Las decisiones de Bruselas sobre el estado español suponen persistir en el error de una serie de medidas equivocadas.

La propia Comisión afirma que se han cumplido los ajustes estructurales exigidos en el año 2012 y sin embargo la situación económica ha empeorado. Esto supone un reconocimiento del fracaso de las políticas impulsadas y debería suponer una rectificación y cambio de las políticas a implementar en la Unión Europea. Sin embargo, Bruselas vuelve a insistir en una serie de actuaciones que están generando más recesión económica, más paro, y más empobrecimiento de la mayoría de la población. El único dato aparentemente positivo, que es la ampliación en dos años del plazo para cumplir el objetivo del Déficit inferior al 3%, supone la confirmación de una mala noticia: la Comisión Europea centra sus objetivos en las reformas estructurales, en vez de los objetivos de déficit. En definitiva opta por el cambio de modelo social, por el desmantelamiento del modelo de Estado de bienestar europeo, en favor de un modelo neoliberal que da la espalda a la mayoría de la población europea.

La Comisión Europea insiste en seguir avanzando en una reforma laboral que recorta derechos a los trabajadores y trabajadoras, impulsa un sistema tributario que centra sus esfuerzos en los impuestos indirectos, impone una reforma estructural eléctrica que no avanza en el impulso de las energías renovables y que solo pretende fomentar el beneficio y la especulación de compañías eléctricas y financieras situadas detrás de éstas y también impulsa una reforma de las pensiones que pone en cuestión el sistema público de protección social y que afecta a las personas con menos ingresos.

Todas esas medidas suponen ir hacia un modelo social que no podemos compartir por ser profundamente injusto. Hablamos de un modelo neoliberal.

También nos preocupa el «para qué» va a utilizar el Gobierno el «margen» sobrevenido en el déficit público.

Todo ello nos reafirma en la necesidad de contar en Euskal Herria con los instrumentos soberanos para poder realizar nuestra propia política social, laboral, de pensiones, de modelo energético, de fomento del empleo y de la economía productiva.

Es necesario también ampliar al máximo nuestra propia soberanía fiscal, incluyendo la normativa del IVA y del resto de impuestos no concertados.