A raíz de la intervención del Gobierno que ha impulsado el cambio en los órganos de dirección de Bankia, y el anuncio de que el Gobierno planea inyectar dinero público en dicha entidad, desde AMAIUR hemos pedido la comparecencia urgente del Ministro Luis de Guindos y del Gobernador del Banco de España Miguel Fernández  Ordoñez ante la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados.

Con esta petición requerimos al Ministro que informe sobre la situación de cada entidad financiera implicada y/o afectada por la crisis, los ámbitos de responsabilidad –personales y/o corporativos- en cada una de las entidades, así como las necesidades de actuación que se contemplan por parte del Gobierno en estos momentos.

A través de algunos medios de comunicación se han anunciado ayudas económicas para hacer frente a la situación de Bankia, pero desde AMAIUR pensamos que, antes de decidir si se van a inyectar fondos públicos en dicha entidad, hay que tener una visión global de la situación de cada una de las cajas y entidades financieras afectadas por la crisis con el fin de saber cual es el montante total preciso para hacer frente al conjunto del sistema financiero del estado español. Es, precisamente, a partir de ese dato cuando hay que valorar si es más justo y rentable socialmente dedicar esas ingentes cantidades de dinero a la ayuda de quienes fomentando la especulación se sitúan en el origen de la crisis o, por el contrario, hay que dedicarlas a la regeneración de la economía productiva y el reforzamiento del estado de bienestar.

También hemos solicitado la comparecencia del Gobernador del Banco de España, como  supervisor del sistema bancario del estado español, ya que tiene como responsabilidad directa según su propio estatuto jurídico, promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero, supervisar la solvencia y el cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito, otras entidades y mercados financieros cuya supervisión se le ha atribuido, y asesorar al Gobierno.

En dicha solicitud de comparecencia le requerimos para que informe  sobre la situación de cada entidad financiera implicada y/ o  afectada por la crisis, los ámbitos de responsabilidad personales o corporativos, así como de las medidas que han sido adoptadas hasta la fecha por el Banco de España para evitar llegar a la actual situación o para remediar las consecuencias de las decisiones no tomadas en su momento.

Dado el trámite de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el presente año 2012, en que nos encontramos, es urgente contar con dicha información pues todo apunta a que no hay consignación presupuestaria suficiente para afrontar dichos gastos a no ser que se piense derivar fondos a este fin desde el “recorte sobrevenido” de partidas de gasto social.

Estos nuevos datos nos reafirman tanto en los argumentos que aportamos respaldando nuestra enmienda a la totalidad de los presupuestos, como en la necesidad de exigir responsabilidades políticas, administrativas y penales a los responsables  por acción u omisión de los desastres financieros ocurridos en Cajas de Ahorro y entidades financieras –como son el caso de Bankia o de la desaparición de la CAN en el caso de Nafarroa-, o de estar más convencidos que nunca que sólo ejerciendo el derecho a decidir nuestro propio futuro y contando con los instrumentos de soberanía propios de un estado podremos garantizar la existencia de entidades financieras de carácter y control social que estén al servicio de la ciudadanía de Euskal Herria, de la economía productiva, de la economía social, del bienestar social, de la defensa del medio ambiente; unas entidades que respondan,  en definitiva, a la necesidad de transformar el actual modelo socioeconómico.

Una vez más constatamos la necesidad de que Euskal Herria ejerza su plena soberanía, tenga en sus manos todos los instrumentos de autogobierno necesarios para dar respuesta eficaz  en clave social a los problemas y necesidades  de la ciudadanía vasca, y, también,  para impulsar un nuevo modelo socioeconómico que nos permita construir una sociedad justa, basada en la sostenibilidad de la vida a través de la igualdad de derechos sociales y, en general, de todos los derechos de mujeres y hombres, en el reparto del trabajo, del poder y la riqueza en armonía con la madre tierra, impulsando un desarrollo equilibrado.