Los constitucionalistas españoles, sobre todo los pseudo-constitucionalistas -aquellos que se llenan la boca con la Constitución mientras con sus políticas diarias la niega de continuo- llevan ya varias semanas planteando la necesidad -más bien amenaza- de aplicar el artículo 155 de la Constitución y anular el actual Estatus político-institucional de Catalunya.

Desde los constitucionalistas vascos -los que queremos tener una Constitución propia para Euskal Herria como cualquier otro País democrático- pensamos que si esos políticos españoles tuviesen la inteligencia política necesaria para resolver los problemas políticos democráticamente, en vez de generar más conflicto y aplicar medidas más propias de dictaduras, estarían propugnando la aplicación del artículo 150.2 de su Constitución transfiriendo o delegando -al menos en el caso vasco y catalán- lo previsto en el artículo 149.1.32º referido a la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.

Habrá quien me diga que eso es imposible, pues la mentalidad que hay en clase política española, que tiene como referencia a la Villa y Corte de Madrid, no concibe el Estado ni como plurinacional ni como un ente de libre adhesión, sino que más bien como conciben a España como prisión. Y no le falta razón pues esa es una concepción del Estado que aflora a finales del siglo XIX, se manifiesta con severa represión en la dictadura de Primo de Rivera -ayer hizo 94 años-, y utilizando términos informáticos se reinicia con nuevas prestaciones represivas durante la dictadura y régimen franquista.

Pero yo, que no renuncio a mi irredento optimismo, pienso que ya se está abriendo en muchos sectores sociales españoles una mentalidad crítica que se rebela ante quienes envueltos en su bandera y su constitución le recortan, cuando no le niegan en el día a día, derechos constitucionales básicos como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la sanidad, a un régimen público de seguridad social que le garantice prestaciones suficientes. Mentalidades críticas que van comprendiendo que sus problemas vitales no son el derecho de vascos y catalanes a decidir su futuro; que van teniendo claro que un estado no se puede imponer, si quiere ser democrático y gozar de cohesión social, sino que tiene que ser de libre adhesión; que les gustaría imitar el modelo del referéndum de Quebec o Escocia y la actitud de Canadá y Gran Bretaña, con sus campañas amables –“no os vayáis que os queremos”-, muy lejos de las actitudes de los políticos españoles que amenazan con todo tipo de males y venganzas a Catalanes y Vascos si toman la decisión de independizarse.

Tarde o temprano, también en el Estado español, se acabará abriendo camino la mentalidad democrática que reconozca el derecho de la ciudadanía a decidir su propio futuro, a unirse o a separarse pacífica y democráticamente, sin renunciar a la solidaridad y hermandad de los Pueblos, aplicando con inteligencia política el artículo 150.2 de su Constitución.