( Discurso de Rafael Larreina en la tribuna de la sociedad El Sitio ). En primer lugar quiero agradecer a la Sociedad El Sitio la oportunidad de prestarme esta Tribuna para hacer pública una reflexión sobre la actual situación política; una reflexión que es muy personal en sus concreciones, aunque lógicamente corresponde –como no podía ser de otro modo- con la línea de reflexión política de Eusko Alkartasuna. Subrayo el hecho de que se trata de una reflexión muy personal, porque indudablemente esta limitada a la persona de quien les habla, y esta limitada por las circunstancias existenciales de quien les habla.

La teoría de que estamos en una fase acelerada de la Historia cuenta con defensores y detractores; yo no voy a entrar en esa discusión; lo que les puedo asegurar es que mi “micro-historia” -como la de la mayoría de quienes nos movemos en el mundo de la actividad político-institucional-, sí que está acelerada, y he de concluir que este hecho no es positivo. Creo que siempre -pero especialmente en épocas cruciales- es preciso sustituir el activismo político por la reflexión política. Y en los días en que estamos es especialmente patente esta necesidad. Hoy, el debate político se caracteriza por que tenemos mucho ruido, un ruido escandaloso: declaraciones, contradeclaraciones, réplicas, contraréplicas,…

Mucho ruido y poca reflexión; se escucha muy poco, no se valoran ni se consideran los mensajes que vienen de otros ámbitos políticos. Hoy, cuando objetivamente la situación es mejor que hace un año, si nos dejamos llevar por el ruido del debate político, concluiremos que las cosas están mucho peor; y si no preguntémosle a la ciudadanía, que percibe en el ámbito de la política una tensión, una crispación, que no existe en la vida diaria de nuestros conciudadanos; hoy el debate político se halla más alejado, si cabe, de la calle, que en otras ocasiones.

¿Y a qué se debe?, nos podíamos preguntar, -y aquí entro ya en materia-; pues, indudablemente, a que hemos entrado en una época, en una etapa de transición. ETAPA POLITICA DE TRANSICION Y, como todas las etapas de transición, esta en la que nos encontramos, se caracteriza por la confusión, el desconcierto, la mezcla de ilusión y desesperanza, y el tránsito de momentos de ilusión a momentos de desesperanza, y viceversa; en definitiva esta etapa, como todas las etapas de transición, es una época complicada tanto social, como política e institucionalmente. Una etapa en la que conviven, se solapan, fenómenos de la época anterior, con los de la época siguiente, actuando la estrategia de la violencia como elemento relacional entre las dos épocas: la época anterior se caracterizaría por la presencia de la estrategia de la violencia como elemento de actuación en el ámbito de la política; la época siguiente vendría caracterizada por la desaparición de la estrategia de la violencia y la apuesta unánime por la práctica democrática.

El enunciado genérico de estos encuentros pone como punto de partida el alto el fuego indefinido hecho público por ETA, a la hora de iniciar una reflexión sobre los momentos que vivimos y las perspectivas de futuro para nuestra sociedad. Sin embargo, en mi opinión, esta etapa de transición por la que atravesamos no se inicia con la tregua de ETA; ni tampoco –como quizá alguien podría aventurar que yo iba a decir- con el Acuerdo de Lizarra; ni tampoco –como yo aventuro que alguno de los presentes diría- con los sucesos de Ermua. Esta etapa empieza de forma difusa, cuando en diferentes ámbitos políticos y sociales de reflexión, se llega a la conclusión de que –en palabras de Johan Galtung- las dicotomías, violentos frente a no violentos, nacionalistas frente a no nacionalistas, izquierdas frente a derechas, pueden ser útiles para entender la realidad pero pueden ser muy peligrosas si nos quedamos atrapados en ellas de forma maniquea.

Por lo que se refiere a Eusko Alkartasuna, fue hace más de dos años cuando hicimos esta reflexión, según la cual no podíamos seguir en aquella situación de bloqueo e incomunicación: teníamos muy claro que ETA podía seguir actuando, matando, otros treinta años más; el Estado podía aguantar la violencia de ETA -lo que técnicamente era terrorismo de baja intensidad-, durante otros treinta años más; pero la sociedad vasca no aguantaba tres años más sin una grave quiebra social. Por tanto se imponía de forma ineludible la necesidad de romper el bloqueo, haciendo todo lo que estuviese en nuestra mano para acabar con las violaciones de derechos humanos fundamentales. Como señalaba antes, esta reflexión no se produjo sólo en Eusko Alkartasuna; por lo que hemos podido ver después, también se estaba produciendo en otros ámbitos políticos, sindicales, sociales.

El asesinato de Miguel Angel Blanco, que se produce varios meses después, provoca la explicitación de un hartazgo social latente, que se convertía en la antesala del enfrentamiento civil, de la fractura social en el ámbito de Euskalherria. Ante ese panorama, no se podía aplicar en ningún caso la fábula de la zorra y las uvas, refugiándose en la comodidad de afirmar que están verdes; cuando se trata de problemas relacionados con la Paz, la responsabilidad es afrontarlos para darles solución, por muy difícil que esta se presente, en vez de dejar pasar el tiempo. Con discreción, con seriedad, con responsabilidad se producen una serie de conversaciones que culminan con el acuerdo de Lizarra y la tregua de ETA en el mes de septiembre. TRANSICION HACIA UN PROCESO DE PAZ Y a partir de este momento, en que se vislumbra la apertura de una nueva etapa, se producen reacciones diversas según la situación de cada cual.

En el ámbito de los partidos de ámbito estatal –con excepción de IU- se aprecia inicialmente un importante desconcierto e incredulidad (la famosa afirmación de que estamos ante una tregua trampa), para pasar a continuación a una posición conservadora, ante el vértigo que produce una nueva etapa histórica que no se tiene prevista, que apuesta por el pasado: mas vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. En el ámbito de los partidos de ámbito nacional vasco y de IU, se suscita una importante energía que impulsa a avanzar decididamente, con rapidez, hacia esa nueva época. En la ciudadanía en general, junto con una sensación de alivio, surge una importante ilusión y una gran esperanza de que estamos ante el fin de la violencia. A partir de ese momento la palabra Paz esta presente en la boca de todos; pero también aflora el peligro de que esa palabra se convierta en un muy eficaz instrumento de bloqueo de la Paz, con el peligro de que arraigue un sentimiento de desesperanza después de la ilusión inicial.

La palabra Paz comienza a ser un arma arrojadiza en el debate político, confirmándose tanto que la cultura de la violencia está muy arraigada -no sólo en quienes han participado de estrategias violentas-, como que el alto el fuego, la tregua, el ¨hacer las paces” aún siendo importante no lo es todo. Ante esta situación queda patente que ese alto el fuego puede ser engañoso en la medida en que “él después de la violencia” puede convertirse fácilmente en “un antes de la violencia”, de una nueva violencia, si no se entiende que por debajo de la violencia visible y directa, hay siempre una violencia, que Galtung llama estructural, y una cultura de la violencia, o una violencia cultural, que no desaparecen mecánicamente con la firma de la paz. La tensión generada durante estos meses pasados en el debate político, junto con la presencia de los sucesos de violencia callejera y el mantenimiento de una política penitenciaria, que no responde a los principios de la doctrina penitenciaria, ni al propio espíritu y letra de la Ley, ni favorece la reinserción y reintegración social, que han ocasionado un importante nivel de crispación social, muestran a las claras que el trabajo de hacer y construir la Paz está a punto de comenzar. PLAN 3-R PARA LA PAZ Trabajo que en mi opinión debe basarse, siguiendo a Galtung, en las tres R: Reconstrucción, Reconciliación y Resolución.

La fase de Reconstrucción debe estar dirigida a afrontar los efectos de la violencia directa. La fase de reconciliación debe estar dirigida a la desaparición de la violencia cultural. La fase de resolución debe afrontar la violencia estructural, en otras palabras debe dar salida al conflicto subyacente. Indudablemente estas tres fases en el papel se dan perfectamente diferenciadas, pero la realidad es mucho más compleja y rica que la teoría y hace que todo aparezca mezclado y superpuesto; en otras palabras estas tres fases se dan simultáneamente y hay que abordar también simultáneamente la actuación en cada uno de los campos. Reconstrucción u opción preferencial por las víctimas Afrontar los efectos directos de la violencia supone en primer lugar afrontar la situación de quienes han sufrido de forma directa esa violencia, afrontar y dar respuesta a la situación de las víctimas.

Con la legitimidad que me da, a mí y a mi partido, ser los primeros que desde el ámbito político dijimos públicamente que las instituciones debían abordar esta cuestión, y realizamos una autocrítica subrayando que era incomprensible que desde las instituciones –empezando por las de ámbito estatal- se hubiese tenido olvidada esta cuestión, tengo que afirmar que es preciso hacer un esfuerzo importante de diálogo para sacar a las víctimas de la confrontación política partidista. Como ya adelanté en el debate parlamentario que se produjo hace un mes, Eusko Alkartasuna no va a entrar en polémicas sobre esta cuestión.

Estamos impulsando y trabajando en la ponencia creada al efecto en el Parlamento, tenemos dentro del partido un grupo de trabajo sobre esta cuestión, de la que forman parte un número significativo de víctimas (aquí quiero señalar que buen número de éstas forman parte de la asociación vasca de víctimas del terrorismo), y hemos optado porque el tiempo –superador y desmentidor de las polémicas artificiales- demuestre que estamos avanzando por el buen camino, sin sectarismos, sin afán manipulador, a la hora de dar respuesta a las víctimas del terrorismo, aunque algunas de ellas no puedan legalmente calificarse como tales porque aquellos que causaron esa violencia no hayan sido catalogados por el sistema judicial como terroristas. Junto con la justa reparación a las víctimas, aunque en un plano conceptual muy distinto, habrá que abordar también la cuestión de los presos.

Todos los procesos similares que se han producido a lo ancho y largo de este mundo, han dado también solución a esta cuestión. Sobre ello se ha dicho todo ya y la postura de mi partido es sobradamente conocida: Desde que surgió EA, hace ya casi trece años, hemos mostrado nuestra disconformidad y oposición a una política penitenciaria que, además de no ser coherente con la legislación correspondiente del estado español, ha demostrado su total ineficacia y ha generado un clima de crispación social que no contribuye en nada al proceso de normalización. No entra en ningún esquema lógico que hoy en día la política penitenciaria concreta, diaria, sea mucho más dura que hace un año.

Ante este panorama solo caben dos posibilidades cara al futuro: O, en breve plazo, cambia la política penitenciaria, o acabará cambiando el ministro y, con él, la política penitenciaria. Reconciliación y Revolución ética La fase de reconciliación debe abordar una tarea muy intangible, pero muy importante. Una tarea que en alguna otra ocasión, he denominado como una auténtica revolución ética frente a la perversión que la violencia genera en todos los ámbitos de la vida. Por efectuar un pequeño recorrido por estas perversiones que se han producido en las últimas décadas y que aún perviven de algún modo, podríamos hablar de las veces que se ha esgrimido la justificación de un asesinato por estar en guerra, mientras que no se admitía estar en guerra cuando el muerto era de la propia organización.

Las veces que se ha subrayado el principio de que el fin no justifica los medios cuando se trataba de una acción de ETA, mientras que si se trataba del GAL se argüía que era la única forma de defender la democracia y, por tanto, no solo estaba y está justificado, sino que ha sido loable y recompensable con ascensos al generalato. Se ha denunciado, y se denuncia ahora, la tortura en comisaría, y se ha visto normal la tortura a un secuestrado; y viceversa: se ha denunciado la tortura de un secuestrado y se ha escondido, y se sigue escondiendo ahora, cuando no se justifica, la tortura a un detenido por presunta relación con ETA.

Se han graduado las presencias y la contundencia de las condenas dependiendo de la situación, estatus social o profesión de la víctima: No ha sido lo mismo si la víctima era un político, un ertzaina, un guardia civil o policía nacional, o -no digamos nada- si la víctima era un pobre ciudadano al que ETA le ha colgado el cartel de relación con la droga. O, por acabar este recorrido, la máxima perversión que se puede dar en un católico/a cuando llega a afirmar que nunca podrá rezar por los asesinos de ETA. Ante este panorama, hoy –cuando debemos abordar esta fase de reconciliación-, es más necesario que nunca proclamar y difundir principios éticos básicos en defensa del derecho a la vida, de la inviolable dignidad de la persona humana, de que el fin nunca justifica los medios, de que en materia de Derechos Humanos nunca caben excepciones. Resolución y nuevo consenso no excluyente La tercera fase, la de resolución, debe abordar la resolución del conflicto subyacente. Desde el punto de vista político-mediático es la más llamativa: es la que permite entrar de forma estable en una nueva etapa política a través de un nuevo consenso político.

Consenso que debe asentarse sobre el reconocimiento y respeto a la pluralidad de nuestra sociedad, y sobre el compromiso con los principios democráticos. A la vez debe partir de una verdad de perogrullo, aunque en la práctica no suele ser tan evidente: en el ámbito político institucional no hay nada inamovible, no hay dogmas; en otras palabras ni la constitución ni el Estatuto de Gernika son eternos. Con frecuencia se suele argüir que el máximo consenso esta alrededor del Estatuto de Gernika, y lo que fue verdad hace veinte años hoy es un argumento trampa ya que el “Pacto Estatutario” de 1979, ha devenido hoy en “Fraude Estatutario”.

El hecho de que cerca de cuarenta competencias estén hoy todavía sin transferir, y -lo que es tan importante o más- que muchas de las competencias transferidas se hayan recortado por la vía de hecho, a través de una maraña interminable de Leyes Orgánicas Básicas, nos llevan a la contrastada conclusión de que el Estatuto que hoy se está aplicando es el que perdió el referéndum de octubre del 79, no el que fue aprobado por la ciudadanía vasca. Muchos de los que entonces dimos nuestro apoyo, ya no nos sentimos identificados con la realidad que se está aplicando. Aunque esta razón ya sería suficiente para ver la necesidad de conseguir un nuevo consenso o, si se quiere, restaurar el anterior; creo que es más importante –si realmente queremos abordar el conflicto subyacente- empeñarse en conseguir un nuevo consenso político que no deje a nadie fuera: ni a los que hace veinte años quedaron al margen; ni a ninguno de los que entonces formaron parte del consenso. ¿Por donde puede ir este consenso? : por el camino del reconocimiento del otro, de su derecho a ser lo que quiera ser, por la renuncia a imponer nuestro propio paradigma.

El reconocimiento del principio de que los vascos somos quienes decidimos –llámese derecho de autodeterminación, vía de los derechos históricos, soberanismo o cualquier otra formulación- es la base que ha de permitir alcanzar un nuevo consenso político que dé respuesta, en clave democrática y de estricto respeto a la pluralidad, a problemas como la territorialidad. Se argüirá que éste es un planteamiento nacionalista, pero no es verdad; es un planteamiento democrático que supera la actual imposición de un planteamiento de ámbito nacional español, sin imponer el planteamiento del ámbito nacional vasco, y permitiendo un nuevo marco que respete a ambos.

Para que esto sea posible es necesario un diálogo abierto entre todas las fuerzas políticas que tienen acreditada su representación en las urnas. Un diálogo abierto sin límites ni condiciones previas. Un diálogo que debe afrontar un nuevo reto ineludible: que denominaremos, y describiremos siguiendo al profesor y jurista Javier Caño –Decano de la facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, y persona de notable prestigio en el ámbito intelectual y científico-, como “Superación del Autonomismo. SUPERACION DEL AUTONOMISMO Llevamos todo el siglo XX instalados en la dialéctica autonomismo práctico-independentismo teórico. A las puertas de siglo XXI, debemos preguntarnos si ésta es la estrategia adecuada, o si por el contrario ha llegado el momento de avanzar con profundidad en el reconocimiento de nuestros derechos, y entre ellos, en el de autodeterminación.

Entre las razones o circunstancias favorables que pueden aconsejar un avance, se encuentran: la actual coyuntura de reforma constitucional, el agotamiento de la vía estatutaria y un contexto social favorable. a) El movimiento de Reforma constitucional Desde diferentes ámbitos, hace ya tiempo que se viene planteando la necesidad de reformas constitucionales, y efectuando balances críticos del Estado Autonómico, al comparar las expectativas y los resultados. La implantación del actual modelo de Estado persiguió una triple finalidad: democratización de las estructuras políticas, encaje de los hechos nacionales y funcionamiento eficaz de la Administración. Salvo la democratización del Estado o la consolidación democrática, el resto de objetivos son cuestiones pendientes, especialmente el encaje de los hechos nacionales.

En relación con esta cuestión, se previó un modelo flexible y abierto que pudiera dar respuesta a las necesidades diferentes de las nacionalidades y regiones. En la práctica, en cambio, se ha caminado hacia la nivelación uniformadora de nacionalidades y regiones, y a la progresiva estatalización del sistema mediante revisiones doctrinales, legislación abusiva de bases, interpretaciones unitarias del Tribunal Constitucional y sequías transferenciales. Los resultados no han satisfecho a nadie, ni en áreas autonómicas ni estatales, aunque por diferentes razones. Mientras unos consideran insatisfechas su expectativas, otros denuncian la inexistencia de un modelo final de Estado, la necesidad de un punto final que acabe con la provisionalidad de un proceso permanentemente abierto, con el impreciso federalismo, con la instrumentación de las autonomías y la voracidad siempre insatisfecha de las nacionalidades.

Como resultado final de este balance, se apuntan, entre otras soluciones: La reforma del Senado. La participación de las autonomías en el Tribunal Constitucional y en el Consejo de Estado. La participación de las Comunidades Autónomas en la Unión Europea. El definitivo encaje de los hechos diferenciales que permitan tratamientos específicos a situaciones diferenciadas. Avance hacia un modelo federal de Estado, integrado por tres niveles: Estado miembros, Estado Central y Estado Global. A pesar de todo lo anterior, la única iniciativa de Reforma oficial de la Constitución se refiere únicamente al Senado, excluyendo expresamente cualquier reforma del título VIII de la Constitución. Aunque la reforma puntual del Senado nos parece absolutamente insuficiente, tiene en cambio, la virtud de demostrar que la Constitución no es intocable. Nos parece insuficiente, tanto en cuanto a contenidos como a finalidades, pero sobre todo porque, a diferencia de los que está ocurriendo en Italia, son incapaces de acometer una reforma federal y proceder al reconocimiento definitivo de los hechos nacionales.

En tanto esto último no ocurra, la Reforma del Senado sólo servirá para el reforzamiento del Estado Central Unitario. Pero junto a estas críticas, abordar una reforma constitucional pequeña o grande, significa admitir que la Constitución es reformable. Se ha dicho que la característica de las Constituciones, especialmente de la Americana e Inglesa, es su irreformabilidad. Pues bien, incluso esas, aunque se haya mantenido aparentemente su texto, han sido objeto de una y mil reformas. Bien de forma indirecta -pactos, convenciones, mutaciones-, como de forma directa a través de modificaciones, adiciones, enmiendas, etc. b) Agotamiento de la vía estatutaria Cada vez se va extendiendo más la idea de que la Autonomía ya no da más de sí. Las Regiones o Comunidad Ordinarias ya han cerrado más o menos satisfactoriamente su sistema, en tanto que en las Nacionalidades la cuestión sigue abierta y pendiente.

En nuestro caso, además, creemos que las cautelas de 1.978, en relación con el aparcamiento de determinadas reivindicaciones históricas, que por prudencia no se plantearon en aquel momento, hoy ya no tienen sentido. Por otra parte, es evidente que ni siquiera los niveles de autogobierno pactados entonces, han sido respetados. Poco a poco se ha ido formando un modelo de Estado cerrado estatalista, uniformador, sin especiales concesiones a las nacionalidades y dirigido más a consolidar la integración y unidad estatal, que a las aspiraciones de autogobierno de las nacionalidades. En definitiva, las expectativas generadas por el consenso constitucional histórico no se corresponden con el desarrollo constitucional posterior. Así: El diferencialismo inicial, se ha sustituido por la generalización uniformadora, entre Nacionalidades, Regiones. El respeto a la delimitación de competencias, ha sido desbordado por la legislación estatal. La calificación de competencias exclusivas ha experimentado una reducción a la baja. Las transferencias pendientes siguen siendo objeto de bloqueo. El desarrollo estatutario queda supeditado a intereses políticos y negociaciones, como moneda de cambio para la obtención de apoyos gubernamentales puntuales.

Olvido de los hechos nacionales. c) Contexto social favorable. De un tiempo a esta parte la concienciación social, política e institucional crecientes, en cuanto a la superación del actual marco autonómico y el avance hacia la realización práctica del derecho de autodeterminación es un dato evidente, cuyas principales manifestaciones son: La aparición de numerosas plataformas en la Sociedad Civil con propuestas y estrategias sobre autodeterminación pacífica. (Elkarri, Bakea Orain, Grupos de Maroño, Autodeterminazioaren Biltzarra, etc.). Acuerdos políticos de la Mesa de Ajuria Enea, situando los niveles de autogobierno y su forma política en la decisión mayoritaria de la ciudadanía vasca legítimamente expresada. Declaraciones institucionales del Parlamento Vasco, la última de 20-3-1.997, en torno a la libre determinación y respeto a la voluntad mayoritaria de los vascos. Posicionamientos recientes del Sindicalismo Vasco, y de otros sectores de lo que se ha dado en denominar sociedad civil. La firma del acuerdo de Lizarra-Garazi y su posterior proceso de socialización. AUTOGOBIERNO Y PACIFICACIÓN Eusko Alkartasuna ha defendido tradicionalmente la tesis de que la profundización en el autogobierno, constituye uno de los elementos esenciales para la pacificación del País. En principio este argumento se utilizó dentro del ámbito estatutario para justificar el desarrollo competencial y las potencialidades estatutarias, demostrando a los escépticos la utilidad de la vía autonómica.

En estos momentos, es necesario dar un paso más. Ante un cierto agotamiento de la vía estatutaria, el nacionalismo democrático entiende que la solución del conflicto político entre Euskal Herria y el Estado, y la pacificación como objetivo prioritario, pasa por el acatamiento por parte de todos, de la voluntad mayoritaria de los vascos, expresada en forma democrática y pacífica, y por las soluciones negociadas. La entrada en una nueva etapa política no es en ningún caso, para Eusko Alkartasuna, ningún precio a pagar para conseguir la Paz. Quienes desde ámbitos gubernamentales del Gabinete Aznar, y desde los ámbitos socialistas que van al rebufo del discurso popular más reaccionario, insisten en plantear así la cuestión, cometen un grave error: ponen a ETA como elemento central del debate político, legitimándole como interlocutor político, y situándose ellos mismos –populares y socialistas- al margen de las reglas democráticas. En nuestra opinión, la clave está precisamente en poner como elemento central del debate político a la voluntad popular, libre y democráticamente expresada, legitimando como interlocutores a los representantes democráticamente elegidos por la ciudadanía. Esta es la cuestión que ha de centrar un debate político sano y constructivo en el futuro inmediato, si de verdad queremos superar el pasado y lograr un consenso integrador cara al futuro. Tenemos la oportunidad de conseguir entre todos que prime la palabra, la razón –que son elementos privativos de la persona humana-, sobre la fuerza que es el elemento característico del mundo animal a la hora de dilucidar sus diferencias. TRABAJAR, CON OPTIMISMO Y CONSTANCIA, POR LA PAZ Volviendo al principio, y recordando a Gandhi, hay que afirmar que no hay camino hacia la paz, la paz es el camino. Que consecuentes con este principio hay que caminar; la peor actitud es dejar que la violencia siga su curso, esperando sin más al final para poner en marcha iniciativas que recompongan la quiebra social. Tenemos que buscar sinergias sociales para desarrollar, a la vez y cuanto antes, esas tres fases del Plan 3-R para la Paz a las que antes me refería. No sirve ir por partes. Empezar solo por la resolución es mirar hacia atrás; si empezamos solo por la reconstrucción seremos como las hormigas de un hormiguero, que intentan reparar los daños que un niño inquieto sigue provocando, pero que son incapaces de percibir que su tan alocada como esforzada labor no servirá de nada si no desaparece la causa de esos destrozos; si solo nos implicamos en la reconciliación no estaremos haciendo nada para superar la contradicción subyacente.

Pero esta labor requiere colaboración, esfuerzo común, abandonar estrategias frentistas, abrir ámbitos de reflexión, gritar menos y escuchar más. Uno a veces tiende a pensar que esto es imposible, que es incompatible con la política; y es que la violencia vuelve pesimista a la gente; sin embargo no pierdo la esperanza y me gustaría que ustedes tampoco la perdiesen. Compensa ser optimista, siempre que se tenga fe y esperanza en un futuro mejor, así como constancia y determinación a la hora de acabar la labor comenzada.

Por Rafa Larreina

Nací en Vitoria-Gasteiz en 1956. Estudié Económicas en la Universidad del País Vasco, PLGP2007 del IESE y, he sido Diputado de AMAIUR en el Congreso durante la X legislatura (2011-2015), y de 1990 a 2009 Parlamentario Vasco, siempre dentro de Eusko Alkartasuna. También he sido vicepresidente segundo del Parlamento Vasco en la VIII Legislatura. En cuanto a mis intereses, las asociaciones a las que pertenezco creo que los reflejan bastante bien: Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, internet&euskadi, Club de montaña Gasteiz, Greenpeace y la Asociación Cultural Hegoalde de fomento del euskara. Pero sobre todo, soy un ciudadano más, con voz propia en este blog y dispuesto a hablar de cualquier tema contigo.

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