Fruto de una transición inacabada de la dictadura a la democracia es la polémica surgida recientemente a raíz de un discurso militar que esgrimía –una vez más- amenazante el artículo 8º de la Constitución del estado español. Mientras permanezca dicho artículo en sus actuales términos no se puede hablar de estado plenamente democrático ya que en la raíz de la polémica, y del artículo esgrimido, se esconde la ilegitimidad democrática del texto que aparece en el texto del artículo 8º.

Y se puede afirmar con total seguridad que ese artículo es ilegítimo desde un punto de vista democrático tanto por su origen como por su contenido material y conceptual. Y es ilegítimo por su origen, tanto porque recoge, prácticamente con las mismas palabras el artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado de la dictadura franquista, como por el procedimiento utilizado para su introducción en el texto constitucional. Como señala Miguel Herrero de Miñón en sus “Memorias de estío” (pág. 144) al actual texto del artículo 8º se oponían totalmente en la ponencia constitucional tanto socialistas como comunistas y nacionalistas. Finalmente se aceptó después de agitar unos documentos, con el membrete del Vicepresidente para asuntos de Defensa y el tampón de “secreto”, que recogían las “observaciones” que la Junta de jefes de Estado Mayor habían mandado al Gobierno de Adolfo Suarez.

Pero la ilegitimidad democrática no está sólo en su origen sino que, como señalaba al comienzo, también radica en su contenido material y conceptual. Hoy como en el año 1936, en 1958, en 1967 o en 1978, nos encontramos ante unos ciudadanos que, por el hecho de llevar un uniforme, pretenden sustituir al “demos”, al pueblo soberano, a la hora de decidir su futuro. La materialidad del artículo atenta contra la soberanía popular y esconde tras de sí una concepción profundamente antidemocrática basada en el presupuesto de que la ciudadanía no es lo suficientemente madura y necesita por tanto la vigilancia, protección y corrección por parte de los únicos que saben realmente lo que el pueblo quiere y necesita, aunque ese mismo Pueblo no sea consciente: el ejército.

Quienes tenemos un compromiso activo en defensa de los derechos humanos y la democracia seguiremos trabajando para que desaparezcan textos como el actual del artículo 8º que, además de ir contra el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece el derecho individual a tener una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad, atenta contra la radical igualdad y dignidad de todo el género humano y contra el derecho que tenemos las personas que integramos los Pueblos a decidir libre y democráticamente nuestro futuro.