El debate parlamentario que durante esta semana ha invadido todos los medios de comunicación y ha suscitado un revuelo tremendo en la opinión publicada o ´tertuliada´ en Madrid, nos ha traído una nueva definición de Terrorismo. Según el nuevo gobierno Aznar exigir el cumplimiento de una ley orgánica, cumplirla, es un nuevo desafío terrorista de las Instituciones Vascas. Esta nueva definición, inconcebible en un espacio democrático como la Unión Europea, es la conclusión lógica del discurso de Aznar y Mayor Oreja, que ya hace tiempo decidieron que todo aquel que no dijere o pensase lo que ellos decían, sería acusado de estar con los verdugos en vez de apoyar a las víctimas.

Ante cualquier argumento o idea que no les gusta, y que son incapaces de rebatir, intentan descalificarlo mezclándolo con la violencia, con el terrorismo. En el último Pleno, ante un Informe, coherente e incontestable sobre la realidad del autogobierno, el único argumento para rechazarlo ha sido decir, tanto por el PP como por el PSOE, en frase de Mayor Oreja, que sus conclusiones era ´aprobadas por los verdugos´; y se decía, seguramente, con la esperanza de que los altavoces mediáticos que controlan lo extendieran, ocultando con la propaganda la realidad de que Batasuna no votó con nosotros a favor del Dictamen.

Se ha dicho también desde el Gobierno Aznar que celebrar el pleno el día doce de julio era profanar la memoria de Miguel Angel Blanco, pues coincidía con el aniversario de las fechas de su secuestro y cruel asesinato; pero no se ha dicho lo mismo cuando se celebra el Pleno denominado del estado de la nación en el Congreso de los Diputados, los días 15 y 16, que coincidían con el aniversario de los asesinatos de Salomé Alonso Varela y Alberto López Jaureguizar, volviendo a establecer diferentes categorías de víctimas. Desgraciadamente es difícil encontrar un día en que no haya sido asesinado nadie, cuando contamos con mas de mil víctimas de la violencia terrorista en cualquiera de sus expresiones.

Aceptar la propuesta de quienes piden que se suspendan las actividades institucionales sólo en algunos aniversarios es un agravio gratuito e injusto a la mayoría de las víctimas; suspender esas actividades en todos los aniversarios supone dar a quienes desprecian las instituciones, la posibilidad de condicionar su funcionamiento democrático. En mi opinión, que una institución de representación popular, sea el Parlamento Vasco sea el Congreso de los Diputados, se reúna y trabaje en una fecha que coincida con el aniversario de un asesinato, lejos de profanar la memoria de las víctimas puede suponer el mejor homenaje: hacer prevalecer la razón sobre la barbarie, la política democrática sobre la sinrazón de la violencia.