas no abertzales, como es el caso de Alternativa, demostrando que es posible avanzar juntos y hacer País y sociedad juntos. Ya existe un potente motor en marcha para construir Euskal Herria de otra manera y alimentar la esperanza de que ese nuevo tiempo político y social es posible.

Hoy se cumplen diez años del asesinato de Jorge Adolfo Freytter Romero

Durante este tiempo esta familia ha tenido que luchar para sobrevivir, para conseguir que no se olvidase un hecho tan terrible, para lograr que se abriese camino la verdad, para que se hiciese justicia. Ha habido avances, incluso condenas, pero todavía no se ha hecho la luz, no se ha llegado al fondo, no se ha abordado la reparación exigible moralmente en justicia.

Esta lucha continúa pues la amenaza del olvido, la obsesión por el oscurecimiento de la verdad, los obstáculos para impedir que se haga justicia siguen presentes, aunque ahora camuflados tras bellas palabras y la indiferencia de un Estado que aboga por el olvido pues le incomoda una realidad que, aunque se resista a reconocerlo, ha nacido de sus entrañas.

Y en esta lucha no deben estar solos, tenemos la obligación moral de acompañarles, de ayudarles, de sumarnos a ese clamor -potente aunque sólo surgiese de una sola boca- de exigencia de justicia. Justicia que empieza por el esclarecimiento de la verdad, por el reconocimiento del dolor causado, por la asunción de responsabilidades por parte de un Estado que cobijó en su seno a las personas que cometieron tal barbaridad.

Debemos rebelarnos ante la tentación del olvido, ante la comodidad de seguir la corriente del viento dominante del “establishment”; debemos alzar nuestra voz solidaria si queremos salvaguardar un principio ético fundamental para una convivencia humana, democrática: el fin nunca justifica los medios.

Desde Euskal Herria, que ha sido tierra de acogida para un hijo de esta querida familia, y donde desgraciadamente tanto sabemos también de dolor injustamente causado por la violencia de diferentes orígenes y agentes que olvidaron ese principio ético fundamental, queremos unir nuestra voz a esa exigencia de verdad, dignidad y justicia, que son la base sólida sobre la que construir un escenario de reconciliación que abra camino al perdón y posibilite un futuro del que todas las personas puedan participar en paz, justicia y libertad.

Esta mañana, en esos quince minutos de silencio volvía a recordar aquella conversación y veía que seguían teniendo sentido los conceptos, las ideas que Joxe Mari transmitía con pasión, con la pasión del convencimiento y de la experiencia: el trabajo tenaz, esforzado, comprometido; el diálogo; el respeto al otro, la aceptación de la diferencia. Y, con estos recuerdos, volvía a reforzar el compromiso de seguir trabajando con tenacidad para conseguir que la Paz sea una realidad cuanto antes, siguiendo el propio camino sin miedo al que dirán.

Esto del que dirán ha estado y esta muy presente en los últimos años. De EA primero, de Bildu después, se ha dicho de todo. Últimamente se ha puesto de moda que todos exijan a Bildu pasos, pronunciamientos, actuaciones,….. como si la historia comenzase hoy por la mañana y acabase hoy por la tarde. Hay quienes -a pesar de su pasado bien en el ámbito abertzale, bien en el españolista, bien en el franquista- incluso nos quieren dar lecciones de compromiso con la defensa de los derechos humanos y la democracia a quienes siempre lo tuvimos claro y nunca empuñamos un arma. Más útiles serían para el País si en vez de lanzar exigencias a diestro y siniestro, se concentrasen en ver que hacen ellos para que ETA acabe definitivamente y la Paz sea una realidad cuanto antes.

En EA llevamos ya veinticinco años trabajando con seriedad y tenacidad en ello; en Bildu llevamos ya unos cuantos meses -con un trabajo previo largo e intenso- demostrando que se va avanzando. Y si alguien tiene dudas, que consulte las hemerotecas para ver lo que decían unos y otros hace año y medio, y comprobará que los malos augurios y piadosos comentarios que se referían a la ingenuidad de EA, a su debilidad,… se han difuminado por su propia falta de peso y escaso fundamento.

Pero no nos dormimos en los laureles, vamos a seguir trabajando con la misma tenacidad y seriedad para conseguir la normalización política, la pacificación, cuanto antes, contando con todos -aunque algunos todavía no quieran contar con nosotros-, defendiendo la pluralidad, con una visión incluyente del País.

Seguiremos avanzando, sin miedo al que dirán, con el ritmo que nos hemos marcado porque creemos que es el más adecuado para avanzar con seguridad y rapidez hacia el objetivo que todos queremos: poder vivir en Euskal Herria con libertad, sin exclusiones, sin limitaciones de derechos, respetando y defendiendo la dignidad de cada persona sin ningún tipo de discriminación.

Rafa Larreina (Gasteiz, 1956) pertenece a la Ejecutiva de Eusko Alkartasuna desde su fundación. Parlamentario vasco entre 1990 y 2009, apuesta firmemente por el paso dado por su partido de integrarse en la coalición Bildu junto a Alternatiba e independientes

JAVIER NÚÑEZ - Domingo, 17 de Julio de 2011

Gasteiz. Rafa Larreina defiende que Euskal Herria se encuentra ante un nuevo tiempo político.

La actualidad nos sitúa en el último comunicado de ETA. ¿Cómo lo valora?

No han dicho lo que quería todo el mundo, pero yo tampoco esperaba que lo dijesen. Este comunicado lo que nos muestra es que ETA va por detrás de la sociedad. Intentan justificar su propia posición de ir a remolque con un planteamiento retórico. Creo que no acaban de asumir el planteamiento de la mayoría abertzale de este país.

¿Va a haber un comunicado final o ETA se irá diluyendo en el tiempo?

No sé si va a llegar o no, pero lo importante, y es la apuesta de Eusko Alkartasuna, es que hay que hablar y teorizar menos sobre cómo será el final de ETA y trabajar más para que la violencia desaparezca de forma definitiva. Creo que el PP y el PSOE se están refugiando en eso, en la retórica.

En su escrito se arrogaba como valedor del éxito de Bildu sin mencionarlo de forma explícita.

Es su discurso. ETA ha estado siempre dando lecciones a todo el mundo y no ha aprendido ninguna. ETA puede decir lo que le de la gana, pero la sociedad vasca sabe que el éxito de Bildu se debe a la apuesta de mucha gente soberanista, de EA, de Alternatiba e independientes de la izquierda abertzale, que han apostado por la política dejando al margen a ETA. Es un esfuerzo que la sociedad ha sabido reconocer.

Con comunicado final o sin él, ¿la violencia tiene vuelta atrás?

Atentar es fácil, pero la razón por la que es muy difícil que vuelva a haber atentados es precisamente por eso: la sociedad vasca ha tomado la delantera y le ha dicho a ETA que se acabó. Y si alguien no va por vías políticas, se queda al margen de la sociedad abertzale.

Nadie duda del compromiso de EA contra la violencia de ETA. ¿Están igual de comprometidos sus compañeros de viaje?

Hay un problema de credibilidad, y creer es un acto de voluntad. Mucha gente, diga lo que diga la izquierda abertzale, no les van a creer. Todo el mundo es consciente de que se abre una nueva etapa política y ante ello ocurre lo que suele suceder en todo proceso de transición, hay un sector que tiene mucho miedo al cambio y en la política española hay pánico a la nueva etapa. Desde el momento que desaparece la violencia hay que poner argumentos encima de la mesa y son conscientes de que no tienen argumentos para contrarrestar los planteamientos soberanistas. Un buen ejemplo de ello es el discurso que mantiene desde hace años Jaime Mayor Oreja.

Brian Currin considera importante que la izquierda abertzale tenga un reconocimiento de las víctimas producidas por ETA.

En EA siempre hemos dicho que había que reconocer el dolor causado y ahí hay que señalar con claridad que la izquierda abertzale ya habló en Anoeta del reconocimiento de las víctimas. Es un tema en el que se va a avanzar. Con las gentes que he tratado de la izquierda aber-tzale lo tienen muy claro. Hay que reparar el dolor de cada víctima en su situación concreta y en las necesidades de cada una.

¿Fue grande la apuesta de EA al iniciar este viaje?

Sí, pero teníamos las ideas muy claras. La razón de EA es solucionar los problemas de este país y contribuir a lograr la independencia. Si hemos entrado en esa apuesta es porque teníamos garantías de que había un compromiso claro de avanzar por vías exclusivamente pacíficas y democráticas. Valía la pena intentarlo. En EA igual hemos sido demasiado idealistas a la hora de hacer política y defender nuestras ideas, fuese cómodo o no. En 2003 Otegi y yo mantuvimos un debate en el Parlamento Vasco y entonces le hice este planteamiento: “Estoy dispuesto a compartir listas con usted si es capaz de firmar conmigo el rechazo a la vulneración de los derechos humanos en general y el de ETA en concreto, sin injerencias del Gobierno español y de ETA”. En aquel momento no fue posible porque la izquierda aber-tzale todavía no había tomado su decisión con claridad. Ocho años después hemos conseguido que vayan al campo único de la política.

Dice que hay un compromiso por parte de la izquierda abertzale.

Hay un compromiso firme que no tiene vuelta atrás. Creo que la izquierda abertzale adquirió ese compromiso porque vio que EA ha sido coherente en el tiempo. Dijimos que mientras hubiera una estrategia político-militar era imposible llegar a acuerdos. El día que la izquierda abertzale tomó la decisión irreversible de apostar por la política hemos estado dispuestos a acompañar y ayudar. Con riesgos, pero con mucha responsabilidad.

Mucha gente, sin embargo, considera que Bildu ha sido la tabla de salvación de una EA a la que ya no le quedaba recorrido.

Ese es el discurso de los últimos 25 años. El día después del nacimiento de EA se dijo que no tenía recorrido. EA es un partido de bases, además de una base muy militante y muy activa. Una base que no se deja manipular por la dirección y si hubiese visto que no había ese compromiso de la izquierda abertzale, la dirección hubiera saltado por los aires a los cinco minutos. Si hubiésemos mirado en clave electoral, hace dos años, en las elecciones al Parlamento Vasco, podíamos haber hecho una fórmula parecida ya que había sectores de la izquierda aber- tzale dispuestos a ir con nosotros. Eso, sin embargo, hubiera ido en contra de nuestros principios.

¿Manejaban ustedes datos que les permitieran pensar en el buen resultado de Bildu?

Viendo el panorama de los últimos meses, y a través de contactos personales, se veía que íbamos a tener un buen resultado electoral, pero es verdad que ha sido mejor de lo que podíamos pensar. Eso lo que nos hace es reforzar la apuesta por este camino. Fue importante el resultado para ratificar la decisión.

¿Cómo valora lo sucedido en la constitución del ayuntamiento de Elorrio y la decisión de la alcaldesa de Andoain de no dejar entrar a los escoltas a edificios municipales?

Lo dije desde el primer día: lo de Elorrio me pareció fatal. Pero no se puede dar carta de naturaleza a una excepción entre más de 400 ayuntamientos. En Galicia tuvo que entrar la Guardia Civil en un ayuntamiento porque se estaban pegando. Lo que pasa es que aquí se está con la lupa ya que algunos parece que están deseando que ocurran hechos así. Por lo que respecta a las medidas adoptadas por la alcaldesa de Andoain, ya lo dijo el alcalde de Donostia y lo dije yo: la gestión estaba mal hecha, pero después se ha llegado a un acuerdo sin problemas. Había muchos ayuntamientos, ninguno gobernado por Bildu o por EA, en los que no entraban los escoltas y no pasaba nada.

El PP ha dicho que si logra acceder al Gobierno español emprenderá un proceso de ilegalización de los gobiernos de Bildu.

Ya veremos si lo hacen. Como el PP, en materia económica, no tiene alternativa al PSOE, y eso es la gran tragedia del Estado español, habla de Bildu. Como no tienen un discurso alternativo en esa materia, Bildu va a ser el centro de toda la campaña. Habría que hacer un llamamiento a PP y PSOE para que aborden los verdaderos problemas del Estado español, que no es Bildu. Cuando acabe la campaña se darán cuenta que no pueden actuar contra Bildu, porque Bildu no es ETA. Y es que, además, es Bildu quien está consiguiendo que ETA deje de existir.

¿Bildu va estar en las próximas elecciones generales?

Por supuesto. Y van a ser unos comicios muy importantes porque va a ser el ensayo del referéndum de la independencia. Tenemos el reto de demostrar al Estado que aquí hay una mayoría que es independentista en el conjunto de Hego Euskal Herria. Estamos convencidos de que Bildu va a lograr incluso un resultado mejor, puesto que la ciudadanía vasca tiene ganas de decirle basta al Estado.

¿Qué va a pasar si al final el Constitucional legaliza a Sortu?

Si Sortu es legal no habrá ningún problema. No va a cambiar nada. Eusko Alkartasuna dijo con total claridad antes de estas elecciones, cuando todavía no se sabía si iba a ser Sortu legal, que estábamos dispuestos a hacer la coalición con ellos. Cuando Sortu sea legal haremos la coalición con Sortu. Tenemos ya la marca Bildu, entonces para qué cambiarla. Sortu entrará en la coalición con EA, Alternatiba e independientes.

¿Qué papel le aguarda a Aralar? ¿Tiene sitio dentro de Bildu?

Aralar ha tenido un problema. Se ha dejado seducir por los cantos de sirena que le han lanzado por un lado desde el PNV diciendo que era la auténtica izquierda abertzale y desde el otro lado, de los ámbitos de Rubalcaba, que le decían que al final la izquierda abertzale tenía que hacer lo que han hecho ellos. En Bildu no ha habido ni hay ninguna animadversión contra Aralar. Si apuesta por una Euskal Herria independiente, por una política soberanista clara, no hay ningún problema para que colabore con Bildu.

Como alavés, ¿qué le parece lo sucedido en la elección del diputado general y la actuación de las representantes de Ezker Batua?

El planteamiento de la negociación me parece que fue muy incorrecto y triste. Hace daño al conjunto de la clase política porque da la sensación de que todos actuamos igual cuando no es así. Me produce tristeza por el fondo y por las formas, y me produce mucha más tristeza por mucha gente que conozco de base de Ezker Batua que lo están pasando muy mal. Yo creo que no se merecen lo que está sucediendo en su partido.

El Orfeón Pamplonés bien podría entonar el “réquiem” por esta institución financiera navarra que ha desaparecido y servir de preludio a la desaparición de las cajas en los otros tres territorios de Hego Euskal Herria que mañana, con una cierta clandestinidad, se incoa en las respectivas reuniones de sus Consejos de Administración.

Y digo cierta clandestinidad porque se ha hurtado el debate público, con seriedad y solvencia, sobre una decisión que tiene una gran trascendencia para el futuro económico y social de nuestro País. Mientras se centra la atención en un reducido debate sobre los porcentajes de participación y consiguiente reparto de sillones, o el más triste todavía sobre el “blindaje” ante Bildu, se oculta la verdadera realidad de que se está planificando la desaparición de un modelo de entidad financiera de carácter social, fuertemente implicada con el tejido productivo de la pequeña y mediana empresa, con las necesidades de las personas trabajadoras, autónomos y pequeños ahorradores.

La constitución de la SIP y la consiguiente bancarización supone de facto abrir la puerta a la privatización en el plazo de tres años y a la disolución progresiva del control público necesario para garantizar la finalidad eminentemente social que , desde su fundación, han tenido las Cajas de Ahorro en Euskal Herria que -a diferencia del origen de las cajas en otras latitudes- surgieron de la iniciativa de las instituciones públicas y con una vocación de servicio a las clases populares de la sociedad vasca: trabajadores, autónomos, pequeños ahorradores, pymes, etc.

Se arguye que la obra social seguirá adelante en manos de las cajas, pero la realidad de los papeles no nos garantizan la continuidad de la Obra Social más allá del horizonte de los tres años; y además se olvida intencionadamente que la más importante labor social que deberían tener las cajas es su implicación con el tejido social y productivo de la sociedad vasca frente a la voracidad de los futuros inversores.

Inversores en unos casos venidos de otras latitudes en busca de beneficios rápidos -tiburones les llaman algunos y sino que se lo pregunten a la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo)- para desaparecer después una vez dejadas exhaustas las arcas de las antiguas entidades locales; o inversores más cercanos en otros casos, procedentes de la banca española que desde hace tiempo añoraban el “botín” del mercado cautivo que tenían las cajas, que les hacía a ellos ser segundones en el mercado financiero, y que ahora por fin -y gracias a sus buenas relaciones y presiones al Gobierno de turno- van a poder hacerse “gratis et amore” con ese fondo de comercio y toda esa inversión pública generada por las instituciones y miles de impositores del pueblo llano.

No se si podremos evitar o no el “réquiem” por las cajas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, pero al menos creo que hay que plantear el debate con claridad y hacer un llamamiento a la reflexión de los actuales gestores para que cuenten con la voluntad de la ciudadanía que es la auténtica propietaria de las cajas, en vez de emprender una carrera desbocada para hurtar el control público de la representación actual de la ciudadanía en las instituciones recién elegidas. Creo que hay que hacer un esfuerzo de negociación, de diálogo, de implicación social para conseguir preservar la finalidad social que está en el origen de las caja y mantener el necesario control público de una entidad financiera que debe seguir vinculada al País y comprometida con su entramado social y productivo, con la preservación del estado de bienestar.

Después de la avalancha informativa que ayer se centró en el aniversario del 23F he dejado pasar unas horas para reposar la sensación de que se estaba celebrando un “Golpe de Estado”. Habrá quien me diga “hombre no!!!, se estaba celebrando el fracaso del Golpe”. Y ahí es precisamente donde surge mi discrepancia y mi preocupación democrática. Admito que la mayoría celebraron el fracaso del golpe de Tejero, pero creo que junto con la celebración de ese fracaso se celebraba el triunfo político de alguno de los otros golpes que compartieron espacio temporal y político.

Quienes vivimos aquella época, con uso de razón y cierto activismo político, recordaremos que se cernía sobre la sociedad el ambiente de lo que se denominaba “ruido de sables”; que existía una fundada preocupación por el riesgo cierto de involución política que tenía como objetivo dar al traste con el incipiente proceso de transición democrática.

Estos días escuchaba con atención a un prestigioso y solvente historiador que afirmaba que en esas fechas coincidieron tres procesos golpistas: un golpe duro -al estilo de la vieja escuela añado yo- que fue el de Tejero; un golpe blando que mezclaba militares y políticos en un nuevo equipo de gobierno; y un “golpe constitucional” -una “contradictio in terminis” pero en la realidad un hecho cierto- en el que no muy lejos de la corona andaban metidos otros militares, políticos y poderes fácticos.Fracasó el burdo Tejerazo pero triunfó el “golpe constitucional” pues a partir del 23F se abandonó el viejo dilema ruptura democrática-reforma democrática y se inició la época de la “contra-reforma” basada en dos pilares fundamentales: la indisolubilidad del estado, con la consiguiente negación de los derechos colectivos; y el acuerdo de que contra el terrorismo vale todo, con la consiguiente limitación -si llega el caso- de los derechos y libertades individuales.

De ese golpe triunfante surge la LOAPA que, aunque tuvo que cambiar la letra forzada por el rechazo del Tribunal Constitucional, mantuvo el espíritu contra-reformista iniciándose el abandono de la vía del autogobierno, de la autonomía, para pasar a la mera descentralización administrativa. A partir de ese momento por la vía de las leyes básicas se van reformando, recortándolos, los Estatutos Vasco y Catalán, así como el llamado Amejoramiento, por la puerta trasera de un sistema que ignoraba el mandato constitucional y despreciaba la voluntad popular de las nacionalidades históricas. Este proceso de involución democrática tiene su reciente expresión en el rechazo al nuevo marco jurídico aprobado por el Parlamento Vasco en diciembre del 2004 y en el recorte y modificación del Estatuto aprobado por el Parlamento de Catalunya en mayo del 2006.

De ese golpe triunfante surge también el afianzamiento del principio de que el fin justifica los medios y que, por tanto, para combatir al terrorismo vale todo. En vísperas del Tejerazo se había producido el “asesinato” en comisaría de Joseba Arregi; y esas prácticas continuaron, e incluso se incrementaron, en años sucesivos. Desde el caso Zabalza a las últimas condenas por torturas, que se han producido recientemente en los juzgados de Donosti, pasando por los GAL y el terrorismo de estado, ha habido una larga reata de vulneraciones de derechos humanos que en la mayoría de los casos han quedado impunes, cuando no han sido recompensadas.

Lógicamente -triste lógica- si se había traspasado el elemental límite democrático de respeto a los derechos humanos fundamentales, era más practicable el camino de los recortes de derechos y libertades individuales -eso si, siempre con el loable fin de combatir el terrorismo- cerrando periódicos y medios de comunicación, restringiendo el derecho de manifestación o impidiendo el derecho individual y colectivo de participación política. Así hasta nuestros días.

Por estas razones me asombra y preocupa el ambiente de celebración de un golpe de estado -aunque sea constitucional y rechine la “contradictio in terminis”-, no porque al final triunfe, sino por lo que supone de pensamiento débilmente democrático; porque, además, triunfar no va a triunfar ya que quienes tenemos un compromiso claro e inequívoco con la soberanía vasca, la democracia y la defensa de los derechos humanos -todos, sin excepciones- vamos a seguir trabajando para que la democracia sea real y las libertades individuales y colectivas formen parte de la vida diaria de toda la ciudadanía. Por eso algunos están tan nerviosos, porque van a comprobar que no se pueden poner puertas al campo de la libertad.