Consideramos que la Renta Básica es un derecho individual, si bien debe ligarse a estados de necesidad. Así, creemos que deben ser beneficiarias aquellas personas que, teniendo en cuenta las rentas y patrimonio de la unidad convivencial a la que pertenecen, carecen de recursos económicos suficientes para poder hacer frente a las necesidades básicas y a las derivadas de un proceso de inserción social y laboral.

La cuantía de la Renta Básica que proponemos es la necesaria para garantizar unos ingresos del 100% del SMI mensual, que cobrados en 12 meses suponen el 85% del SMI anual. Esta cuantía se incrementará en función de los componentes de la unidad convivencial utilizando la escala EUROSTAT, con el límite de 16 años. Quienes perciben la Renta Básica desarrollarán un convenio de inserción con la administración, en el que las partes intervinientes establecen, de mutuo acuerdo, las actuaciones específicas de carácter social necesarias para conseguir su inserción personal, social y laboral.