Recojo aquí el artículo que me pidieron desde Gesto por la Paz para publicarlo en el número 65 de la revista “Bake hitzak” que acaba de aparecer y que plantea reflexiones de diferentes políticos alrededor de la pregunta: ¿Tiene precio político la paz?

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Desde que hace treinta años se iniciara el todavía hoy inacabado proceso de transición de la dictadura a la democracia, la llamada cuestión vasca ha estado en el centro del debate político en el Estado español. El texto constitucional del año 1979 supuso un avance muy importante en el ámbito de reconocimiento y defensa de los derechos individuales pero no supo recoger ni integrar de forma armónica la cuestión de los derechos colectivos, que están en la base de la realidad innegable de un Estado plurinacional como el español. Treinta años después, el conflicto político continúa y da la sensación de que todo el sistema institucional se tambalea cada vez que en Euskal Herria y últimamente también en Catalunya y Galiza se plantea el reconocimiento jurídico-político de su realidad nacional.

La llamada cuestión vasca, que no es otra que el reconocimiento efectivo del derecho de la sociedad vasca a decidir su propio futuro, no es un problema que surja en el año 2004 con la aprobación del nuevo Estatuto, ni en el año 1979, ni en 1936, ni en el 1933, ni con el discurso de Larrazabal de Sabino Arana a finales del siglo XIX. El reconocimiento del derecho a decidir de la sociedad vasca ha sido objeto de debate y controversia desde hace ya muchos siglos: cuando se cuestionaba desde España que hubiese un consulado de Bilbao en Brujas y el monarca español de turno sentenciaba que “la mi nación vasca tiene derecho a tener su propio consulado”; o cuando las famosas polémicas suscitadas por el Padre Mariana levantaban encendidos escritos de defensa de las libertades vascas; pasando por el libro ‘Defensa histórica de las Provincias Bascongadas y Navarra’ que publicara Novia Salcedo alrededor de 1825, hasta llegar al debate en Cortes Generales entre Benigno Mateo Moraza y Cánovas del Castillo con ocasión de la abolición foral y que versó sobre los mismos conceptos que también estuvieron presentes en los discursos de los Lehendakaris Agirre y Garaikoetxea o en el debate de febrero de 2005 en el Congreso de los Diputados entre el Lehendakari Ibarretxe, Rajoy y el Presidente Rodríguez Zapatero.

A lo largo de estos últimos doscientos años este debate político de fondo se ha visto impedido, enturbiado y acompañado en demasiadas ocasiones por la violencia, la tragedia, la guerra, el terrorismo. Tanto en las guerras carlistas como en la guerra de 1936, pasando por los oscuros años del franquismo y la aparición y actuación de ETA que llega hasta nuestros días, ha estado presente, junto con otras cuestiones, la afirmación y la negación de ese derecho a decidir. Y siempre la pervivencia de la violencia en sus diferentes manifestaciones ha pervertido el debate político impidiendo su desarrollo democrático e imposibilitando espacios de diálogo, acuerdo y consenso. Simultáneamente, la pervivencia de la violencia implica una degradación ética del conjunto de una sociedad en la que, si no se reacciona de forma proactiva impulsando una cultura de la paz, se corre el riesgo de un progresivo cambio cultural en el que la violencia, la coacción vayan adquiriendo carta de naturaleza para el logro de cualquier objetivo individual o colectivo.

Ni la existencia del conflicto político justifica el ejercicio de la violencia, ni la violencia justifica la negación del conflicto político ni la negativa al diálogo y a la búsqueda de acuerdos entre los representantes de la ciudadanía legitimados democráticamente a través de las urnas. Por eso mismo es especialmente urgente que desde los ámbitos políticos democráticos se asuma la responsabilidad de afrontar la solución del conflicto político, dejando sin espacios a los estrategas de la violencia, y sin dejar que éstos marquen nuestra agenda política, social, cultural y ciudadana, superando al mismo tiempo la trampa dialéctica, la “questio disputata” que dirían los clásicos, del precio político.

Para una sociedad civilizada, democrática, que no haya perdido el elemental sentido de humanidad, la Paz no tiene precio: no hay nada que pueda compensar su pérdida y el máximo esfuerzo, sacrificio y responsabilidad siempre serán poco a la hora de conseguirla. Por esta razón, la cuestión de si debe o no debe existir un precio político a la Paz en Euskal Herria, se utiliza con demasiada frecuencia como disculpa para mantener el “statu quo” y no abordar la resolución del conflicto político. Desde la perspectiva de Eusko Alkartasuna siempre hemos defendido que no debe existir precio en ningún sentido: ni la violencia debe ser una razón para conseguir logros políticos, ni debe ser una excusa para no abordar la resolución del problema político de fondo.

En los últimos años, desde los previos del Acuerdo de Lizarra hasta la reciente ruptura de la tregua, se ha planteado la “vía irlandesa” como hoja de ruta para avanzar hacia la normalización política y la pacificación en nuestro País. Hoy en día, tendríamos que impulsar la “vía escocesa”: prescindir de quienes estén instalados en la estrategia de la violencia y tomar la iniciativa las fuerzas políticas para marcar la agenda política de una negociación a fondo, sin exclusiones ni condiciones previas, que culmine en un acuerdo político que dé respuesta al problema político de fondo: reconocimiento del derecho a decidir de la sociedad vasca, de su pluralidad de identidades nacionales y su igualdad de derechos, y de su realidad territorial.

Si las fuerzas políticas asumimos nuestra responsabilidad de liderar este proceso político por vías exclusivamente democráticas, sin ninguna duda dejaremos sin espacio político ni social a los estrategas de la violencia, daremos respuesta en clave de consenso democrático a un conflicto que de una forma u otra lleva doscientos años encima de la mesa, y culminaremos un proceso de transición de la dictadura a la democracia con el reconocimiento de una realidad plurinacional y la apertura de vías de solución transitables también para otras naciones como Catalunya y Galiza.

Por Rafa Larreina

Nací en Vitoria-Gasteiz en 1956. Estudié Económicas en la Universidad del País Vasco, PLGP2007 del IESE y, he sido Diputado de AMAIUR en el Congreso durante la X legislatura (2011-2015), y de 1990 a 2009 Parlamentario Vasco, siempre dentro de Eusko Alkartasuna. También he sido vicepresidente segundo del Parlamento Vasco en la VIII Legislatura. En cuanto a mis intereses, las asociaciones a las que pertenezco creo que los reflejan bastante bien: Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, internet&euskadi, Club de montaña Gasteiz, Greenpeace y la Asociación Cultural Hegoalde de fomento del euskara. Pero sobre todo, soy un ciudadano más, con voz propia en este blog y dispuesto a hablar de cualquier tema contigo.

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