Esta semana hemos presentado y debatido en el Congreso de los Diputados, la enmienda de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2014, en la que pedimos su devolución al Gobierno por cuatro razones:

  • Porque la insuficiencia de ingresos y su ausencia de compromiso en la lucha contra el fraude fiscal convierte a los presupuestos en un instrumento inútil para luchar contra la crisis y reducir la desigualdad y las tasas de pobreza.

  • Porque las políticas de gasto insuficiente perpetúan el desmantelamiento del estado de bienestar, llevan la precariedad a los servicios públicos y alimentan la atonía del mercado interior dando la espalda a las necesidades de familias, autónomos, pymes y economía social.

  • Estos presupuestos son un fiel reflejo del fracaso de las reformas estructurales neoliberales que perpetúan la crisis, el recorte de derechos laborales, de las pensiones, no impulsan la creación de puestos de trabajo de calidad.

  • Estos presupuestos no dan respuesta a la realidad social, económica, cultural y política de Euskal Herria como sociedad diferenciada, e incrementa los costes sociales, económicos y políticos que, a través del cupo, nos repercuten a la ciudadanía vasca en mayor medida aún que a la ciudadanía del resto del Estado.

Por estas razones, que implican que las cuentas públicas del Estado español van a seguir remando a favor de la crisis, recortando el estado de bienestar, confraternizando con el fraude fiscal, castigando a los sectores más débiles de la sociedad -como son los pensionistas, parados, autónomos, economía social y pymes-, y dando la espalda a la realidad política, social y económica de Euskal Herria, pedimos la devolución al Gobierno de los Presupuestos Generales del Estado para 2014 a la vez que nos reafirmamos en la necesidad de contar con un marco soberano en materia económica, financiera, fiscal, social, laboral y cultural para Euskal Herria.

A continuación, si queréis, podéis leer el texto íntegro de la enmienda de totalidad.

Los Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Gobierno para el presente año 2014, y que se están tramitando en ésta Cámara, siguen una línea continuista con los dos proyectos presentados con anterioridad por este Gobierno y, como los anteriores, responden a un diagnóstico erróneo de las características propias que la crisis sistémica internacional adopta en el Estado Español y no dan solución, ni a la grave crisis económica, ni a la crisis social, ni a la crisis política e institucional, sino que, con carácter general, va a profundizar y agravar todos éstos problemas. Además, desde nuestra perspectiva, estos presupuestos no solo son ajenos a nuestro País, sino que están hechos de espaldas a la realidad política, económica y social de Euskal Herria.

Son unos presupuestos que dan un nuevo impulso a la disolución del Estado de Bienestar con la pérdida del poder adquisitivo de la pensiones y con recortes en aspectos claves, especialmente en tiempos de crisis, como son el 36% de recorte en la inversión en servicios sociales o casi el 35% en la sanidad pública, el 39% en la protección familiar o casi la mitad en el caso de los sistemas de dependencia.

Siguen incrementando el endeudamiento que, sin ser consecuencia de la gestión de las instituciones de los territorios vascos, lo pagaremos especialmente la ciudadanía de Euskal Herria, un 63% más que el resto de las gentes del estado.

Siguen impulsando la precariedad laboral y el recorte de derechos de trabajadores y trabajadoras.

Siguen recortando los fondos destinados a la protección de empleo, que estos presupuestos son un 7% inferiores a lo ejecutado en este año 2013

En el capítulo de ingresos, siguen sin dar respuesta al problema estructural español del fraude fiscal.

Siguen sin dar pasos efectivos para abordar la competitividad, basada no en el recorte laboral, sino en la potenciación del valor añadido con inversiones en I+D+i

En definitiva son unos Presupuestos que van a seguir remando a favor de la crisis, recortando el estado de bienestar, confraternizando con el fraude fiscal y castigando a los sectores más débiles de la sociedad como son pensionistas, parados, autónomos, economía social y pymes.

DE LA MACROECONOMÍA A LA MICROECONOMÍA

El Gobierno parte de un planteamiento macroeconómico voluntarista que sigue la tendencia optimista de los dos años anteriores en los que siempre en el año siguiente iban a mejorar todos los indicadores económicos. La realidad que auguran diversos organismos internacionales rebaja sensiblemente dicho optimismo. Si descendemos a los detalles el panorama es más desesperanzador. Continua creciendo el endeudamiento y, aunque la caída de los intereses genere coyunturalmente más disponibilidad económica en estos presupuestos, la espada de Damocles que supone que supere el 96 % del PIB está pendiente sobre el conjunto del Estado y, sobre todo, sobre la ciudadanía de Euskal Herria que a través del cupo carga con un coste superior en más de un 60% al que soportan las gentes del resto del Estado; coste de un endeudamiento fruto de la nefasta gestión de los gobiernos central y autónomos que ha dirigido tanto el PP como el PSOE, y al que no han contribuido las instituciones propias de los territorios de Euskal Herria.

Por otro lado sigue deteriorándose la calidad del empleo y no se crean nuevos puestos de trabajo. La caída del paro que se anuncia se basa en contratos temporales, y en contratos a tiempo parcial.

Con un crecimiento económico casi inexistente, reducción de salarios, desorbitadas tasas de paro permanentes, endeudamiento camino del 100% del PIB, reducción del poder adquisitivo de las pensiones, subida de los impuestos indirectos y de las gentes sometidas a nómina que pagan puntualmente el panorama apunta a una persistente atonía del consumo interno que hace imposible un crecimiento económico generador de empleo económica y socialmente sostenible.

INSUFICIENCIA DE INGRESOS, COMPROMISO CON EL FRAUDE FISCAL E INCREMENTO DE LA DESIGUALDAD

En el capítulo de ingresos, estos presupuestos generales siguen sin dar respuesta al problema estructural del fraude fiscal en el estado español. Con los últimos datos del informe comunitario anual sobre tendencias fiscales en la UE, en el que el Estado Español ocupa el lugar número 21 a la hora de fijar el porcentaje sobre el PIB que supone la recaudación de las Administraciones Públicas. El total de ingresos públicos representó el 31,4% del PIB, lo que suponen 8,1 puntos menos que la media de la Eurozona. Y esta situación no es fruto de la actual coyuntura de recesión económica, sino que responde a un problema estructural pues desde el año 1995 tan solo en tres ocasiones la recaudación del Estado ha superado la barrera del 35%. Si analizamos donde se producen estas insuficiencias crónicas del capítulo de ingresos vemos que fundamentalmente es en los impuestos indirectos –en el año 2011 de los 27 estados de la Unión Europea, el Estado Español ocupaba el puesto número 27 en el porcentaje sobre el PIB que suponía la recaudación por este concepto-, impuestos especiales e impuesto de sociedades –puesto número 22-; tan solo en el IRPF –el impuesto de quienes están vinculados a una nómina- el Estado español ocupa una posición más normalizada situándose en el puesto número 12 de la U-27.

Estos datos resultan especialmente llamativos –sería más exacto calificarlos de escandalosos- si vemos la evolución de los beneficios de las grandes empresas, como es el caso de las incluidas en el IBEX35, que en el primer semestre de este año han incrementado sus beneficios un 9% con respecto al mismo periodo del año anterior, o la evolución de las SICAV que en el presente año se han incrementado en más de un centenar, que en el pasado año tuvieron beneficios superiores al 8% y en la primera mitad de este año la rentabilidad media se acercaba al 4%.

A la luz de estos datos cobra especial relevancia el último informe de Caritas que señala que en el Estado hay ya tres millones de personas en situación de “pobreza severa” (según la terminología de Cáritas), esto es que viven con menos de 307 euros al mes. Los pobres representan el 6,4% de la población, una tasa que casi duplica la de 2007 (3,5%), según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida recogidos en su informe del Observatorio de la Realidad Social 2012.

En esta misma línea, el último informe sobre la riqueza mundial que publica anualmente el banco suizo Credit Suisse, señala que mientras el número de millonarios en el Estado Español aumentó un 13% entre mediados de 2012 y la primera mitad de 2013, llegando hasta las 402.000 personas, la tasa de pobreza ha pasado del 19,7% de los hogares españoles en 2007 al 21,1 en 2012.

La política económica y social de este Gobierno, que se viene concretando en estos presupuestos generales y en los dos anteriores, están generando una acumulación de riqueza en unas cada vez más reducidas élites que se mueven en los entornos de la economía especulativa y sus sistemas de apropiación de rentas ajenas, a la vez que se produce un incremento, constante y progresivo, de la desigualdad que -como alerta Caritas- trae consigo “una segunda oleada de empobrecimiento y exclusión social” agudizada por “las políticas de ajustes y sus recortes, la prolongación de las situaciones de desempleo y el agotamiento de las ayudas económicas”.

La ausencia de un compromiso explícito por parte de este Gobierno en la lucha contra esta insolidaria lacra, que se plasme en el establecimiento de una senda de reducción del fraude fiscal con plazos y compromisos concretos hace estos presupuestos ineficaces a la hora de abordar los retos urgentes e imprescindibles de abordar con urgencia, como son afrontar la reducción de las tasas de paro y de pobreza, garantizar la protección social y reforzar el estado de bienestar.

POLITICAS DE GASTO INSUFICIENTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL ESTADO DE BIENESTAR

En los últimos años, el debate impulsado por planteamientos ultra-liberales y neocapitalistas y que ha sido asumido por el Gobierno, ha puesto en la picota al Gasto Público como causa de todos los males, con el fin de justificar el progresivo desmantelamiento del Estado de Bienestar. Sin embargo las cifras, los datos objetivos, no sólo desmienten dicha tesis neoliberal, sino que ratifican nuestra denuncia de que el problema fundamental de las instituciones estatales no es el gasto público, sino el ingreso.

En el último informe de Eurostat sobre la distribución del Gasto Público por funciones en el seno de la UE27, el Estado español se sitúa por debajo de la media europea. Mientras que en el conjunto de la UE27 el gasto público equivale al 49,1% del PIB, en el Estado español sólo alcanza el 45.2%. Si analizamos las diferentes funciones de gasto vemos que en el capítulo fundamental –sobre todo en época de crisis económica- de los fondos destinados a Protección Social y Sanidad, en el Estado español supone el 51,6% del total del gasto público frente al 54,8% de la UE27; y en términos de porcentaje del PIB en el conjunto de la Unión Europea supone el 26,9% del PIB, mientras que en el Estado español sólo alcanza el 23,2%.

A la vista de estos datos, y después de los importantes recortes de los dos últimos Presupuestos, el mantenimiento de las partidas genéricas o los leves incrementos de algunos conceptos en las funciones de Protección Social no garantizan el Estado de Bienestar.

Las transferencias corrientes o gasto disponible para las políticas públicas disminuyen un 4,7%; el 36% de recorte en la inversión en servicios sociales o casi el 35% en la inversión referida a la sanidad pública, el 39% de reducción en la inversión en protección familiar o la reducción casi la mitad en el caso de la inversión en los sistemas de dependencia, suponen en la práctica un deterioro de la prestación del servicio en el corto y medio plazo, y el progresivo desmantelamiento de dichos servicios públicos.

En paralelo, mientras se anuncia que las cifras de paro no van a mejorar sensiblemente se siguen recortando los fondos destinados a la protección de empleo que, en los presupuestos para 2014, son inferiores en un 7% a lo realmente ejecutado en este año 2013.

El necesario mantenimiento y reforzamiento del Estado de Bienestar solo será posible si se abordan políticas de ingreso eficientes y se establece una senda de reducción del fraude fiscal con plazos y compromisos concretos.

FRACASO DE LAS LLAMADAS REFORMAS ESTRUCTURALES NEOLIBERALES

La acción del Gobierno se ha centrado en el impulso de reformas llamadas estructurales -como son la reforma laboral, la reforma financiera y medidas fiscales, reforma del sistema de pensiones- que, lejos de dar respuesta a los problemas estructurales económico-sociales del Estado español, están debilitando a marchas forzadas su carácter de estado social de derecho, no abordan la raíz del problema y no están contribuyendo a paliar las consecuencias sociales de la crisis económica.

En repetidas ocasiones hemos planteado en los debates con el Gobierno que su reforma laboral supone un recorte de derechos y el aumento de la indefensión de las personas que tienen un puesto de trabajo cada vez más precario; que supone una pérdida de poder adquisitivo y de capacidad de gasto para amplios sectores de la población; esta reforma laboral que no ha generado empleo sino que, al contrario, ha propiciado que la Gran Patronal aplique con cobertura legal el despido impune, generando más desempleo y crispación social fruto de la desprotección para sectores cada vez más amplios de la población. La mayoría de las previsiones coinciden en señalar que van a continuar las altas tasas de desempleo, señalándose incluso que el 25% de la población activa estará en paro en el año 2018.

A pesar de las repetidas argumentaciones del Gobierno, las rebajas salariales -tanto en términos reales desde el año 2010, como en términos nominales desde el 2012- no sólo no han creado empleo sino que han desactivado el consumo interno. El ajuste de una disminución del 7% en los salarios del estado español no se ha traducido ni en aumento del empleo ni, en la mayoría de los casos, en competitividad real. Un informe del Banco Central Europeo acusa a las grandes empresas españolas de subir los precios y bajar los salarios, trasladando todo el ajuste a los salarios, a los más débiles; al final el aumento de beneficios de estas empresas –participadas mayoritariamente por fondos de inversiones y de pensiones extranjeros- a través del reparto de dividendos no han reforzado al economía del estado sino que han alimentado la economía especulativa internacional.

La reforma financiera está promoviendo el fortalecimiento de un oligopolio financiero y el desmantelamiento de entidades financieras de carácter social y control público, que eso es la privatización que han hecho del sistema financiero de origen social. No se han tomado medidas -ni están previstas en este proyecto de presupuestos- que impidan la especulación de las entidades financieras con los fondos y préstamos conseguidos del Banco Central Europeo y de la propia administración pública española. El crédito sigue sin fluir a las familias, a las pymes, autónomos y economía social; la banca ha reducido en un 9,22% su concesión de crédito, mientras ha aumentado un 15,4% su captación de depósitos. Después de las reformas del gobierno, del rescate europeo y los 108.361 millones de ayudas públicas, el sistema financiero español no está contribuyendo al desarrollo económico y social. No fluye el crédito a empresas y familias, pero los grandes bancos han ganado cuota de mercado a cuenta del desmantelamiento de las Cajas, y casi han duplicado sus beneficios este año pasando de 3.174 millones (primer semestre 2012) a 5.310 millones (primer semestre 2013), según la AEB.

Y en cuanto a las medidas fiscales, como ya hemos señalado en el apartado anterior no han contribuido a atajar la brecha existente con la mayoría de los estados de la Unión europea.

Finalmente la reforma del sistema de pensiones que está impulsando en la actualidad el gobierno, y que en este proyecto de presupuestos ya se concreta en una pedida significativa de su poder adquisitivo, va a acentuar aún más la brecha existente con otros estados de la Unión Europea. el régimen de pensiones existentes en el Estado español (gasto global en relación al PIB) es uno de los más bajos existentes en la UE-27, situándose en más de un 20% por debajo del promedio allí existente. El objetivo, por lo tanto, no debiera ser recortar las pensiones, sino implementar cuantos medios sean necesarios para elevarlas. Un 50% de las pensiones de jubilación se hallan por debajo de los 700 euros/mes y unos cinco millones de personas malviven con ingresos inferiores al umbral oficial de pobreza. La situación se agrava aún más en el caso de las mujeres por cuanto éstas, por término medio, vienen percibiendo unas pensiones que vienen a ser inferiores en un 40% a las de los hombres. Hablar de pensiones de viudedad equivale, sin más, a hablar de pensiones de pobreza, cuando no de extrema pobreza.

En definitiva la reforma impulsada por el Gobierno va a profundizar en el incremento de la desigualdad y la pobreza, va a contribuir a la atonía del consumo interno y a la perpetuación de la crisis.

Tras el fracaso económico y social de estas reformas estructurales nos encontramos con que las políticas de austeridad mantienen a la economía del estado español en el círculo perverso de la recesión que impide el estímulo de la actividad económica y la reducción de las tasas de paro. Y las cifras de este proyecto de presupuestos no auguran ningún cambio sustancial. El incremento en un 5,6% del gasto no financiero de los ministerios, es decir gastos de personal y gasto corriente, y la disminución en un 4,7% de las transferencias corrientes son muy significativas a este respecto. Por otro lado tampoco hay medidas reales de estímulo del crecimiento lo que implica que con una reducida inversión productiva es difícil lograr creación de empleo. El recorte continuado en la inversión pública que ha disminuido en un 15% desde el 2010 y que no se incrementa en el año 2014 confirma estos malos augurios. Por otro lado la no apuesta presupuestaria decidida por la potenciación de la I+D+i supone de facto la renuncia del Gobierno al futuro.

Desde esta perspectiva este proyecto de presupuestos para el año 2014 sigue perpetuándose en el error de las reformas y políticas estructurales de carácter neoliberal que no están contribuyendo al reforzamiento de la economía productiva, ni a la competitividad económica, ni a la sostenibilidad social de la economía del Estado español.

SOBERANÍA ECONÓMICA, FISCAL, FINANCIERA Y SOCIAL PARA EUSKAL HERRIA

El análisis del contenido y la filosofía que impulsa estos Presupuestos, no hace sino constatar la existencia de Euskal Herria como sociedad diferenciada que no sólo no se identifica con el modelo socioeconómico que impulsan estas cuentas públicas, sino que no encuentra ni acomodo ni solución a sus problemas, dentro del actual marco jurídico político.

Como hemos señalado en anteriores ocasiones, este Gobierno del Partido Popular está imponiendo en Euskal Herria todo un conjunto de reformas estructurales y recortes amparándose en su mayoría absoluta en los marcos institucionales estatales, a pesar de que su representación electoral en el conjunto de nuestro pueblo (Comunidad Autónoma Vasca –CAV- y Foral de Navarra) es claramente minoritaria (23%) y que su política económica y social está siendo rechazada cada vez por mayores sectores de la población y por las propios Parlamentos y Juntas Generales.

El mantenimiento de este marco político tiene un coste concreto para la CAV y Nafarroa. Los presupuestos del 2014 recogen las cantidades de 569 millones de euros para el cupo de Nafarroa y de 1527 millones en el cupo de la CAV. Con dichos fondos se financian competencias no asumidas como son los gastos de la Monarquía, las fuerzas de seguridad del Estado, el ejército, las grandes infraestructuras inútiles y, como no, al pago de la deuda. Deuda que no tiene su origen en nuestro País y que sin embargo, cada persona de Euskal Herria va a soportar un coste de 1041 euros de los intereses de dicha deuda, frente a los 767 euros que soportará cada persona del resto del estado. El incremento de la deuda pública previsto para los próximos años fruto de la publificación de la deuda privada de los bancos, va a suponer también el incremento del pago que la ciudadanía de Euskal Herria ha de hacer a las arcas estatales. Unos pagos que vacían nuestras arcas públicas y nos niegan la posibilidad de poner en marcha un nuevo modelo social y económico en Euskal Herria.

Un año más, volvemos a constatar que el presente proyecto de cuentas públicas para 2014 no contempla compromiso explícito alguno, ni siquiera en su más mínima expresión, a fin de contribuir positivamente a la nueva etapa abierta en Euskal Herria de cara a la resolución del conflicto político.

Se hace aún más necesario que nunca la exigencia para Euskal Herria de un marco soberano en materia económica, financiera, fiscal, social y laboral, a fin de poder implementar desde nuestra propia realidad, sin imposición ni limitación alguna por parte de los poderes estatales, cuantas medidas sean precisas para construir un futuro para nuestro pueblo asentado en pilares de justicia y solidaridad, en el reparto del trabajo y la riqueza, en el fomento de los servicios y prestaciones públicas, en la apuesta por la economía real y productiva. Un desarrollo hermanado y respetuoso para con la naturaleza e impulsor de una igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres.

Queremos, desde Euskal Herria, apostar por la industria y economía verde y de alto valor tecnológico; impulsar la economía de los cuidados y los servicios sociales y públicos; fomentar firmemente la economía social; desarrollar decididamente la I+D+I; asentar la agricultura y la ganadería sobre bases de soberanía alimentaria,.. Y todas estas apuestas hacia un nuevo modelo económico y social necesitan de soberanía política y económica, así como poder contar con los recursos que ahora, vía cupo, se nos usurpan para pagar los intereses de una deuda injusta e ilegítima.

Por todas estas razones que suponen que estas cuentas públicas del estado español van a seguir remando a favor de la crisis, recortando el estado de bienestar, confraternizando con el fraude fiscal y castigando a los sectores más débiles de la sociedad como son pensionistas, parados, autónomos, economía social y pymes, mediante un planteamiento que no responde a la realidad política, social y económica de Euskal Herria, los Diputados y Diputadas de AMAIUR presentamos esta enmienda a la totalidad y pedimos la devolución al Gobierno de este Proyecto de Ley de Presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2014.

Por Rafa Larreina

Nací en Vitoria-Gasteiz en 1956. Estudié Económicas en la Universidad del País Vasco, PLGP2007 del IESE y, he sido Diputado de AMAIUR en el Congreso durante la X legislatura (2011-2015), y de 1990 a 2009 Parlamentario Vasco, siempre dentro de Eusko Alkartasuna. También he sido vicepresidente segundo del Parlamento Vasco en la VIII Legislatura. En cuanto a mis intereses, las asociaciones a las que pertenezco creo que los reflejan bastante bien: Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, internet&euskadi, Club de montaña Gasteiz, Greenpeace y la Asociación Cultural Hegoalde de fomento del euskara. Pero sobre todo, soy un ciudadano más, con voz propia en este blog y dispuesto a hablar de cualquier tema contigo.

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