Con la aprobación de la propuesta de nuevo marco político se ha consolidado la nueva etapa política que se abrió en las elecciones de mayo del 2001, y se ha iniciado la etapa definitiva del camino que debe llevar a poner fin al proceso de transición de la dictadura a la democracia que el estado español abordó en 1977. Hace casi cuatro años, después de un amplio y explícito debate en campaña electoral, la sociedad vasca se pronunció con claridad a favor del reconocimiento del derecho de autodeterminación y de la necesidad de dotarse de un nuevo marco político.

El Gobierno vasco surgido de las urnas, con una legitimidad democrática sustentada por un porcentaje de apoyo ciudadano mayor que el que tenía el gobierno de mayoría absoluta de Aznar y que el que tiene el actual de Rodríguez Zapatero, llevó a la práctica su compromiso electoral, cumplió la palabra dada a los electores, e inició un amplio proceso de diálogo y debate político que culminó con la presentación, en sede parlamentaria, del nuevo proyecto de marco político para la Comunidad Autónoma Vasca. Durante todo este proceso ha coexistido la línea coherente de los partidos que apoyamos al gobierno con los bandazos e incoherencias de quienes estaban en la oposición. El partido socialista que inició el proceso diciendo que no había nada que cambiar, que con el estatuto de Gernika bastaba, ha terminado por presentar un proyecto de nuevo marco, de nuevo Estatuto, eso sí: fuera de sede parlamentaria, siguiendo la estela del mundo de Batasuna cuando éste despreciaba las vías institucionales.

Al partido popular, coherente en su rechazo a cualquier cambio, se le ha llenado la boca hablando del Estatuto de Gernika, el mismo Estatuto que ellos rechazaron en 1979, que lo modificaron por la puerta falsa, sin atenerse a lo previsto en la propia Ley y que lo han incumplido permanentemente mientras han tenido responsabilidades de gobierno en el Estado; en su propia argumentación esta la prueba de la desfiguración del Estatuto de Gernika: quienes lo rechazaron en el 79 son los únicos que lo apoyan ahora porque el Estatuto que tenemos no es el que se aprobó, es el de quienes como Alianza Popular lo rechazaron entonces porque les parecía excesivo.

El mundo de Batasuna a la vez que recupera el añejo discurso de que estos veinticinco años no han servido de nada y que todo lo hecho nada vale, asienta su campo base en el actual entramado institucional admitiendo en la práctica que es la única forma segura de seguir avanzando por caminos de construcción nacional, y manteniendo el añejo discurso votando tres a favor y tres en contra de la nueva etapa soberanista. Con la votación del día 30 se pone fin a esta etapa y se abre un nuevo horizonte, una nueva esperanza de solución del principal problema que arrastra nuestro País: la normalización política y la pacificación.

La propuesta aprobada contiene los dos conceptos básicos que dan solución al problema político de fondo -territorialidad y soberanía- en clave democrática, con un compromiso activo con la defensa de la pluralidad y la igualdad de oportunidades para todos los proyectos políticos, y con el respeto a la voluntad de la ciudadanía de todos y cada uno de los territorios que componen nuestro País. Y junto con estos dos conceptos básicos también contiene un principio básico para avanzar en la solución y que para la concepción republicana de Eusko Alkartasuna es fundamental: la igualdad de deberes y derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas sin ningún tipo de discriminación tal como establece el artículo 4.1 del texto aprobado.

Ante este nuevo escenario cabe enrocarse en el estéril debate sobre la legitimidad de los tres votos de Batasuna, sobre todo por parte de quienes ahora la cuestionan y no han tenido empacho en sumar no tres votos sino los seis o siete de Batasuna cuando se trataba de evitar que el Gobierno Vasco legisle, gobierne o apruebe sus presupuestos para dar respuesta a los problemas diarios de la ciudadanía. O, por el contrario, cabe ver qué hacemos todos para que la esperanza cierta que se ha abierto se haga realidad. Y se puede hablar de esperanza cierta porque hay rayos de luz que se abren en el horizonte: por un lado la posibilidad de un marco político estable porque contiene el reconocimiento de que la sociedad vasca es la que va a decidir siempre de forma democrática y pacífica, el compromiso con la defensa y respeto de la pluralidad ideológica y de identidades nacionales existente en nuestro País.

Por otro lado la apuesta del mundo de Batasuna por vías exclusivamente políticas y democráticas para resolver los conflictos, que si bien es responsabilidad de ese mundo hacerla creíble, también es responsabilidad del resto no impedirles que puedan demostrarla en la practica haciendo política institucional normalizada. Y finalmente la posibilidad de poner fin a la transición inacabada en el estado español que requiere una profunda y desapasionada reflexión –no por difícil menos necesaria- que partiendo del hecho innegable de que durante mas de veinticinco años las fuerzas políticas que alcanzan cerca del 90 por ciento de la representación en el Congreso de los Diputados han sido y son minorías que no superan el 40 por ciento en los Parlamentos Vasco y Catalán, asuma la realidad de un estado plurinacional con diversos sentimientos de identidad nacional que tienen el derecho y el deber de convivir en un espacio europeo sin fronteras.

Este proceso exige generosidad y compromiso por parte de todos para hacer desaparecer el principio del derecho a la venganza y sustituirlo por el compromiso con el reconocimiento, la reparación y el derecho a la verdad de todas las víctimas; compromiso que dé respuesta y ponga fin a casi cien años de sufrimientos, violencias e injusticias que siguen presentes en las memorias familiares de nuestra atribulada sociedad vasca. Somos muchos los que no nos conformamos con la esperanza y por eso estamos dispuestos a trabajar para hacerla realidad, renunciando al no por el no y apostando por el diálogo abierto en favor de un nuevo escenario que solo puede tener por límite la voluntad de la ciudadanía expresada de forma democrática y pacífica porque como se dijo el 11 de enero de 1996 en la propia mesa de Ajuria Enea –en la misma idea se basaba el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Canadá sobre el caso de Québec-, recogiendo una de las aportaciones de Carlos Garaikoetxea, “en un proceso democrático, la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca, legítimamente expresada, debe encontrar su aplicación en el ordenamiento jurídico vigente en cada momento”. Dejemos que la ciudadanía vasca se pronuncie, ¡No pongamos puertas al campo!

Por Rafa Larreina

Nací en Vitoria-Gasteiz en 1956. Estudié Económicas en la Universidad del País Vasco, PLGP2007 del IESE y, he sido Diputado de AMAIUR en el Congreso durante la X legislatura (2011-2015), y de 1990 a 2009 Parlamentario Vasco, siempre dentro de Eusko Alkartasuna. También he sido vicepresidente segundo del Parlamento Vasco en la VIII Legislatura. En cuanto a mis intereses, las asociaciones a las que pertenezco creo que los reflejan bastante bien: Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, internet&euskadi, Club de montaña Gasteiz, Greenpeace y la Asociación Cultural Hegoalde de fomento del euskara. Pero sobre todo, soy un ciudadano más, con voz propia en este blog y dispuesto a hablar de cualquier tema contigo.

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