El portavoz de Eusko Alkartasuna en el Parlamento Vasco ha salido al paso de las declaraciones del Ministro de Justicia José María Michavilla, señalando que “en un estado de derecho democrático, el derecho al voto y su emisión en Pleno por parte de las 75 personas electas que forma el Parlamento Vasco no se puede ni anular, ni coaccionar. Y un Ministro demócrata, de un Gobierno español que quiera ser demócrata, lo que no puede hacer nunca es anular decisiones democráticas tomadas por parlamentarios y parlamentarias electas que gozan de su plenitud de derechos, simplemente porque no le gustan o no se someten a sus dictados políticos”.
Para Rafael Larreina, “al Ministro de Justicia, y al Gobierno Aznar, hay que recordarles que la democracia no son ellos, que la democracia es incompatible con el pensamiento único, que la democracia se sustenta en la separación de poderes, y que en democracia no vale todo, como pasaba en la llamada democracia orgánica que se inventó el régimen franquista”. “Las decisiones democráticas –ha continuado el portavoz parlamentario de EA- son aquellas que están basadas en la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas, y esta en el País Vasco está plasmada en los 75 escaños que componen el Parlamento Vasco” Para el portavoz abertzale “un demócrata, aunque sea Ministro de Justicia del Gobierno Aznar, nunca puede obviar esta realidad democrática: la sociedad vasca democráticamente decidió la representación de cada fuerza política, cual es la mayoría legitimada democráticamente en el País Vasco y volvió a enviar al Partido Popular a la oposición”. Finalmente Larreina “advirtió al Gobierno Aznar que no caiga en la tentación totalitaria de cambiar por medios espurios y antidemocráticos los resultados de las elecciones en el País Vasco para conseguir lo que no consiguieron en las urnas: tener como en España un Parlamento a su medida y a la oposición cautiva. Que tengan muy claro Aznar y su Gobierno que esto no lo podrán conseguir nunca, porque la sociedad vasca democráticamente no se lo va a permitir”. Vitoria-Gasteiz, 3 de septiembre de 2003